Gobierno presiona para acelerar deportaciones de menores no acompañados

La administración del presidente Donald Trump está impulsando “medidas” para acelerar la deportación de menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés) bajo cuidado del gobierno, en un nuevo paso encaminado a dejar de lado las protecciones del Acuerdo Judicial Flores de 1997.

Así lo reportó este martes la cadena de noticias CNN. Citando a funcionarios y abogados conocedores del plan, aseguró la existencia de “presiones” por parte de la Casa Blanca para que los menores sean procesados prontamente y expulsados de Estados Unidos.

Refiere que las autoridades migratorias busquen cuanto antes la celebración de audiencias en tribunales de inmigración para que los jueces decidan si el niño puede permanecer en el país o debe ser deportado.

Abogados y organizaciones que representan a menores no acompañados denunciaron que la aceleración de los procesos, en algunos casos semanas incluso meses, dificulta una defensa adecuada para defender los derechos de permanencia, sobre todo en niños indocumentados de apenas 3 o 4 años.

También advierten que, en muchos casos, los niños no cuentan con representación legal y acuden solos ante un juez, situación que los deja casi sin oportunidades de ganar sus casos y quedarse en el país.

Senadores ya lo habían advertido

El pasado 11 de febrero un grupo de 11 senadores demócratas denunciaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tenían la intención de “detener y expulsar a niños no acompañados” sin tener en cuenta sus protecciones constitucionales o legales, un plan que forma parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump.

En una carta dirigida a la entonces fiscal general, Pam Bondi, a la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, al entonces director interino de ICE, Tood Lyons, al director de la Corte de Inmigración, Daren K. Margolin, y al secretario del Departamento de Salud y Recursos Humanos, Rober Kennedy, los legisladores instaron al gobierno a “detener las medidas de cumplimiento (deportaciones) de la ley contra menores no acompañados y desarrollar políticas para protegerlos”.

Pero, de acuerdo con el reportaje de CNN, la petición hecha en febrero por los demócratas fue desestimada y el DHS siguió adelante con el plan de expulsiones.

“Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha perseguido sistemáticamente a los menores migrantes no acompañados para su deportación. El año pasado, el DHS llegó al extremo de intentar deportar a un grupo de menores no acompañados a Guatemala en plena noche, sin el más mínimo debido proceso”, dijeron los senadores en la misiva.

Y es que a finales de agosto del año pasado, el DHS intentó deportar a 10 niños de entre 10 y 16 años a Guatemala, a pesar de que los menores habían dicho a los jueces que ventilaron sus casos que tenían miedo de volver a su país, de acuerdo con una demanda. Cuando los menores se encontraban a bordo de un avión en el que iban a ser expulsados, una jueza federal impidió la deportación y exigió garantías para que permanezcan en centros de acogida hasta que se emita una decisión permanente.

Hasta ese momento, unos 2,000 niños, la mayoría originarios de Guatemala, se encontraban bajo cuidado del DHS en decenas de centros con procesos de inmigración pendientes.

Los números de Trump

En julio del año pasado el DHS dijo, en un comunicado de prensa, que la entonces secretaria Noem se encontraba liderando los esfuerzos para rescatar y detener la explotación de los 300,000 menores no acompañados que la Administración Biden “perdió o asignó a patrocinadores no verificados”.

Según el DHS, “a muchos de los niños que cruzaron la frontera sin compañía se les permitió ser asignados a patrocinadores que, en realidad, eran contrabandistas y tratantes sexuales”. Y que la administración había localizado a esa fecha “a 13,000 de estos niños”.

Sin embargo y a pesar de la gravedad de las acusaciones, el departamento no aportó evidencias que confirmaran los señalamientos sobre abusos y pérdida de control de los menores indocumentados.

Cabe señalar que durante la administración de Biden (del 20 de enero de 2021 al 20 de enero de 2025), la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) registró 315,949 detenciones de menores no acompañados (una cifra cercana a los 300,000 indicados por el DHS), mientras que durante la primera administración de Trump (2017-2021) la CBP registró 326,875 detenciones (3.45% más que los arrestos o hallazgos ocurridos durante el gobierno de Biden).

Los senadores advirtieron además que la administración “también ha detenido a un número cada vez mayor de menores no acompañados, ha enviado agentes a los hogares de los niños liberados, ha engañado a niños con pagos para que se autodeporten y ha multado a los menores con elevadas tarifas”.

“Las crueles acciones de la administración han puesto en grave peligro a los menores no acompañados y han exacerbado el miedo en un grupo ya de por sí vulnerable”, apuntaron.

Qué es el Acuerdo Judicial Flores

El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos.

La niña fue arrestada por agentes de la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.

La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia (DOJ), bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a "terceros” mayores de edad.

Tras conocerse el caso, el Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores, y otros menores como ella, fueran privados de libertad y que el gobierno abusara de su autoridad. Además, exigía que se respetaran sus derechos, teniendo en cuenta que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal.

La demanda cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de los menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos.

La querella también argumentó que el INS colocaba regularmente a personas menores de edad bajo arresto administrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podía tomar varios años.

El grupo de derechos civiles pidió a la corte otorgar a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza mientras se llevaban a cabo los procedimientos de deportación. El CHRCL, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal (Federal Register) de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), y que los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hubieran cometido delito alguno.

En 1997 y tras 12 años de litigios, incluida la Corte Suprema de Justicia, se alcanzó la resolución final que obligó al gobierno a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados.

Organizaciones proinmigrantes precisan que muchos de los menores no acompañados que se encuentran bajo protección del gobierno, no tienen familias en sus países de origen, sino en Estados Unidos. Y que no se atreven a reclamarlos por medo a ser detenidos, enjuiciados y deportados por su condición de indocumentados.