Maritza Rosas, de 46 años, es investigadora forense y ciudadana estadounidense, nacida en Ciudad de México y residente en este país hace 30 años. Tiene dos oficinas de asistencia legal, y sus clientes son tanto el gobierno como el público, en su mayoría víctimas de tráfico sexual, violación, violencia doméstica, incesto y otros tipos de crímenes violentos.
"Todos estamos sin sueldo ahorita. Estoy usando las tarjetas y los recursos que tenemos porque no tenemos opciones. También los ahorros, eso fue lo primero que se fue".
Rosas cuenta que debido al cierre parcial de gobierno ha tenido que usar más de 40,000 dólares en ahorros de su negocio en Garden Grove, California, para poder mantenerse a flote.
Además de hacer el pago de 4,000 dólares mensuales de su casa, debe mantener sus dos oficinas legales, lo cual exige pagar el sueldo de sus ocho empleados, pagar impuestos, renovación de licencias, las utilidades y permisos. Rosas estima que sus gastos mensuales básicos están entre 18,000 y 20,000 dólares.
"Cubrí diciembre y enero, y no sabemos cuándo este cierre va a terminar para que nosotros podamos reorganizarnos y volver a recibir un sueldo, y poner los pies en la tierra porque esto está complicado".
La mayoría de sus clientes están bajo los programas de protección de víctimas del gobierno, cuenta la investigadora. A estas personas el gobierno les cubre servicios médicos, psicológicos y legales. Allí es donde entra Rosas. Una vez que ellos proveen esos servicios legales, deben mandarle una factura al gobierno, quien les reembolsa por su trabajo.
"En este caso no recibimos nada", dijo Rosas. Ha sido así desde la segunda semana de diciembre.
Ni Rosas ni su equipo se han podido comunicar con las agencias de gobierno con las que lidian normalmente.
Rosas dice que la oficina de inmigración local ha dicho que "no está recibiendo visitas, cheques o informacion de la gente". El Departamento de Servicios Sociales también está detenido, dice. "No tenemos acceso ni siquiera electrónicamente, o sea, no hay manera de comunicarnos con ellos. Todo está en stand by. Solo dicen que no tienen empleados asistiendo en este momoento, pero ninguna explicación de absolutamente nada".
"Estoy muy descontenta con todo esto", añadió Rosas. "Es una idea equivocada la que tiene el presidente de lo que son las leyes de inmigración. Nada tiene que ver un muro con la comida que tiene que poner la gente en la mesa de toda la gente que estamos afectados".