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Referendos

Los líderes catalanes encabezan las primeras protestas contra las medidas antiindependentistas de Rajoy

Cientos de personas salieron a las calles de Barcelona a protestar pidiendo la libertad en la región, liderados por el presidente de la región, Carles Puigdemont, y miembros de su gabinete. Este sábado la manifestación también incluyó el golpe de cacerolas.
21 Oct 2017 – 11:39 AM EDT

Miles de personas manifiestan en el centro de Barcelona con gritos de "independencia" después de las medidas que anunció esta mañana el Gobierno de España para detener las aspiraciones secesionistas de la región de Cataluña. A la cabeza de la protesta se vio al presidente catalán, Carles Puigdemont.

Esta manifestación ya estaba convocada por la encarcelación por sospecha de sedición de dos de los líderes de las dos principales organizaciones independentistas catalanas. Pero el anuncio del Gobierno dio una razón más a los catalanes para salir a la calle.

"Libertad para Cataluña", se leía en las pancartas de los manifestantes.

Las salidas de metro colapsaron por la cantidad de gente que se concentraba en el céntrico Passeig de García de la capital catalana, según reporta el diario El País.


Puigdemont, que fue recibido al grito de "¡presidente, presidente!"; el vicepresidente, Oriol Junqueras; y consejero de la presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turrul, a quienes el EJecutivo pretende suspender sus funciones, encabezaron la manifestacion en la que también estaban otros políticos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La sociedad catalana está dividida casi por igual entre quienes quieren la independencia y quienes la rechazan, pero la intervención del gobierno español en la administración catalana podría disgustar a parte de los segundos, como escribió en Twitter la alcaldesa de la ciudad, quien participó en el referendo.

"Rajoy ha suspendido el autogobierno de Cataluña por el que tanta gente luchó. Un grave ataque a los derechos y libertades de todos, aquí y en todas partes", opinó.

El artículo desconocido

Después de una semana de elucubraciones sobre las medidas que tomaría el Gobierno de España para detener las aspiraciones independentistas de la región de Cataluña, el Ejecutivo anunció este sábado duras medidas, sin precedentes, que fueron recibidas con cacerolazos en Barcelona.

En una jornada histórica, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pidió al Senado el cese del presidente regional y asumir la capacidad de disolver el Parlamento catalán con el fin de convocar elecciones regionales en seis meses, para impedir una secesión unilateral y "recuperar la normalidad".

Rajoy activó por primera vez en la historia el artículo 155 de la Constitución, que permite al ejecutivo central tomar medidas para obligar a una región al "cumplimiento forzoso" de la legalidad. Pocos españoles habían escuchado antes hablar de esta norma que en los últimos días ha sido analizada de todas las maneras posibles.

El Ejecutivo central finalmente decidió aplicar las previsiones de la Constitución española después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, avisara el jueves pasado de que el Parlamento regional podría votar la independencia unilateralmente si no hay diálogo entre ambas partes, y después de un intercambio de cartas que acabó sin acercamiento de posiciones.

Las opiniones vuelven a estar divididas sobre si estas acciones servirán para reconducir la crisis que vive el país desde la celebración el pasado 1 de octubre de un referendo que fue prohibido por los tribunales españoles y que los independistas dan por válido.

Las medidas y las opciones

Las medidas no serán inmediatas, ahora el Senado deberá autorizarlas (en una sesión convocada para el próximo viernes) y tendrá la posibilidad de sugerir cambios al plan. Algunos analistas apuntan a que podrían suavizarlas, aunque se espera que pasen con el apoyo de la mayoría en votos que posee el partido de gobierno, el Popular (PP).


En esta fase, el presidente regional también podrá presentar sus argumentos, por lo que aún existe un margen para que ambos líderes alcancen un acuerdo y se evite la aplicación de la norma.

Algunos de los grupos con los que el gobierno regional tiene alianzas parlamentarias, como el anticapitalista CUP, están presionado para que se declare la independencia este lunes.

No obstante, si Puigdemont cumpliera su amenaza y diera el paso de proclamar la independencia unilateralmente como había indicado, la Fiscalía General del Estado "formularía una querella" por un delito de rebelión, que puede conllevar hasta 30 años de cárcel, según indicó a la agencia AFP una fuente de ese organismo.

El gobierno central ha defendido que "no se suspende la autonomía" –que era la medida más drástica– pero se han tomado otras que limitan la capacidad del gobierno local, lo cual para algunos partidos de la oposición y los partidarios de la independencia es una intevención inaceptable.

El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, estimó que "hoy el PP (y sus aliados) no han suspendido sólo la autonomía. Han suspendido la democracia".

Terreno deconocido y fractura social


Las medidas extraordinarias que ha tomado el Gobierno muestran, para algunos analistas, el fracaso del modelo autonómico por el que se ha regido España desde el fin de la dictadura con la Constitución del 1978, que regula sus relaciones con el gobierno central. Abre además un camino cuyas consecuencas son desconocidas puesto que se entra en un terreno no recorrido hasta ahora.

Mientras, crece el temor por la ruptura en la sociedad catalana entre los independentistas, los no independentistas y quienes quieren seguir en el conjunto de España pero no están de acuerdo en la manera como el Ejecutivo está gestionando la crisis. Y las divisiones también se sienten en el resto del país, donde también ha habido concentraciones a favor de la unidad y casos puntuales de manifestaciones de exterma derecha.

La incertidumbre en la región ha llevado a que más de un millar de empresas hayan trasladado su sede social a otros lugares de España, entre ellos varios bancos de larga tradición catalana. En protesta, los partidarios de la independencia hicieron fila en los cajeros para sacar dinero, algunos la cantidad exacta de 155 euros, en una referencia irónica al artículo de la Constitución.

La tensión ha trascendido a otros ámbitos como el fútbol. El popular FC Barcelona reiteró su apoyo a las instituciones de Cataluña y su presidente Josep Maria Bartomeu pidió calma ante el partido que se disputará este sábado por la noche en Barcelona: "Ahora más que nunca, hace falta serenidad. Cualquier reacción debe ser cívica y pacífica".

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