El proyecto de Donald Trump para construir un enorme salón de baile en la Casa Blanca enfrenta otro revés legal, pero el presidente sostiene que la disputa va mucho más allá de una obra arquitectónica: asegura que está en juego la seguridad nacional.
¿Qué hace que el salón de baile de Donald Trump sea una cuestión de seguridad nacional?
Trump defiende su salón de baile como un asunto de seguridad nacional, pero los jueces dicen que ese argumento no le da vía libre para construirlo
Video ¿Otro freno al Salón de Baile de Donald Trump? Esto pasa con el proyecto hoy
Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el viernes la construcción del salón de baile, cuyo costo estimado ronda los 400 millones de dólares.
Los jueces determinaron que la administración no puede utilizar las facultades del Poder Ejecutivo para realizar modificaciones de esa magnitud en la Casa Blanca sin la aprobación del Congreso.
Trump reaccionó asegurando que apelará de inmediato ante la Corte Suprema de Estados Unidos y cuestionó que un tribunal pueda detener una obra que, según él, forma parte de las medidas para proteger al presidente y al país.
"Esta decisión, tomada después de que gran parte del trabajo ya se ha realizado y pagado, constituye una amenaza a la seguridad nacional del más alto nivel. Es también una vergüenza nacional", escribió Trump en una publicación en redes sociales.
El presidente había defendido previamente el proyecto bajo el argumento de que no se trata únicamente de un espacio para eventos, sino de una ampliación de la infraestructura de seguridad de la sede presidencial.
¿Qué relación tiene el salón de baile con la seguridad?
La administración Trump ha presentado el proyecto como parte de una transformación más amplia del complejo de la Casa Blanca. El presidente ha asegurado que la nueva infraestructura estará vinculada con medidas destinadas a reforzar la protección de la residencia y de quienes trabajan en ella.
Sin embargo, el tribunal no aceptó que la invocación de la seguridad nacional fuera suficiente para permitir que el gobierno avanzara sin respetar los límites legales.
Los jueces Patricia Millett y Bradley Garcia señalaron que aceptar ese argumento permitiría al Poder Ejecutivo actuar sin las restricciones establecidas por la ley.
"La audaz afirmación de que el Poder Ejecutivo puede actuar con total ilegalidad, destruyendo valiosos monumentos nacionales y perjudicando los intereses de los individuos, y que ningún tribunal puede impedirlo, atenta contra nuestro orden constitucional", escribieron en su decisión.
En otras palabras, el tribunal consideró que la seguridad nacional no funciona como una autorización automática para que el presidente pueda modificar un inmueble federal sin la intervención del Congreso cuando esta sea requerida.
La disputa por el salón de baile comenzó después de que Trump propusiera el proyecto en julio de 2025. Desde entonces, la iniciativa ha enfrentado demandas y cuestionamientos sobre la manera en que se autorizó su construcción.
El proyecto contempla un espacio con capacidad para grandes eventos y tiene un costo estimado de 400 millones de dólares.
Un juez federal había bloqueado inicialmente la construcción. En abril modificó parcialmente su orden para permitir que continuaran determinados trabajos relacionados con la seguridad, aunque mantuvo detenida la construcción del salón de baile.
Ahora, el fallo de la corte de apelaciones representa otro golpe para la administración, que pretende continuar con el proyecto.
Trump, sin embargo, asegura que no está dispuesto a detenerlo.
La decisión no fue unánime. La jueza Neomi Rao presentó un voto particular en el que cuestionó la decisión de sus colegas y respaldó el argumento de la administración sobre la seguridad presidencial.
"El gobierno no debería verse obligado a depender de la aprobación arquitectónica del tribunal de distrito para garantizar la seguridad de la residencia y la oficina del presidente", escribió Rao.
La diferencia entre los jueces refleja el centro de la disputa: mientras la mayoría considera que existen límites legales que el presidente debe respetar incluso cuando invoca razones de seguridad nacional, Rao considera que los tribunales no deberían convertirse en una barrera para que el gobierno proteja la residencia presidencial.
Trump ha anunciado que llevará el caso a la Corte Suprema, por lo que la batalla legal sobre el proyecto todavía está lejos de terminar.
Por ahora, el salón de baile que el presidente presenta como parte de la infraestructura de seguridad de la Casa Blanca permanece en el centro de una disputa que enfrenta dos argumentos: el poder del gobierno para proteger al presidente y los límites legales que existen para modificar uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos.