Exiliados y defensores venezolanos de DDHH dudan sobre las garantías de la ley de Amnistía

Venezuela vive una etapa política de cambios ocurridos tras el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado, y uno de los rasgos se observa en la aprobación de una “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, impulsada por el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez para “conceder una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos (...), a los fines de promover la paz social y la convivencia democrática”.

Pero lo que la presidenta Rodríguez y su gobierno han defendido como un gesto de pacificación de un país marcado por una crisis política prolongada durante años, y por la dura represión contra miles de opositores, es c riticado por activistas de derechos humanos y por varios de los propios posibles beneficiarios, quienes desde el exilio no lo consideran suficiente para dar por sentado la prevalencia de un estado democrático donde sus libertades no estarán amenazadas.

“Es una ley embudo, que beneficiará a algunas personas, y muy bueno eso, pero será una cantidad mínima, porque serán precisamente las restricciones de la ley las que dejarán fuera a una enorme cantidad de personas”, asegura a N+ Univision la defensora de DDHH venezolana Ligia Bolívar, quien es socióloga e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y ha dedicado casi cinco décadas al activismo por los derechos humanos.

“Todos los que están fuera de Venezuela tendrán enormes dificultades” dice Bolívar. Explica que la ley contempla que quienes quieran someterse a la norma deben presentarse ante un tribunal, “pero no existe ninguna garantía previa de que si una persona tiene una causa abierta, y está fuera de Venezuela, al volver al país no se activará una alerta por algo pendiente con un tribunal o Interpol”.

“No existe ninguna garantía porque no está en la ley. Es normal imaginar que cualquiera en el exilio que tenga una causa abierta lo pensará mucho”, advirtió Bolívar.

Expedientes ‘fabricados’

Un ejemplo de esto es el consultor político e internacionalista venezolano Luis Peche Arteaga, quien huyó de Venezuela a Colombia en mayo de 2025 cuando supo que estaba “en una lista de captura de la inteligencia militar”.

“En mi caso, yo no tengo un expediente abierto en un tribunal como para ir a pedir una amnistía sobre mi caso. Lo que tengo es una orden de captura de un cuerpo de inteligencia, que había hecho una lista de personas para capturar”, afirmó Peche Arteaga a N+ Univision.

Añadió que posterior a esas eventuales detenciones, “la fiscalía monta [forja] los expedientes de forma completamente arbitraria”.

Otro caso es el de Rina Díaz Sánchez, abogada venezolana exiliada también en Colombia, y que cuenta una historia similar: “Salí del país por el riesgo real de una detención arbitraria por parte de organismos de seguridad del Estado”.

Ella formó parte del equipo de trabajo del exdiputado venezolano Juan Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional venezolana se proclamó como presidente interino venezolano en 2019, en una movida política respaldada por la primera administración de Donald Trump para socavar y derrocar el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales de 2018.

La abogada indica que tiene una “alerta de aprehensión por parte del servicio de inteligencia, prohibición de salida del país por parte del sistema de identificación nacional, y una investigación administrativa por la superintendencia de bancos por supuesto financiamiento al terrorismo”.

Estos relatos chocan con los ofrecimientos de la presidente Delcy Rodríguez, quien aseguró a mediados de febrero, poco después de aprobada la ley de Amnistía, que el país está de brazos " abiertos" para recibir a quienes " quieran regresar".

"Las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio", afirmó Rodríguez en un discurso televisado, reseñado por AFP.

Para Peche Arteaga, “ todavía faltan señales para ver que esto avance, no hay garantías de libertades políticas”. Y pone de ejemplos los casos de los dirigentes políticos opositores Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano, quienes sufrieron decisiones arbitrarias para recibir el beneficio de la amnistía. Guanipa incluso fue detenido en una segunda ocasión, a pocos días de una primera excarcelación.

“Si eso pasa con estos dirigentes, que están dentro del país, todavía hay muchas preguntas sobre el papel de los exiliados y de qué forma pueden volver a Venezuela sin que esto pueda implicar pasar por una cárcel”, manifestó Peche Arteaga.

Díaz Sánchez también duda de las palabras de la presidenta encargada venezolana: “No son creíbles, y aún cuando Delcy Rodríguez está bajo la tutela del gobierno de EEUU, ha sido por años una de las protagonistas de las torturas a prisioneros políticos, y ha sido parte de las decisiones económicas que han llevado al país a la ruina y a una emergencia humanitaria que provocó la migración de millones de venezolanos”.

Poco avance en las libertades

La ley de Amnistía entró en vigencia el 19 de febrero de 2026. Y al cumplirse su primer mes de aplicación distintas ONG cuestionaron el alcance real de la ley.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón calificó la amnistía como un " espejismo jurídico", señalando que la ley no funciona como un mecanismo de transición real hacia la justicia y reparación, sino como un "instrumento discrecional" para buscar legitimidad internacional.

El mes pasado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta Delcy Rodríguez—, afirmó que la amnistía en Venezuela no busca beneficiar a "magnicidas ni asesinos".

"La ley de amnistía no la aprobamos aquí para estar liberando magnicidas, ni asesinos, ni homicidas, ni traficantes de drogas, ni corruptos"

Pese a que engloba los 27 años del chavismo, la norma limita su acción a 13 eventos específicos y deja por fuera casos de supuestos golpes de Estado e intentos de magnicidio denunciados desde el gobierno.

En el país, según la ONG Foro Penal, hay 490 detenidos políticos hasta el último conteo del 30 de marzo de 2026. El mismo grupo calcula que desde 2014, un año después del inicio del gobierno de Nicolás Maduro, han ocurrido más de 19,000 detenciones arbitrarias por razones políticas en Venezuela, y aún existen más de 11,000 personas sujetas a restricciones de libertad.

Unos 700 presos políticos han sido excarcelados desde que Rodríguez reemplazó a Maduro.

Cientos de personas por liberar

Justicia, Encuentro y Perdón dice que cientos de personas deberían ser liberadas inmediatamente por haber excedido el límite legal de dos años de detención preventiva sin sentencia o por razones humanitarias.

La experta Bolívar subraya que la amnistía es “una ley irresponsable, con ninguna técnica jurídica”, que fue elaborada “en apenas unos días” y votada en el Parlamento incluso con “ una primera versión que no se conocía”.

Pone el foco en detalles no menores como por ejemplo los solicitantes de refugio o refugiados. “Cuando solicitas protección internacional renuncias a la protección de tu país, por lo tanto no puedes tener contacto consular sin riesgo de perder la protección. Un exiliado no puede acudir a un consulado a presentar un poder [para lograr una representación legal en su país] y mucho menos puede trasladarse a Venezuela”, dice Bolívar.

También recuerda que en muchos países no hay consulados venezolanos por el aislamiento diplomático del gobierno de Maduro.

“No logras conciliar a un país de esa manera”, apunta.

El deseo de retornar

Los exiliados consultados por N+ Univision expresaron su voluntad de volver a su país. “Por mi mente como exiliada si existe un deseo de regresar a Venezuela”, afirmó Díaz Sánchez.

“Apenas un año fuera del país y el apego es enorme aún. Sin embargo, no es factible, porque siguen en el poder quienes han cometido crímenes de lesa humanidad”, asegura la abogada venezolana.

Peche Arteaga, quien recibió seis disparos de bala en el año 2025 en un atentado en Colombia que no ha sido esclarecido, también dijo querer estar en su país. “ Obviamente tengo el deseo de volver, me encantaría volver lo más pronto posible”.

Pero las dudas persisten. “Creo que faltan más gestos alrededor de la amnistía, que no es suficiente porque además el chavismo siempre ha actuado de forma muy arbitraria”.

También recuerda Peche Arteaga los casi 8 millones de venezolanos que emigraron de su país en medio de la crisis política y humanitaria de la última década, mencionando que hay un “significado político” dentro del número de personas que deseen volver a Venezuela.

“Que se logre consolidar este retorno de los exiliados es una señal clara de una transición política en la cual el chavismo ha tenido que abrir, por la vía de la fuerza, las puertas del país”, explica Peche Arteaga.

“Y que estas personas puedan volver es el retorno de más personas que se oponen a este régimen”.