Una coalición de 20 fiscales generales estales presentó una demanda contra la orden del gobierno de Donald Trump en la que pide a los estados que entreguen los datos personales de las personas inscritas en un programa de asistencia alimentaria, financiado con fondos federales, temiendo que la información se utilice para ayudar a que el republicano realice más deportaciones.
Los estados que demandaron al gobierno de Trump por sus esfuerzos para recopilar los datos de los beneficiarios de ‘food stamps’
Los fiscales generales de los estados que presentaron la demanda consideran que sería una violación de las leyes de protección de la privacidad revelar la información que requiere el gobierno.
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El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) informó a los estados la semana pasada que tenían hasta este miércoles para entregar los datos de los inscritos en su Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como ‘SNAP’, que beneficia a más de 42 millones de personas en todo el país.
El USDA dijo que los datos le ayudarán a combatir el despilfarro, el fraude y el abuso.
La demanda de California, Nueva York, Connecticut, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachussets, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Vermont y Wisconsin busca una orden judicial para bloquear la transferencia de datos.
Los fiscales generales dicen que no revelarán lo que consideran información privada de los beneficiarios, incluida su situación migratoria, fecha de nacimiento y domicilio, porque consideran que sería una violación de las leyes de protección de la privacidad.
"Es un señuelo de la peor clase", dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en una conferencia de prensa este lunes.
"Los beneficiarios de SNAP proporcionaron esta información para obtener ayuda para alimentar a sus familias, no para ser ingresados en una base de datos de vigilancia del gobierno o para ser utilizados como objetivos en la inhumana agenda de inmigración del presidente".
"No se trata de mejorar un servicio del que dependen millones de personas, sino más bien de utilizar el programa SNAP como arma contra las comunidades inmigrantes (...) No lo toleraremos", declaró la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, en una conferencia de prensa en línea.
En mayo, el USDA anunció que estaba buscando los datos como parte de la orden ejecutiva del presidente Trump para obtener datos de programas estatales para ayudar a erradicar el fraude y el despilfarro.
"Durante años, este programa ha estado en piloto automático, sin que el USDA conociera los datos en tiempo real", dijo entonces la secretaria del USDA, Brooke L. Rollins, en un comunicado.
La estrategia de Trump para obtener datos privados de inmigrantes
El gobierno de Trump ha tratado de recopilar información privada sobre la mayoría de las personas de bajos ingresos que pueden estar en el país sin documentos.
A principios de año, el gobierno del republicano ordenó al Servicio de Impuestos Internos y a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid que compartan información privada con el Departamento de Seguridad Nacional para ayudar en los esfuerzos de deportación.
El USDA no mencionó si la recopilación de la información serviría para la implementación de políticas antiinmigración del presidente. Tampoco está claro por qué los funcionarios del USDA creen que los datos recopilados ayudarán a eliminar el fraude del programa SNAP.
La agencia afirma que el programa ya es "uno de los sistemas de control de calidad más rigurosos del gobierno federal”.
Las organizaciones defensoras de los inmigrantes han señalado en el pasado que el gobierno de Trump ha utilizado el mismo argumento para obtener otros datos sensibles, solo para admitir más tarde que estaría utilizando la información para mejorar sus operaciones de deportación.
Los funcionarios del gobierno de Trump, por ejemplo, inicialmente afirmaron que estaban buscando datos estatales de Medicaid para luchar contra el fraude. Sin embargo, la semana pasada, un alto funcionario de inmigración admitió que estarían utilizando esa misma información para localizar inmigrantes.
¿Cómo afectará la demanda de los estados contra el gobierno de Trump a los beneficiarios de SNAP?
Los funcionarios de la agencia han amenazado con retener la financiación de SNAP si los estados no cumplen con su demanda de compartir los datos.
Si no proporcionan dicha información, los estados corren el riesgo de quedarse sin los recursos federales para financiar el programa.
Aunque los inmigrantes sin estatus legal no tienen derecho a recibir las prestaciones del SNAP, pueden solicitarlas en nombre de sus hijos que sean ciudadanos estadounidenses o de aquellos que formen parte de un hogar con estatus mixto.
En el programa, antes conocido como cupones de alimentos, el gobierno federal paga el 100% de las prestaciones alimentarias, pero los estados ayudan a cubrir los costos administrativos. Los estados también son responsables de determinar si las personas tienen derecho a las prestaciones y de expedirlas a los inscritos.
Los defensores de los inmigrantes y la privacidad de los datos expresaron su alarma por los esfuerzos del gobierno de Trump para obtener datos sensibles de SNAP mantenidos por los estados.
"El gobierno casi nos ha dicho que su intención es peinar estos datos y utilizarlos para fines ilegales que incluyen la aplicación de la ley de inmigración", dijo Madeline Wiseman, abogada de la Red Nacional de Defensa Legal Estudiantil, que presentó una demanda en mayo con grupos que defienden la privacidad de la información que también están desafiando los esfuerzos del USDA por obtener los datos del SNAP.
Desde su regreso al poder en enero, Trump ha convertido la lucha contra la inmigración en una prioridad absoluta, prometiendo la mayor campaña de expulsiones de la historia de Estados Unidos.
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