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Salud y Mujer

Acceso a anticonceptivos vs. libertad religiosa, de vuelta a la Corte Suprema

Este miércoles el máximo tribunal de Estados Unidos escuchará los argumentos del caso Zubik vs. Burwell.
23 Mar 2016 – 12:20 PM EDT

Organizaciones sin fines de lucro de afiliación religiosa objetan el requisito de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama que garantiza que las empleadas puedan acceder a anticonceptivos sin ningún costo, aunque sus empleadores hayan optado por no ofrecerles la cobertura. El gobierno ideó esta disposición para proteger a las empleadas de los colegios con orientación religiosa, organizaciones benéficas y grupos de defensa. Los argumentos del caso, conocido como Zubik vs. Burwell, serán escuchados este miércoles por la Corte Suprema de Estados Unidos.

En 2014, los jueces se dividieron 5-4, con Scalia en la mayoría, y permitieron a algunas empresas con objeciones religiosas negarse a pagar por los anticonceptivos para las mujeres. El caso involucraba a la cadena de tiendas Hobby Lobby y a otras compañías e aseguraron que sus derechos estaban siendo violados según el Religious Freedom Restoration Act de 1993.


Los grupos sin fines de lucro están invocando la misma ley al pedir que el gobierno encuentre una manera que no los implique a ellos o a sus aseguradoras si se desea proporcionar métodos anticonceptivos para mujeres cubiertas por sus planes de salud.


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La anticoncepción es uno de varios servicios preventivos que se deben ofrecer sin ningún costo extra bajo la ley de salud. Investigaciones demuestran que el alto costo de algunos métodos disuade a las mujeres de su uso. El dispositivo intrauterino conocido como DIU, un medio muy eficaz de control de natalidad, puede costar hasta 1,000 dólares. El gobierno además sostiene que decenas de miles de mujeres estarían en posición de desventaja de ocurrir un fallo a favor de los grupos que impusieron la demanda.

“¿Usará la corte la religión para discriminar?”

"Este caso presenta un argumento radical sobre el alcance de la libertad religiosa, que tiene graves implicaciones para la constitución y para las mujeres estadounidenses", dijo en un comunicado la directora legal adjunta de la American Civil Liberties Union (ACLU), Louise Melling.

"La pregunta es: ¿usará la corte la religión para discriminar? Nuestra Constitución de hecho protege el derecho a la libertad religiosa, pero también protege a los estadounidenses de tener creencias religiosas forzadas por ellos", aseguró Melling.

Según la ACLU, en este caso las instituciones están discutiendo si sus creencias religiosas les darán derecho a discriminar o negar servicios, algo que se enmarca en otras leyes por el estilo que están siendo discutidas actualmente en el país: “Solo en 2016 se han presentado más de 100 proyectos de ley que amenazan con permitir a los funcionarios públicos y empresas rechazar a personas por ser quienes son”, se lee en el texto.

Los jueces escucharán los argumentos en el sexto aniversario de la ley de salud asequible conocida como Obamacare. El caso de hoy es un compendio de siete casos de tribunales inferiores. Hasta la fecha, nueve cortes de circuito han abordado el argumento.


Entre los demandantes se encuentra el obispo David Zubik, titular de la Diócesis Católica de Pittsburgh; las Hermanitas de los Pobres, monjas que dirigen más de dos docenas de hogares para ancianos pobres; colegios evangélicos y católicos en Oklahoma, Pensilvania, Texas y Washington, DC, y del grupo de defensa antiaborto Sacerdotes por la Vida.

La Corte deberá considerar si los beneficios ofrecidos por el gobierno violan los derechos de libertad religiosa. Incluso si lo hace, la administración todavía podría mostrar que tiene un "interés convincente" en la provisión de métodos anticonceptivos y que su plan es la manera más razonable o "menos restrictiva" de ofrecer control de la natalidad a las mujeres cubiertas por sus planes de salud.

A nivel nacional, ocho cortes de apelaciones se han puesto del lado del gobierno y uno ha fallado a favor de los grupos. Un resultado 4-4 crearía problemas, pues significaría que distintas leyes estarían vigentes en las diferentes partes del país. La Corte Suprema acepta escuchar casos con el fin de establecer normas uniformes en todo el país.

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