Estados Unidos puede frenar la trata de profesionales sanitarios cubanos

Por décadas, el régimen de Cuba ha practicado impunemente la trata de sus trabajadores sanitarios, médicos, dentistas, farmacéuticos y enfermeros, entre otros. Los envía a distintas partes del mundo mediante condiciones y contratos abusivos cuyas divisas van a parar, de forma abrumadora, a las arcas del propio régimen. La pandemia de coronavirus ha acelerado esa práctica ignominiosa.

Por eso es importante que algunas influyentes instituciones democráticas estén finalmente intentando hacer algo concreto para defender a los esclavos cubanos contemporáneos. Hasta fecha reciente, la tendencia había sido mayormente a la complicidad en la trata por parte de gobiernos latinoamericanos, africanos y del Medio Oriente. Pero hace unos días, el Parlamento Europeo denunció lo que calificó de “las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero”. Las denuncias han llegado a Naciones Unidas y a importantes organizaciones humanitarias internacionales.

Ahora los senadores cubanoamericanos Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, y Marco Rubio, republicano de la Florida, presentaron por segunda vez en menos de dos años el “Combatting Trafficking of Cuban Doctors Act”, un proyecto de ley que exhorta a “fortalecer la rendición de cuentas del régimen cubano por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros y otros profesionales médicos cubanos” enviados a misiones en el extranjero.

Aún más significativo es que la medida corregiría un error cometido por el gobierno del presidente Obama y restablecería el llamado “C uban Medical Professional Parole Program”, el programa que daba amparo a profesionales sanitarios cubanos que escapan de la trata y buscan refugio en Estados Unidos. Centenares de cubanos recuperaron su libertad gracias a ese programa. La legislación también le exigiría al gobierno federal que pida cuentas a otros gobiernos que, por descuido o mala fe, alientan la esclavitud de los profesionales cubanos.

El régimen de la familia Castro suele ofrecer “ayuda médica” a países que enfrentan una crisis humanitaria o carecen de suficiente personal sanitario para atender adecuadamente a sus poblaciones. Pero, detrás de este falso gesto humanitario, hay un esquema de coerción y explotación que convierte a los profesionales cubanos en cautivos y víctimas de toda suerte de atropellos. De entrada, el régimen se queda por lo menos con el 75 por ciento de lo que les pagan generalmente en dólares. También les retiene el pasaporte y otros documentos de identificación para tratar de evitar que escapen. Los somete a estrecha vigilancia en los países donde trabajan. Si logran fugarse, corriendo grandes riesgos personales y para sus familiares que permanecen en calidad de rehenes en Cuba, entonces les prohíben regresar a la isla durante ocho años. Y en algunos casos los exponen a condenas carcelarias por “incumplir las misiones internacionalistas”.

El texto del proyecto de ley refleja una clara comprensión de los abusos que padecen los profesionales médicos cubanos. “Es inaceptable”, escribe el senador Menéndez, “que el régimen cubano haya seguido explotando a médicos y enfermeras con fines de lucro, reteniendo sus pasaportes, tomando represalias contra sus familias y manipulándolos mediante otras formas de presión e intimidación”. Su colega Rubio añade que La Habana “puede intentar disfrazar estas misiones como esfuerzos humanitarios, pero la realidad es que son brigadas de trata de personas patrocinadas por el estado”.

Como mencioné anteriormente, el gobierno del presidente Obama lamentablemente renunció a proteger a profesionales cubanos como parte de su torpe componenda con el régimen de la familia Castro. El gobierno del presidente Trump nunca restableció la protección. Pero el gobierno del presidente Biden da señales de entender que en juego se hallan la libertad y el bienestar de muchos cubanos. Hace unos días, Washington se sumó a la demanda de la doctora Ramona Matos Rodríguez y otros médicos cubanos en una corte federal del Distrito de Columbia contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS, por servir de intermediaria en la explotación de personal médico cubano.

La defensa humanitaria de los profesionales cubanos de la salud merece apoyo bipartidista en el Congreso. Para lograrlo, es importante educar a todos los legisladores sobre los atropellos que padecen esos profesionales. También lo es que el gobierno de Biden dé señales claras de que apoya la propuesta de los senadores Menéndez y Rubio. Otras dictaduras en nuestro hemisferio, como las de Venezuela y Nicaragua – y las que puedan surgir en el futuro - podrían seguir el mal ejemplo de Cuba y copiar sus esquemas de explotación laboral. Actuar ahora de manera contundente y por consenso pondría a Estados Unidos firmemente en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos de los profesionales cubanos de la salud.

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