Es hora de sortear la recomendación de la asesora legal del Senado

La asesora legal del Senado, una respetable señora que ostenta el título oficial de parlamentaria, no ha dejado margen para la duda. No quiere aprobar - y no aprobará - ningún plan demócrata ni de nadie más para darles una vía hacia la legalización a siete millones de indocumentados. La buena señora, que se llama Elizabeth MacDonough, ha rechazado tres propuestas de incluir un discreto plan migratorio en el proceso de reconciliación presupuestaria en el Senado. Al buen entendedor, con pocas palabras.

MacDonough suele tomarse su tiempo antes de decir que no. Y cuando finalmente lo hace, declara que el plan demócrata implicaría “cambios sustanciales de política con efectos duraderos”, los cuales superarían “el impacto presupuestario”. En lenguaje llano eso significa que ella rechaza el que se regularice a los indocumentados a menos que una mayoría amplia de senadores estén de acuerdo, incluyendo republicanos; y que considera que el plan de regularizarlos costaría cientos de millones de dólares en trámites burocráticos y personal del gobierno para ejecutarlo.

En el análisis de la asesora brilla por su ausencia cualquier referencia a las ventajas que para ellas y para el país tendría el sacar formalmente de las sombras a millones de personas que llevan años viviendo, estudiando y trabajando en Estados Unidos. Estimados menos pesimistas que el de MacDonough, realizados al margen de la política, sugieren que la legalización de indocumentados aportaría entre $90 mil y $210 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto en 10 años y ayudaría a reducir el déficit. (V. “The Economic Benefits of Legalizing Immigrants’ Presence, National Immigration Law Center).

Pero las ventajas de la legalización no serían solamente económicas. También mejoraría la calidad de vida de millones de personas que viven entre nosotros, otorgándoles acceso a servicios públicos y sanitarios que en la actualidad se les niega; facilitaría la colaboración de los indocumentados con los cuerpos policiales y las cortes de justicia en la lucha contra la delincuencia; y eventualmente les permitiría participar en actividades cívicas y políticas, incluyendo las elecciones. Es perturbador que estas ventajas apenas figuren en las evaluaciones que hacen la funcionaria y otros críticos de la legalización en el Senado.

MacDonough se ha labrado la reputación de ser una funcionara que vela celosamente por el cumplimiento de la ley. En el pasado, ha recibido elogios bipartidistas. Pero sus recomendaciones en realidad no son vinculantes. Los republicanos aplauden su rechazo a la legalización porque ellos, en masa, también se oponen a ella. Dicen temer que una “amnistía” estimule la inmigración ilegal. Pero la verdad es que también temen, con o sin fundamento, que la mayoría de las personas legalizadas voten por sus rivales demócratas.

Por eso, el presidente Biden y los líderes de su partido en el Congreso deberían considerar seriamente el rechazar la recomendación de MacDonough sobre un asunto sensible para los hispanos. La renuencia republicana a considerar cualquier plan de legalización es un argumento poderoso para actuar por cuenta propia mientras los demócratas controlen la Casa Blanca y el Congreso, aunque ese control sea frágil en el Senado. La promesa que hicieran en las pasadas elecciones de buscar la legalización es otro imperativo para que en efecto la busquen.

Los republicanos han ignorado varias veces las recomendaciones de los asesores legales del Senado en el pasado. Los demócratas, por lo menos en una ocasión. Lamentablemente, la polarización política ha hecho más difícil el acatar al pie de la letra las sugerencias de funcionarios que en definitiva no son electos y que sirven a discreción de los líderes del Congreso. Los republicanos están invocando la opinión de MacDonough como pretexto para ignorar la conveniencia de regularizar a los “dreamers” y a los trabajadores agrícolas y esenciales que durante la pandemia se han estado jugando la salud y la vida a nombre de todos nosotros.

A raíz de la última negativa de la asesora, líderes demócratas prometieron “procurar cualesquiera medios para lograr una senda a la ciudadanía” en un futuro proyecto de ley. Llegó la hora de que cumplan esa promesa. Podrían complementar la iniciativa con un mensaje claro y contundente de que ni un solo senador republicano parece estar dispuesto a reformar nuestro averiado sistema migratorio si ello implica normalizar el estatus de los indocumentados; ni a hacer un gesto humanitario hacia ello. Ni siquiera aquellos senadores republicanos que dependen del voto de la comunidad inmigrante. La idea no es tanto avergonzarles por su incongruencia cuanto recordarles ante la nación cuál es, en este asunto, su responsabilidad histórica, política y moral.

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