Daniel Morcate: El asedio al derecho al voto

Por Daniel Morcate, miembro de la unidad política de Univision Noticias

Entre los diversos asaltos que en la actualidad sufre nuestra democracia, tal vez ninguno sea tan sistemático y potencialmente nocivo como el de las leyes que buscan suprimir votantes. Son medidas que han ido adoptando legislaturas estatales dominadas por republicanos y concejos municipales controlados por blancos no hispanos, muchas veces también, aunque no siempre, republicanos.

Su objetivo declarado es combatir el fraude electoral. Pero su propósito ulterior es mantener alejada de las urnas a la mayor cantidad posible de votantes afroamericanos, hispanos y jóvenes, es decir, el tipo de votante que abrumadoramente contribuyó a darle dos triunfos electorales al primer presidente afroamericano de Estados Unidos, Barack Obama.

Los autores y promotores de estas medidas antidemocráticas, que proliferan sobre todo en el sur profundo, han logrado, además, arroparlas en una dudosa legitimidad gracias a una decisión de la Corte Suprema de 2013, Shelby County Vs. Holder, que a la ligera proclamó el fin de la discriminación a los votantes y socavó el poder que tenía el gobierno federal para meter en cintura a estados, condados y municipios que de manera arbitraria excluyen a ciudadanos de las urnas.

También han logrado excluir el tema de las grandes discusiones nacionales, hasta el punto que ni siquiera figuró en los primeros ocho debates presidenciales ni tampoco en la vasta cobertura de la campaña que han realizado los principales medios televisivos. Y sin embargo ningún otro tema reviste mayor importancia para el futuro inmediato de nuestra democracia.

Dos mil dieciséis será el año en que, por primera vez desde que se adoptó la Ley de Derechos de Votantes en 1965, los norteamericanos elegiremos presidente asediados por medidas de supresión de votantes.

Algunas dificultan la inscripción en las listas electorales, como sucede en la Florida, donde una legislatura y un gobierno republicanos en 2011 recortaron el plazo para inscribirse para votar e impusieron una jugosa multa a quienes sometan tarde las solicitudes de inscripción. Esta medida pende como una espada de Damocles sobre las organizaciones cívicas, como la Liga de Mujeres Votantes, que en ése y otros estados tradicionalmente hacían campañas para inscribir electores.

Otras leyes exigen presentar en los centros de votación identificaciones con fotos, como sucede en Texas e Indiana, donde decenas de miles de personas de minorías étnicas, discapacitadas y ancianas se quedaron sin sufragar en recientes elecciones porque carecían de esos documentos.

En los estados sureños proliferan asimismo medidas para purgar de las listas de votantes a personas que supuestamente no califican, casi siempre debido a patéticos tecnicismos o demoras burocráticas en los trámites de inscripción.

Es así como Georgia sacó de su padrón electoral a 98,000 personas solamente en 2008. Abundan, además, las leyes que prohíben votar a presidiarios y ex presidiarios que ya pagaron sus deudas a la sociedad, lo que ha convertido a Estados Unidos en la única democracia en el mundo que sistemáticamente impide sufragar a reos y ex reos. Más de cinco millones no pudieron hacerlo en 2004. Y el número podría aumentar vertiginosamente el año próximo.

La calculada ofensiva para suprimir votantes refleja un temor irracional de algunos sectores políticos y étnicos a los cambios sociales y en el equilibrio de poder en el país. Pero el voto es, precisamente, la forma más legítima y pura de hacer cambios en una democracia como la nuestra.

Por eso, es importante responder a la ofensiva antidemocrática con otra que restablezca y fortalezca el derecho de todos los norteamericanos adultos a votar, tal y como exigía en su versión original la Ley de Derechos de Votantes que aprobó el Congreso y promulgó el Presidente Lyndon B. Johnson hace 40 años. Organizaciones cívicas, como la Unión Norteamericana para los Derechos Civiles, han dado el primer paso retando en las cortes algunas medidas de supresión de votantes.

El Departamento de Justicia se ha sumado al contraataque. Pero la estrategia judicial, lamentablemente, no ofrece garantías de éxito, especialmente porque el árbitro final pudiera ser una Corte Suprema dominada por jueces conservadores, los mismos que desvalijaron la antes mencionada Ley de Derechos de Votantes hace un par de años.

Por eso, 2016 debería ser el año en que las organizaciones cívicas que velan por nuestra democracia intensifiquen los esfuerzos para proteger el derecho al voto de los norteamericanos. Pudieran hacerlo mediante campañas que no solo procuren inscribir electores nuevos sino también educarlos sobre cómo evitar caer en las trampas que les han tendido algunos conservadores.

A ese esfuerzo deberían sumarse nuestros dirigentes políticos que entiendan la injusticia y el peligro que entraña la metódica supresión de votantes, incluyendo aquellos conservadores que no compartan esa estrategia espuria y que prefieran luchar por el poder en buena lid, con ideas y propuestas concretas, tal y como corresponde a una democracia sana y segura de sí misma.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.