Activistas proinmigrantes llegan a un acuerdo con ICE que beneficia a indocumentados en centros de detención, y que les permite acceder a una línea caliente mediante teléfonos gratuitos, un servicio que resulta clave para que puedan comunicarse con familiares y asesores legales. El gobierno de Donald Trump les había prohibido el acceso, alegando que hacían mal uso.