Tío Sam: mira con mucho cuidado a quién le concedes una visa

Para la mayoría de los diplomáticos, oficiales de inteligencia y agentes del orden estadounidenses que han trabajado en México, el testimonio dado por un importante narcotraficante esta semana de que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió un soborno de 100 millones de dólares de ‘El Chapo’ Guzmán no resultó para nada sorprendente.

Esto, en sí mismo, es ya una triste admisión. Sin embargo, la verdad es que la corrupción alcanza habitualmente los despachos presidenciales en muchos países de América Latina, incluso las de algunos países con los que Estados Unidos colabora estrechamente.

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Sin duda, no tenemos ninguna certeza de que Peña Nieto se haya quedado con el dinero. Lo que sí sabemos es que tanto su historial como el de la región no son alentadores.

• En Guatemala, el ex presidente Pérez Molina, su vicepresidente y decenas de otros funcionarios del gobierno fueron destituidos de sus cargos en 2015 y han ido a juicio por estar involucrados en una red de defraudación aduanera.

• En Honduras, la DEA arrestó al hijo de un expresidente y al hermano del presidente actual por cooperar con narcotraficantes para enviar droga a Estados Unidos.

• En Perú, un expresidente acaba de salir de la cárcel por financiamiento ilegal de campaña, otro está luchando contra su extradición desde Estados Unidos y un tercero está acusado de hacer parte del mayor escándalo de corrupción de la región, el caso Odebrecht, que llevó a la destitución de la expresidenta brasileña Dilma Rouseff.

• El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, está acusado de apropiarse de cientos de millones de dólares a través de sobornos contractuales y escapar luego a vivir una vida de excesos como la de las Kardashian en Miami; eso hasta que fue extraditado a Panamá –después de un litigio de tres años–, donde actualmente está siendo enjuiciado.

• En la República Dominicana, Argentina, Ecuador y otros países de la región, altos funcionarios gubernamentales han sido acusados, y declarados culpables, de tratos corruptos mientras ocupaban el cargo.

Estados Unidos asumió tradicionalmente el papel de líder regional en la lucha por la transparencia y el buen gobierno. Resulta decepcionante que la administración Trump no siga el mismo rasero, pues ve la región a través del anticuado lente de una ideología anticomunista. Pero en el tema de la corrupción aún pueden tener un impacto positivo. Existe un vínculo claro y conveniente entre la denigrada Troika del Terror de John Bolton (los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua) y las democracias imperfectas del resto del hemisferio: la visa estadounidense.

Dadas las elecciones salvadoreñas del 3 de febrero, las elecciones panameñas de mayo y la gran cantidad de expresidentes latinoameericanos que viven y trabajan ya en Estados Unidos, es hora de que el gobierno estadounidense haga una revisión sistemática y completa de la información sobre los líderes de la región y sus principales funcionarios antes de dejar el cargo para determinar si su presencia en Estados Unidos es de interés nacional.

Esto es más complicado de lo que parece, pero con el liderazgo y la voluntad política de la Casa Blanca, se puede lograr.

Para empezar, ya existen disposiciones en la ley de inmigración y órdenes ejecutivas que hacen que los solicitantes de visa sean inelegibles con base en actos, probados o supuestos, de corrupción en el sector público. Pero todos los presidentes y la mayoría de sus altos funcionarios, familiares y amigos tienen pasaportes diplomáticos mientras están en el cargo. Muchos los mantienen tiempo después de terminar su servicio público, y las reglas relacionadas con la emisión de esas visas son poco restrictivas. Sin embargo, tengan o no pasaporte diplomático, una visa no es un derecho, ni la decisión sobre ellas está sujeta a revisión judicial. La negación no puede responder a un capricho, pero no se necesita una evidencia judicial para negarle la visa a un individuo. Y así es como debería ser.

Desafortunadamente, las administraciones anteriores no requerían un ejercicio de diligencia debida con todas las agencias para determinar si un exlíder o un ministro con quien alguna una vez tuvimos que colaborar es ahora alguien cuya presencia en Estados Unidos sea beneficiosa para la nación. La información casi siempre está compartimentalizada. El Departamento de Justicia y la CIA se resisten a compartir expedientes, así que la discreción y la deliberación informada resultan esenciales.

Muchos líderes y funcionarios corruptos eran buenos socios antinarcóticos o antiterroristas –pero saquearon las arcas públicas de sus países–. Muchos apoyaron posturas estadounidenses en las Naciones Unidas, pero tomaron dinero destinado a programas de alimentos, escuelas, hospitales y carreteras y lo guardaron en sus cuentas en el extranjero. Martinelli, el expresidente de Panamá, llegó incluso a detallar en una carta pública lo buen amigo que había sido de la CIA y del Departamento de Seguridad Nacional, incluso prestándoles ciertos servicios, como un medio para justificar su presencia en el sur de la Florida.

En ocasiones, altos funcionarios están en la nómina de un servicio de inteligencia, o sirven como fuentes no pagadas. Muchos se convierten en amigos íntimos de embajadores, congresistas u otros funcionarios estadounidenses, y se benefician de esas relaciones cuando llega el momento de renovar las visas de turista para ellos y sus familiares después de que han dejado el cargo.

Pero seamos claros. Las visas no deben estar basadas en la política, las amistades o incluso las lealtades operativas. Deben adjudicarse con una visión clara y colectiva del daño o beneficio potencial para los intereses nacionales. Es cierto que ése es un concepto poco claro y vagamente definido, pero la ley de visas y los reglamentos brindan pautas suficientes. ¿Y adivinen qué? Los exfuncionarios corruptos –cuyos delitos hayan sido probados o existan sobre ellos sospechas razonables– no cumplen los requisitos para recibir visas. Lo mínimo que podemos hacer, tanto para proteger nuestro sistema financiero de las ganancias ilícitas como para enviar una señal clara de que no seremos cómplices del empobrecimiento deliberado de pueblos extranjeros, es someter a un escrutinio exhaustivo las decisiones de visa para los funcionarios que se retiran.

Cualquier observador casual sabe que el venezolano Nicolás Maduro o los nicaragüenses Daniel y Rosario Ortega, o casi todo el gobierno de Cuba no obtendrían visas para comprar en el centro comercial Dadeland o ir a Disney. Y ésa es la decisión correcta. Sin embargo, hay muchos exlíderes nominalmente democráticos, pero corruptos, que tienen y reciben visas. Sus hijos van a universidades de élite en Estados Unidos, a menudo pagados con lo que se robaron. En lugar de expulsar a los dreamers y construir un muro para mantener alejados a futuros trabajadores de la construcción, chefs y conserjes honestos, el gobierno de Trump debería enfocarse en quienes se hicieron ricos mientras sus ciudadanos sufrían en el subdesarrollo, exacerbado por la codicia y la corrupción. Un buen nombre para comenzar sería el de Enrique Peña Nieto.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.