Cómo EEUU cambió su papel como policía marítima antidrogas con su ataque a la lancha venezolana

La Guardia Costera de Estados Unidos detecta y detiene cada año a un gran número de embarcaciones que transportan droga por el Caribe en su papel como la policía mundial antidrogas en altamar.

Ahora, esa misión antinarcóticos podría verse completamente diferente después de que el Pentágono lanzara un ataque la semana pasada contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela.

El gobierno de Donald Trump aseguró que podrían venir más acciones militares de este tipo, señalando que busca "declarar la guerra" contra los cárteles latinoamericanos a los que acusa de inundar EEUU con cocaína, fentanilo y otras drogas.

Sin embargo, enfrenta crecientes preguntas sobre la legalidad de la operación y cualquier escalada que vendría a trastocar décadas de procedimientos para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

"Esto realmente complica la enorme inversión que EEUU ha estado haciendo durante décadas para construir una sólida infraestructura legal para arrestar y procesar a presuntos traficantes de drogas", le dijo a la agencia AP Kendra McSweeney, geógrafa de la Universidad Estatal de Ohio que ha pasado años investigando la infraestructura legal de las intercepciones de narcóticos por parte de EEUU en altamar.

Autodefensa y una "amenaza inmediata"

Durante una visita a América Latina la semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los cárteles del narcotráfico "representan una amenaza inmediata para EEUU" y que el presidente Trump "tiene derecho, bajo circunstancias exigentes, a eliminar amenazas inminentes para EEUU".

Un funcionario federal que habló con AP también mencionó la autodefensa como una justificación legal para el ataque que, según el gobierno, se cobró la vida de 11 supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, la cual fue designada por la Casa Blanca como organización terrorista extranjera.

El gobierno federal utilizó un argumento similar hace algunos meses para justificar una intensa campaña de bombardeos contra los hutíes en Yemen. Sin embargo, tras bastidores, la justificación para los ataques contra los cárteles parece mucho más compleja.

The New York Times informó el mes pasado que Trump firmó una orden que instruye al Pentágono a comenzar el uso de fuerza militar contra ciertos cárteles latinoamericanos del narcotráfico. El reporte estaba relacionado con el ataque a la embarcación, según un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir detalles operativos.

Sin detalles del ataque de EEUU contra la lancha venezolana

El vicepresidente JD Vance celebró el ataque durante el fin de semana, dejando entrever que el uso de la fuerza es necesario para proteger a las familias estadounidenses del flagelo de las drogas.

"Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mejor uso de nuestro ejército", dijo Vance en la red social X.

Varios demócratas, e incluso algunos republicanos, criticaron los comentarios de Vance. Líderes en el Congreso también han presionado para obtener más información sobre por qué se optó por esta acción militar.

El Pentágono ha permanecido en silencio sobre cualquier detalle del ataque. Oficiales militares no han revelado qué institución lo llevó a cabo, qué tipo de armamento se utilizó o cómo se determinó que la embarcación era operada por el Tren de Aragua o que transportaba drogas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo la semana pasada: "Se han designado organizaciones terroristas extranjeras, tenemos esas facultades, y se trata de mantener a salvo al pueblo estadounidense. No hay razón para que le dé al público o a los adversarios más información que esa".

Funcionarios del Pentágono no respondieron a preguntas directas sobre la justificación legal para el ataque y si el ejército se consideraba en guerra con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Hegseth viajó este lunes a Puerto Rico, donde se desplegaron tropas para un ejercicio de entrenamiento y a donde EEUU envió 10 aviones de combate F-35 para operaciones contra los cárteles del narcotráfico.

"De ninguna manera hay una autoridad para este ataque", dice experta

Claire Finkelstein, profesora de Derecho de Seguridad Nacional en la Universidad de Pensilvania, le dijo a AP que el término "ejecución extrajudicial" sería más adecuado para describir este ataque. Lo considera un resultado de la ambigüedad que ha ido surgiendo a lo largo de las últimas dos décadas entre la aplicación de la ley y el conflicto armado.

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, EEUU comenzó a designar a miembros de organizaciones terroristas extranjeras, como Al Qaeda y los talibanes, como combatientes ilegales, haciéndolos vulnerables a ataques estadounidenses, incluso cuando no estaban directamente involucrados en una guerra.

Trump designó a varios cárteles latinoamericanos, incluido el Tren de Aragua de Venezuela, como organizaciones terroristas extranjeras. Pero eso no hace que un ataque contra presuntos integrantes del grupo sea legal, afirmó Finkelstein.

El Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza contra Venezuela ni hay resoluciones de la ONU que justifiquen las acciones de EEUU.

"De ninguna manera el derecho internacional otorga una autoridad para esto", subrayó. "No fue un acto de autodefensa. No fue en medio de una guerra. No había una amenaza inminente para EEUU".

Días después del ataque, un par de aviones venezolanos armados volaron cerca de un buque de guerra estadounidense en el Caribe, y Trump advirtió que, a partir de ese momento, se dispararía contra cualquier vuelo que pusiera en peligro a los militares de Washington.

El ataque "bien podría considerarse un acto de guerra contra Venezuela y ellos podrían tener justificaciones para responder con el uso de la fuerza", señaló Finkelstein. "¿Se imaginan lo que sucedería si su armada estuviera a 12 millas de la costa de EEUU?".

La guerra contra las drogas en altamar

Los registros e incautaciones en altamar fueron una característica de la primera "guerra eterna" de EEUU: la guerra contra las drogas que declaró el presidente Richard Nixon en 1971.

En 1986, en el apogeo del Cártel de Medellín de Pablo Escobar, el Congreso aprobó la Ley Marítima Antidrogas, la cual define el contrabando de drogas en aguas internacionales como un crimen contra EEUU y le otorga poderes únicos de arresto.

Por lo general, las autoridades detienen y abordan embarcaciones, arrestan a la tripulación y confiscan cualquier contrabando. Los esfuerzos son liderados por la Guardia Costera de EEUU con el apoyo del Pentágono, el Departamento de Estado, la DEA y el FBI, así como aliados de Reino Unido, Francia, Países Bajos y varios países de América Latina.

Ahora, después de advertir que operativos como ese "volverán a ocurrir", Rubio aseguró que Trump "quiere declarar la guerra a estos grupos porque han estado en guerra con nosotros durante 30 años y nadie ha respondido".

En los primeros nueve meses del año fiscal en curso se presentaron 127 procesos al amparo de la ley marítima antidrogas, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, el cual recopila datos del Departamento de Justicia, en comparación con los 131 de 2024.

Como cada caso involucra a múltiples acusados, el número real de extranjeros detenidos en altamar probablemente sea mucho mayor.

La Guardia Costera anunció el mes pasado lo que calificó como la mayor incautación de drogas de la que tenga registro como resultado de múltiples intercepciones en un periodo de dos meses. Algunos de esos decomisos fueron realizados por un destacamento de la Guardia Costera a bordo de un buque naval holandés en el Caribe.

"Si bien nadie simpatiza con la situación de los traficantes de drogas, la razón por la que hacemos esto a través de un proceso judicial, en asociación con otras naciones, es para que podamos recopilar evidencia que nos permita construir casos más grandes e ir tras los jefes de los cárteles", dijo James Story, quien fue embajador en Venezuela durante el primer mandato de Trump.

Story, quien dirigió la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado en Colombia y América Latina a principios de su carrera, dijo que 20 naciones tienen enlaces en una fuerza de tarea con base en la Estación Aérea Naval en Key West, Florida, donde se coordinan los abordajes en altamar.

"Cualquier cosa que pueda poner en peligro esas relaciones nos haría menos efectivos a largo plazo", concluyó.

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