El Departamento de Justicia ya persigue al menos a 400 de ciudadanos naturalizados que presuntamente mintieron en sus trámites migratorios. La administración enfoca sus esfuerzos en detectar casos de fraude, como matrimonios falsos o antecedentes penales ocultos. Aunque expertos legales aseguran que quienes cumplieron la ley no deben temer, el gobierno intensifica estas investigaciones para anular la ciudadanía de quienes obtuvieron su estatus mediante engaños.

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