Ángel Leal, abogado constitucionalista, asegura que las empresas sí tienen la potestad para hacer este tipo de requerimientos a sus trabajadores, siempre y cuando “no lo hagan de forma discriminatoria”. El experto explica que los empleados que no deseen aplicarse la dosis contra el covid-19 pueden apelar a razones religiosas, contraindicaciones médicas u objeciones morales.
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