Los caminantes de Venezuela

Lo primero que notas son los pies. Están torcidos, llenos de callos y ampollas. La mayoría lleva crocs de plástico o chanclas. Los más afortunados llevan zapatillas deportivas llenas de polvo, la mayoría con huecos y cordones improvisados. No es ni de lejos el calzado apropiado para quienes planean caminar largas distancias.

Las imágenes de sus pies se te quedan en la mente. Son los pies de Gandhi, los pies de la pasión de Cristo. Son los pies de los caminantes venezolanos, migrantes a quienes no se les puede llamar refugiados por las formalidades del derecho internacional. Pero sus pies morenos y maltrechos son todos iguales.

Desde que se cerró la frontera entre Colombia y Venezuela en 2015, aproximadamente cuatro millones de venezolanos han abandonado literalmente sus hogares debido al desastre económico y humanitario provocado por el régimen criminal de Nicolás Maduro y sus ministros y generales narcotraficantes. La inflación llegará a diez millones por ciento este año. La moneda venezolana, el bolívar, literalmente no vale siquiera el papel en el que está impresa. La comida escasea. El venezolano promedio ha perdido 17 libras (7.7 kg) de peso en el último año. Los venezolanos mueren de enfermedades tratables porque no hay antibióticos disponibles en el país. La letanía de horror conradiano continúa, convirtiendo a Venezuela en el Corazón de las Tinieblas del hemisferio occidental.

Por eso la gente camina. Caminan para escapar de la tasa de criminalidad más alta del mundo. Caminan para comer, para conseguir vacunas para sus hijos. Y caminan hacia Colombia. Durante décadas, la fluida y porosa ciudad fronteriza de Cúcuta, ubicada en el departamento de Norte de Santander en el oriente de Colombia, ha sido un epicentro de esta migración, pero en la dirección contraria. Durante el conflicto civil de medio siglo que se desarrolló en Colombia, eran los colombianos quienes cruzaban los traicioneros senderos de la selva hacia Venezuela, más próspera en aquellos momentos, para buscar empleos agrícolas y de baja calificación que los protegieran de la violencia en Colombia, una violencia generada por la lucha entre el estado, la guerrilla y los carteles de narcotraficantes.

Teniendo en cuenta esta historia, la cálida acogida a sus vecinos andinos en Colombia ha sido lógicamente admirable. Durante una reciente visita a Cúcuta, un policía colombiano me dijo: "Son nuestros hermanos y hermanas. Nuestras familias siempre han vivido a ambos lados de la frontera. Mi padre era venezolano y mi madre es colombiana. ¿Cómo no vamos a tratarlos como a una familia?". Sin embargo, la pregunta es ¿por cuánto tiempo?

Es innegable que la gran cantidad de estos migrantes está abrumando seriamente los servicios sociales de Colombia, y muchos aquí hablan de un aumento de la xenofobia. Hace dos años, la mayoría de los cálculos estimaban que el número de venezolanos residentes en Colombia era inferior a 200,000. Actualmente, ese cálculo es de 1.3 millones, según Felipe Muñoz, coordinador presidencial para la frontera colombiano-venezolana. No obstante, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha recibido maravillosamente a los inmigrantes venezolanos, pero su gobierno está sencillamente abrumado.

Además, como resultado del propio acuerdo de paz de Colombia y de las difíciles secuelas desde su entrada en vigor en 2016, Duque enfrenta una nueva crisis de desplazados en las zonas donde la guerrilla se desmovilizó oficialmente. Varios miles de exguerrilleros simplemente se han unido a las organizaciones criminales que trafican armas y drogas o se dedican a la minería ilegal. Estas actividades han provocado que los colombianos pobres de zonas rurales sean desplazados a pueblos y ciudades regionales, lo cual sobrecarga la prestación de servicios básicos a los ciudadanos.

La comunidad humanitaria internacional ha dado un paso al frente para ayudar al gobierno colombiano a darles a los migrantes venezolanos la información que necesitan para navegar el laberinto de servicios médicos, educativos, residenciales y otros. A diferencia de los campamentos de refugiados tradicionales en el Cuerno de África o Jordania, donde la ONU y grupos como el Consejo Noruego para los Refugiados, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y muchos otros tienen un área geográfica designada para trabajar y organizar la prestación de servicios bajo un techo coordinado, la crisis andina es distinta. Los caminantes venezolanos salen de una situación de crisis y caminan directamente hacia otra.

En la frontera oriental de Colombia hay al menos cinco diferentes grupos armados irregulares, bien armados y financiados. Ellos controlan los cruces informales de la frontera a lo largo de los 2,000 kilómetros que ésta recorre. Cobran un impuesto por cada porción de comida y cada medicina que los venezolanos intentan enviarles a sus familias hambrientas. Les imponen una cuota de peaje a los venezolanos que quieren caminar al oeste hacia Colombia.

En otras palabras, aunque el lado colombiano de la frontera es innegablemente más seguro y está vigilado por efectivos militares y policiales profesionales, no es pan comido. Y en la mayoría de los lugares, los caminantes no tienen un solo punto de contacto del lado colombiano para buscar los servicios humanitarios que necesitan. La conclusión es que el gobierno colombiano necesita más ayuda de los gobiernos regionales.

Cuando el gobierno interino de Juan Guaidó pidió una masiva labor de entrega de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero e intentó entregar 350 toneladas de asistencia humanitaria en su mayoría proporcionada por Estados Unidos, fue recibido por las balas de Maduro. Estados Unidos apoyó debidamente esa labor, aunque en retrospectiva parece haber sido un poco cándido al pensar que todo funcionaría exactamente como se diseñó. Sin embargo, tras haberla incentivado, Estados Unidos y los miembros del Grupo de Lima ahora deberían intentar aumentar su contribución a la respuesta humanitaria de Colombia. Las ONG están haciendo un excelente trabajo y dicen que pueden hacer más. Pero Colombia necesita contratar más maestros, construir más escuelas y clínicas, proporcionar más viviendas temporales y permanentes. Y lo que es más importante aún, debe agilizar más su manejo procesal de los venezolanos. A todas estas tareas puede contribuir un enfoque concertado del gobierno y las ONG.

Incluso aunque mañana apareciera milagrosamente una salida política negociada para el régimen de Nicolás Maduro, nadie en Cúcuta duda que los venezolanos seguirán caminando. Muñoz estima que entre el 60% y el 70% de los venezolanos aquí y los que llegan diariamente se quedarán en Colombia.

Es del interés de Colombia, de Estados Unidos y, de hecho, del hemisferio, que se les trate de manera humana, ordenada y eficiente. Necesitan desesperadamente capacitación en competencias y supervivencia para poder integrarse a la economía colombiana. Colombia y las ONG han comenzado de forma encomiable. Pero se necesita hacer mucho más –e inmediatamente– pues en lo único en que todos en la frontera y en Bogotá coinciden es en que los caminantes de Venezuela no dejarán de caminar.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.