Píldoras venenosas

Parecía que no había nada que añadir sobre la tirria que, como presidente, Donald Trump les tenía a Puerto Rico y a los puertorriqueños. Pero por lo visto no es así. Un nuevo informe del Inspector General del Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano, HUD, por sus siglas en inglés, concluyó que el gobierno de Trump impuso trabas burocráticas que impidieron el envío de más de $20 mil millones en asistencia aprobada por el Congreso para mitigar las terribles secuelas de los huracanes Irma y María en la isla. Era la mala uva de Trump y la muelle complicidad de sus asesores convertidas en gobierno. Entre los cómplices de esta aberración, el informe destaca al inefable Ben Carson, tal vez el más incapaz de los secretarios que han pasado por HUD en la era moderna.

El reporte de 46 páginas detalla cómo el régimen trumpista estableció requisitos burocráticos para que la Oficina de Administración y Presupuesto, OMB por sus siglas en inglés, hiciera una interminable revisión “inter agencial” antes de que publicara guías sobre los acuerdos para enviar los fondos a Puerto Rico. Además, separó adrede al estado libre asociado y a las Islas Vírgenes de las demás jurisdicciones, como Texas, la Florida y Luisiana, que debían recibir fondos de mitigación por desastres naturales. Y con el tiempo emitió las guías para ayudar a ambos territorios, pero con restricciones que se mantuvieron vigentes hasta la semana pasada, cuando finalmente las eliminó el presidente Joe Biden. El segundo a bordo en HUD, Brian Montgomery, indignado, calificó de “píldoras venenosas” a las trabas que la Casa Blanca de Trump le imponía a la ayuda a Puerto Rico y que su jefe, Ben Carson, aceptaba sin chistar.

Los críticos del fallido régimen de Trump siempre advertimos que el presidente descarriado obstaculizaba la asistencia a Puerto Rico. Pero el nuevo informe arroja abundante luz sobre la mala fe y el alcance de la obstrucción. Por ejemplo, explica que, a instancias de Trump, Ben Carson se negó a entrevistarse y cooperar con el inspector general que investigaba las obstrucciones, denunciadas por periodistas y legisladores demócratas. Su negativa y la de otros funcionarios a colaborar demoró la investigación hasta el otro día.

Mientras el régimen trumpista maltrataba sin piedad a Puerto Rico, la isla sufría más de 5000 pérdidas de vidas humanas – muchas de ellas prevenibles - apagones de entre seis meses y un año de duración, falta de agua corriente y la destrucción total o parcial de decenas de miles de viviendas y edificios públicos. Casi cuatro años después, algunas de esas estructuras dañadas aún aguardan asistencia gubernamental para rehabilitarse.

Trump esgrimía como pretexto para castigar a Puerto Rico la corrupción administrativa en la isla. Era el proverbial pájaro disparándole a la escopeta, teniendo en cuenta que fue el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos. Pero, en realidad, su animadversión hacia la isla y sus habitantes forma parte de su malevolencia general, su racismo y su xenofobia. Personajes como él nunca considerarán a los puertorriqueños estadounidenses legítimos, sino ciudadanos de segunda clase a los que, en medio de una catástrofe natural, se les puede apaciguar lanzándoles papel toalla desde una tarima y haciéndoles falsas promesas electorales.

Todo eso se caía de la mala. Sin embargo, no faltaron los políticos puertorriqueños que celebraron las bufonadas de Trump, como la comisionada residente en Washington Jennifer González, y la exgobernadora Wanda Vázquez. Vázquez tuvo la gandinga de apoyar al presidente descarriado en su fallido intento electoral y se quedó con las ganas de hacer campaña por él en la Florida, adonde huyeron decenas de miles de damnificados de María. La pandemia, aparentemente, le impidió hacer ese papelazo. González era una de las líderes de ese oxímoron denominado “Latinos por Trump”. Ahora pretende curarse en salud. El diario El Nuevo Día la cita diciendo que le había reclamado al régimen trumpista el desembolso de los fondos y que por acciones como las que denuncia el informe del inspector general ya no le apoya. Algo evidentemente desentona en esa foto del post trumpismo.

La tardía liberación de fondos federales ha generado optimismo en Estados Unidos y Puerto Rico. La nueva secretaria de viviendas, Marcia L. Fudge, predice que el dinero le permitirá a la isla “erigir resistencia a futuras tormentas”. El actual gobernador, Pedro Pierluisi, sostiene que “la reconstrucción de Puerto Rico verá el estímulo que necesita para recuperarse totalmente y prosperar”. Pero nunca se podrá calcular el daño y el sufrimiento que pudieron evitarse en la isla si los fondos hubieran llegado cuando más falta hacían, cuando todavía era posible salvar vidas, viviendas e infraestructura.

Lo que sí es posible y necesario es evitar que, en el futuro, cualquier otro presidente descarriado, como Trump, use su malevolencia para castigar a estadounidenses inocentes. La clave es garantizar que, cuando el Congreso asigne fondos para afrontar catástrofes naturales en Estados Unidos o cualquiera de sus territorios, el gobierno invariablemente cumpla con la voluntad de la mayoría de los legisladores.

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