El rigor técnico de la misión de UNASUR ha sido puesto en duda por muchos miembros de la comunidad internacional. El Tribunal Superior Electoral de Brasil prohibió la participación de ese país en la misión de la UNASUR. Chile y Uruguay tampoco participarán en la misión de la UNASUR. Como lo puso un titular del Washington Post esta semana, “Venezuela [se dirige] hacia una elección crucial, sin árbitro”.
A medida que Venezuela se acerca a estas elecciones, las encuestas en todo el país muestran una tendencia fuerte y sostenida a favor de la oposición. Sondeos nacionales colocan a candidatos de la oposición en la delantera por 28 puntos. Esta creciente ventaja es el resultado de una visión cada vez más grave que refleja el estado de la nación.
El pueblo de Venezuela sigue sufriendo aprietos económicos; está enfrentado a aumentos de violencia social; ha visto más y más evidencia que altos funcionarios del gobierno que están personalmente y profundamente involucrados en el tráfico de drogas; profundamente involucrados con el lavado de dinero. De hecho, propios miembros de la familia presidencial han sido detenidos por narcotráfico.
Y para empeorar las cosas, mientras que el Presidente Maduro, un exconductor de autobús, conduce su país sobre un precipicio, ha habido escaseces de carne y leche, pollo y huevos, arroz y pasta, jabón para el baño y pañales para niños. Y todo indica que esta tendencia probablemente empeorará.
Este año, el FMI prevé que el PIB de Venezuela se contraerá en un 10 por ciento: la contracción económica más grande en el mundo. El país también está sufriendo los niveles de inflación más altos a nivel mundial; más de 150 por ciento en 2015, según el FMI, y se espera que supere el 200 por ciento en el 2016. A medida que los problemas económicos crecen, no debería sorprender que la criminalidad en el país también haya empeorado: la tasa de homicidios se ha duplicado en la última década.
Según el Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de homicidios per cápita en Venezuela fue de 37 por cada 100,000 habitantes en 2005, 54 por 100,000 en 2010, y de 82 por 100,000 en 2014. Y las cosas son aún peores en Caracas, la capital, donde la tasa de homicidios per cápita se acerca a 125 por cada 100.000 habitantes. Esto pone a Caracas entre las cinco ciudades más violentas del mundo, a la par con el tipo de matanzas generalmente solo visto en zonas de guerra.
Además de la violencia social generalizada, en 2014 el mundo fue testigo de cómo las fuerzas de seguridad venezolanas fueron desplegadas en las calles para reprimir violentamente las protestas pacíficas en todo el país, dejando 43 muertos en ambos lados de la división política, más de 50 casos de tortura de activistas de la oposición documentados, y miles de detenciones.
A lo largo de esta violencia, la organización internacional por los derechos humanos Human Rights Watch declaró que los abusos contra los derechos humanos eran una “práctica sistemática” cometida por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Para empeorar las cosas, una narrativa más oscura y más siniestra ha emergido en la Venezuela del 2015. En marzo de este año, la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro –conocido como FinCEN–, anunció que el Banco Privado de Andorra es - y cito “una institución financiera extranjera con interés primordial de lavado de dinero”.
Entre otras preocupaciones, la FinCEN encontró que el banco había estado involucrado en un esquema que desvió aproximadamente $2.000 millones de la petrolera estatal venezolana PDVSA; un esquema que seguramente incluía la participación generalizada –y el conocimiento– de funcionarios del gobierno venezolano. El mundo está observando.
En mayo de este año, en una exclusiva del Wall Street Journal, el mundo fue informado de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Agencia de Control de Drogas (DEA), y las oficinas de varios fiscales federales están investigando a Diosdado Cabello por su participación en el tráfico de drogas: un hombre que sirve como el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela y alguien generalmente considerado como la segunda figura más poderosa en la coalición del gobierno.
Este individuo aparentemente quería convertir a Venezuela en un centro mundial de la cocaína. Y en octubre, en otro artículo muy bien argumentado, el Wall Street Journal reveló cómo el lavado de dinero y la malversación de fondos dentro de la petrolera gigante de Venezuela fueron gestionados desde los más altos niveles, incluso por el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Estos dos incidentes son parte de una larga y preocupante serie de revelaciones inquietantes sobre cómo los más altos niveles del poder son directamente responsables de que el estado de Venezuela haya sido invadido por el narcotráfico y la criminalidad.
Con este tipo de tendencias siniestras volviéndose parte del día a día en Venezuela, es importante reconocer que un cambio radical de opinión se está llevando a cabo en América Latina, y los líderes políticos más importantes se pronuncian cada vez más enérgicamente en contra de lo que está sucediendo en Venezuela.
En septiembre de este año, 34 expresidentes y jefes de Estado de toda América Latina y el Caribe se reunieron en Bogotá y emitieron una declaración pidiendo observación electoral internacional, mayores garantías para los votantes venezolanos, y la liberación de los presos políticos en el país.
El mes pasado, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hizo pública una carta al liderazgo del Consejo Nacional Electoral de Venezuela delineando todas sus preocupaciones con el proceso en vísperas de las elecciones del 6 de diciembre, y pidiendo una rápida corrección del rumbo.
El mes pasado, me enorgulleció unirme a 17 de mis colegas aquí en el Senado de Estados Unidos, 32 senadores brasileños, 57 del Senado colombiano, 12 senadores chilenos, 26 miembros de la Asamblea de Costa Rica, y 13 miembros del Congreso peruanos: más de 150 legisladores de todas las Américas en una muestra de unidad sin precedentes para hacer un llamado urgiendo la observación electoral, hablar en contra de la descalificación de candidatos de la oposición, y pedir la liberación de los presos políticos.
La semana pasada fue importante ver al presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, hacer un llamado al bloque sudamericano Mercosur para estudiar si Venezuela debe ser suspendido
