En defensa de los soplones

El fiscal general Jeff Sessions está haciendo lo imposible por congraciarse con el presidente Trump. El mandatario lo humilló públicamente llamándole débil y diciendo que jamás lo habría nombrado al cargo si hubiera sabido que iba a recusarse de la investigación del contubernio entre su campaña y los rusos. Una semana después de esos ataques intempestivos e insólitos en un presidente, Sessions ha querido demostrarnos que puede ser más papista que el Papa.

Primero le declaró a la Mara Salvatrucha una guerra sin cuartel que ya se libraba, aunque sin tanta fanfarria. Cientos de pandilleros de la MS -13 han ido a parar como deportados a El Salvador y otros países durante años. Luego, Sessions intensificó las amenazas a las ciudades santuario. Y finalmente declaró otra guerra a los filtradores de informaciones dentro del propio gobierno y a los periodistas que reciben y publican tales informaciones. Con esta última acción, Sessions ha colocado peligrosamente al Departamento de Justicia al servicio de una mala causa que potencialmente conculcaría la libertad de información que garantiza la Primera Enmienda. Y todo para recuperar el favor de un presidente descarriado de cuyos excesos, ineptitud y vesania nos enteramos principalmente gracias a las filtraciones.

Aunque el presidente le había retirado la palabra, el otro día Sessions parecía dirigirse a él y solamente a él cuando anunció que había triplicado las investigaciones de soplones respecto a las que ya realizaba el gobierno del presidente Obama. “Concuerdo firmemente con el presidente”, tronó el fiscal general, “y condeno en los términos más severos el número de filtraciones que socavan la capacidad de nuestro gobierno de proteger a este país”. En realidad, las filtraciones y quienes las realizan se han convertido en una de las líneas de defensa más importantes de nuestra democracia ante los sistemáticos embates de un presidente que, rodeado de inexpertos y extremistas, miente a mansalva, promueve un nacionalismo pedestre y la xenofobia, desaira a aliados democráticos, coquetea con tiranos y obstruye las investigaciones de la injerencia rusa en las elecciones que le llevaron al poder.

Las filtraciones son cuestionables y potencialmente ilegales cuando revelan secretos de estados que el gobierno puede defender con argumentos válidos. Pero la inmensa mayoría de las que se están produciendo en la actualidad solo revelan contradicciones y acciones deshonestas del presidente Trump y su entorno. Y eso es algo que protege el llamado Whisteblower Act de 1989. Al adoptarlo, el Congreso reconoció la importancia de las filtraciones en nuestra democracia y creó la Oficina del Asesor Especial cuya función es recibir denuncias de soplones y darles debido curso. Muchos funcionarios federales, alarmados por los excesos y el matonismo de Trump y sus allegados, desconfían hoy de ese mecanismo y están filtrando lo que saben directamente a medios dispuestos a publicarlo y a proteger sus fuentes.

No contento con desatar una cacería de soplones, el fiscal general amenazó a los periodistas que reciben y publican la información que aquellos filtran. Anunció que había ordenado una revisión de las reglas mediante las cuales el Departamento de Justicia envía citaciones judiciales a miembros de la prensa. “El rol de los periodistas no es ilimitado”, proclamó con autosuficiencia. Y acto seguido los acusó, sin pruebas, de poner vidas en peligro con las filtraciones que publican. Lo cierto es que los medios están divulgando informaciones provenientes de fuentes oficiales las cuales revelan la verdad de lo que han dicho y hecho el presidente Trump y sus asesores y a menudo desnudan sus mentiras y manipulaciones.

Rehén de sus propios disparates y mendacidad, el presidente Trump enfrenta una constante rebelión interna de funcionarios que se sienten alarmados por la amenaza que representa para nuestra democracia y para el tradicional liderazgo de Estados Unidos en el mundo. De esa importante cantera provienen la mayoría de las filtraciones. El propio Trump pareció reconocerlo hace unos días cuando le ordenó a su efímero director de comunicaciones, Anthony Scaramucci, que identificara y despidiera a los soplones de la Casa Blanca. Entre los sospechosos se hallaban el jefe de su gabinete, Reince Priebus, y su secretario de prensa, Sean Spicer. Los dos perdieron sus puestos. Y lo mismo ha sucedido con otros funcionarios cuyos despidos o renuncias no han recibido la misma atención.

La nueva ofensiva del gobierno contra las filtraciones es un indicio de que los ataques de Trump y sus cortesanos contra la prensa no están surtiendo los efectos que ellos desean. Muchos estadounidenses –probablemente la mayoría– creen más las denuncias de los medios que las falsas versiones oficiales sobre asuntos tales como la persecución de inmigrantes, el muro con México, las luchas intestinas en la Casa Blanca, las malas relaciones con gobernantes aliados o el Rusiagate. La ofensiva contra los filtradores y periodistas también está destinada a fracasar. Las filtraciones disminuirán solo cuando el presidente y sus asesores comiencen a actuar con decoro y transparencia en lugar de dedicar los recursos del gobierno a manipular la opinión pública, mentir y encubrir sus acciones dudosamente legales.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.