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¿Por qué algunas sociedades equilibran la protección ambiental y la justicia social mucho más efectivamente que otras?

Para conservar los bosques tropicales, los expertos sugieren protejer primero los derechos de las personas que dependen de ellos
6 Jul 2017 – 10:22 AM EDT
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Bosques extraordinarios de América

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Muchas de las áreas más bellas de nuestro planeta son también los sitios de conflictos intensos. Estas tensiones ocurren en los países pobres y en naciones ricas. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay decenas de conflictos a punto de estallar sobre el control de las tierras federales y los refugios de vida silvestre nacional.

Pero en las antiguas colonias de Asia y África, los efectos contemporáneos de las adquisiciones de tierras coloniales se han hecho incluso más complejos al continuar con las divisiones sociales basadas en casta y etnicidad. También han sido empeorados por diferencias sociales y culturales entre el personal de agencias forestales y los grupos indígenas y dependientes de los bosques que se ven afectados más que todo por estos conflictos.

La sabiduría convencional entre muchos ambientalistas es que hay intercambios inherentes entre proteger del medioambiente y asegurar la justicia social para las personas indígenas y dependientes de los bosques. En mi nuevo libro “ Democracia en los bosques: Conservación ambiental y justicia social en India, Tanzania y México”, desafío esa perspectiva. Mi investigación muestra que cuando los países protegen los derechos de la gente dependiente de los bosques y dan apoyo a la participación popular en el proceso político, son más capaces de manejar los conflictos sobre el medioambiente.

¿De quién son los bosques?

El parque nacional Kaziranga en el noreste de India, un Sitio de patrimonio mundial por la UNESCO, fuertemente ilustra el problema. El parque es hogar de un estimado de 2,401 rinocerontes indios – más de dos tercios de las existencias restantes en el mundo – y una más alta densidad de tigres bengala que en cualquier otro sitio protegido en el mundo.


Los guardabosques de Kaziranga tienen el poder de disparar a matar para desalentar y castigar a posibles cazadores furtivos. Han matado más de 50 personas en los últimos tres años por sospecha de ser cazadores furtivos. Survival International, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de las personas indígenas, han pedido por largo tiempo que se detengan estos “asesinatos extra judiciales”.

Aunque algunos observadores ven estos conflictos como un costo de conservación contemporánea, están arraigados en reclamaciones impugnadas sobre tierras forestales. Las víctimas humanas de estos conflictos están entre las más pobres y marginalizadas del mundo. Ellos no son cazadores furtivos y no se oponen a la conservación. En Kaziranga ha habido reportes de gente, incluyendo niños, que no eran cazadores furtivos y fueron asesinados.

En su lugar, los esfuerzos en Kenia, India y otras partes son acerca de frecuentes violaciones de bosque de personas locales y derechos territoriales. Proteger esos derechos no necesariamente entra en conflicto con el rescate de los bosques y la vida silvestre. Por el contrario, proteger los derechos forestales indígenas ha retrasado los índices de deforestación, especialmente en América Latina.

Desafortunadamente, esta estrategia es la excepción más que la regla. Este hecho plantea una pregunta importante: ¿Por qué algunas sociedades equilibran la protección ambiental y la justicia social mucho más efectivamente que otras?

La participación pública da apoyo a la conservación

La experiencia de México muestra que es posible proteger los derechos territoriales sin dañar los recursos naturales. Luego de la revolución mexicana a principios del siglo XX, el gobierno lanzó un extenso programa de reformas agrarias. La redistribución de la tierra a larga escala pone alrededor de un 70 por ciento de la tierra forestal del país bajo el control de los colectivos campesinos. Junto con la fuerte movilización social, este proceso le dio a los campesinos una voz en las decisiones políticas y normativas.

Contrario al temor de que el populismo político podría causar una destrucción de bosques a larga escala, estas reformas en México llevaron a la aparición de los más fuertes programas forestales de la comunidad en el mundo y contribuyeron a la protección sostenible del bosque de México y de los recursos de vida silvestre. Los grupos locales controlan y manejan colectivamente los bosques comunitarios mediante el desarrollo de sus propios planes de manejo. Ellos incluyen cosecha sostenible de producto forestal, incluyendo madera para consumo y venta comercial. Estos grupos comunitarios también tienen la autoridad de crear reglas de manejo forestal que trabajen bien en el contexto local. Las agencias gubernamentales no pueden anular estas reglas.

Las cosas son muy diferentes en Tanzania y en India. En el 2014 el turismo de safaris de vida silvestre generó un 25% de las ganancias de divisas de Tanzania y un 17% del PIB total. Pero las agencias gubernamentales de vida salvaje y bosques continúan despojando a los grupos locales de las oportunidades constitucionalmente impuestas para beneficios del turismo de vida silvestre, dejando más de un tercio de residentes en pobreza severa.

Similarmente, India tiene abundantes recursos naturales y ha experimentado un rápido crecimiento económico en las pasadas dos décadas. pero aún le falta asegurar la justicia social y ambiental de sus 300 millones de indígenas y gente dependiente de los bosques. Muchas gente en estos grupos vive en la pobreza comparable a los niveles del África subsahariana.


India se reconoce como democracia, pero sus políticas ambientales están controladas por una burocracia centralizada. La gente dependiente de los bosques es excluida del proceso de políticas y no puede pedir cuentas a la hinchada e ineficiente burocracia de India. Como resultado, las agencias hacen uso de maniobras tales como categorizar los jardines urbanos y las plantaciones de árboles comerciales como “bosques”. Esto disfraza las pérdidas de tierras forestales naturales y exagera el historial de conservación del gobierno.

La movilización nacional de las poblaciones forestales en el 2006 impulsó al Parlamento de India promulgar el Acta de derechos forestales, la cual asegura los derechos territoriales de la gente dependiente de los bosques y les da poderes legales necesarios para la conservación ambiental efectiva. La ley reconoce los derechos colectivos de los grupos dependientes de los bosques para manejar los recursos forestales de la comunidad, incluyendo el derecho de vender producto forestal de las áreas forestales manejadas localmente.

Sin embargo, los grupos comunitarios no tienen el derecho de vender madera. Más importante aún, la burocracia ha retenido un férreo control sobre la elaboración de políticas y ha minado activamente el cumplimiento de la ley. Mi investigación muestra que debido a que estas agencias no consultan con otro departamento y grupos de ciudadanos, producen políticas y programas pobremente informados.

Creando interés local

En contraste, como lo muestro en mi libro, los acuerdos institucionales concretos que ayudan a los grupos de ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil a participar en procesos políticos y de reglamentaciones promueven una conservación ambiental exitosa. Por ejemplo, los estatutos nacionales y locales ayudan a los ciudadanos en México a manejar sus bosques autónomamente.

Aún así, acuerdos similares en Kenia, Tanzania e India no son efectivos por dos razones. Primera, la gente dependiente de los bosques no esgrime ninguna palanca en formulación de políticas e implementación de programas o tienen alguna influencia política. Esto significa que las políticas no logran crear interés local en el manejo de recursos efectivos. Segunda, los ciudadanos no pueden pedirle cuentas a los oficiales. Esto significa que esos oficiales pueden abusar de sus poderes regulatorios con impunidad para buscar ganancias personales.

Crear acuerdos robustos que ofrezcan a los ciudadanos un interés concreto en la protección de los recursos ambientales no es fácil. Pero vale la pena la inversión. De acuerdo con mi estimación, los conflictos forestales directamente afectan de 750 millones a 1.5 mil millones de gente alrededor del mundo. También minan las inversiones globales en la conservación.

La Investigación por la Iniciativa de derechos y recursos, el Centro de Investigación Woods Hole y el Instituto de recursos mundiales muestra que las áreas manejadas por personas indígenas y otros grupos dependientes de los bosques contabilizan al menos 24% del carbono almacenado en la superficie en los bosques tropicales del mundo. Si los esfuerzos por la conservación forestal fallan, ellos empeorarán los efectos del cambio climático, de esa forma poniendo en peligro la seguridad nacional e internacional en los años y décadas por venir.

Es crucial resolver estos enfrentamientos para asegurar que miles de millones de dólares donados por el gobierno y por ciudadanos privados no empeoren los problemas más importantes que deben solucionar. Las políticas de conservación diseñadas para proteger los servicios ecosistémicos más fundamentales y dar soporte a los medios de vida rurales simultáneamente probablemente sean más exitosas. Abrir la conservación al escrutinio social y a la supervisión política mientras se pide cuentas a las agencias gubernamentales, son pasos esenciales para alcanzar un mundo ambientalmente resistente y socialmente justo.

*Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Conversation. Su autor es Prakash Kashwan, Profesor Asistente de Política y Política Ambiental Comparativa del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Connecticut.

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