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Guerrilla colombiana atacó sin saña

Guerrilla colombiana atacó sin saña

Un comando de las FARC irrumpió en una sesión de un Concejo municipal del sur de Colombia y mató a seis políticos.

El ataque ocurrió mientras el Congreso discutía garantías para las elecciones legislativas y presidenciales que tendrán lugar a comienzos de 2006.

El comando rebelde que según las autoridades hace parte del frente Teófilo Forero, una unidad elite de las FARC, incursionó en la plaza de Puerto Rico, 508 km al sur de Bogotá, en el departamento de Caquetá, una de las zonas de mayor producción de cocaína.

"Los guerrilleros llegan disparando en una camioneta Toyota, de ella se bajaron dos individuos y entran al recinto del Concejo donde proceden a acribillar a mis compañeros", narró Wilmer Lizcano, quien sobrevivió al ataque junto con su pequeño de seis años.

"Uno de los concejales que falleció me pasó a mi hijo, lo apreté a mi cuerpo y me lancé hacia el patio de la casa contigua, así salvé mi vida de milagro", añadió el concejal.

Jorge Calderón alcalde de Puerto Rico, poblado de 20 mil habitantes, explicó que el comando llegó por el puerto sobre "el río Guayas, y por ahí los agresores ingresaron y salieron tranquilamente luego de su acción".

"No hubo respuesta ni de la Policía ni del Ejército. Si el gobierno (central) no tiene cómo repeler inmediatamente una acción de éstas es muy difícil" mantener la autoridad, se lamentó el alcalde, quien confirmó que cuatro concejales y el secretario del órgano legislativo municipal murieron tras el ataque, que ocurrió a pocos metros de un puesto policial.

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Este miércoles, otro de los políticos heridos murió, confirmó en Bogotá la Federación Nacional de Concejales.

Policías en moto y algunos soldados custodiaban la sede del Concejo, donde aún no han sido limpiados los charcos de sangre, ni los restos de bala que quedaron en el piso, junto con zapatos, unas muletas y papeles, según relató un fotógrafo.

Al condenar el ataque, el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, dijo que el gobierno se esfuerza por proteger a los políticos amenazados, pero señaló que "ante la sorpresa de los ataques no se puede hacer nada".

"Que guerrilleros bajen de una camioneta y los asesinen es muy difícil de prever, por esos son terroristas, son ataques sorpresa" añadió Pretelt.

El Caquetá es uno de los cinco departamentos donde hace un año se adelanta el Plan Patriota, una ofensiva militar que cuenta con el apoyo logístico de Estados Unidos y en la que 17 mil soldados colombianos realizan operaciones contra tradicionales bastiones de las FARC en el sureste del país.

Puerto Rico es vecino a la región del Caguán, que entre 1999 y 2002 fue desmilitarizada para llevar a cabo diálogos de paz con las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante el gobierno de Andrés Pastrana.

La guerrilla ha denunciado que el pueblo se convirtió en los últimos meses en un fortín paramilitar.

Otro de los concejales, Edilmer Castaño, dijo que no se explica como sobrevivió. "Yo me cubrí con el mesón de la cocina junto a un colega y desde ahí vimos cómo mataron a nuestros compañeros, cómo entraban y les daban tiros de gracia en la cabeza".

El ataque se realizó al mismo tiempo que en Bogotá una comisión conjunta del Congreso aprobaba una ley de garantías para las elecciones de 2006, que debe ser aprobada ahora por la plenarias de Senado y Cámara.

El politólogo Fernando Giraldo, de la Universidad Sergio Arboleda, consideró que es una acción de las FARC para "desgastar al gobierno" de cara a las elección presidencial en la que Uribe aspira a ser reelegido.

El gobierno colombiano ordenó capturar al jefe paramilitar Diego Murillo, alias 'Don Berna' o 'Adolfo Paz', por la muerte de un diputado, y lo excluyó del diálogo con los escuadrones de extrema derecha, en un hecho que puso de nuevo en vilo el proceso iniciado hace dos años.

La orden fue dada por el presidente Alvaro Uribe al director de la Policía, general Jorge Castro, quien comandaba este miércoles una operación para detener a Murillo en Santa Fe de Ralito (norte), sede del diálogo y donde se concentran los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Murillo, de 43 años, es procesado en Estados Unidos por narcotráfico y está acusado de masacres, secuestros y otros delitos cometidos, además, en el marco de una guerra que libró en los años noventa con el extinto jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar.

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Un fiscal había expedido una orden de captura el martes contra 'Don Berna', por el asesinato en abril de Orlando Benítez, diputado (legislador regional) del departamento de Córdoba, donde está ubicado Santa Fe de Ralito (700 km al norte de Bogotá), en un atentado en el que murieron otras dos personas.

La Fiscalía, sin embargo, suspendió luego la medida en cumplimiento de un acuerdo que impide capturar a los negociadores de las AUC, pero Uribe aclaró que Murillo no funge como tal y ordenó su captura.

Murillo "debe comparecer ante la justicia. El proceso de paz con él queda suspendido. La orden a la fuerza pública es adelantar todas las diligencias para capturarlo", señaló un comunicado del gobierno este miércoles.

"Con el resto de los integrantes de la mesa, el gobierno está dispuesto a continuar el proceso de paz siempre y cuando se cumpla el cese de hostilidades", añadió el texto.

El gobierno también advirtió que no permitirá que "el proceso de paz y la zona de ubicación (sede de las conversaciones) sirvan de paraíso de impunidad".

Se trata de la medida más dura adoptada por Uribe contra las AUC en el marco de un proceso de paz iniciado hace dos años, y que ha estado a punto de romperse varias veces por diferencias en torno a los pedidos de extradición de Estados Unidos, las garantías jurídicas para los desmovilizados y las guerras internas en la ultraderecha.

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Las AUC no reaccionaron aún a la orden de Uribe, pero la congresista Rocío Arias, impulsora del diálogo y quien se confiesa admiradora de 'Don Berna', dijo que "es un golpe" a las negociaciones detrás del cual están los enemigos de una salida pacífica con los paramilitares.

'Adolfo Paz' dirige el Bloque Pacífico y ostenta el cargo de inspector general de las AUC, organización que se comprometió a desmovilizar a unos 20 mil paramilitares, en un proceso gradual que debe culminar este año y en desarrollo del cual ya dejaron las armas cerca de 5 mil combatientes.

El plan de desarme se inició el 25 de noviembre de 2003 con la entrega de 871 miembros del Bloque Cacique Nutibara, que dirigía Murillo. El gobierno reconoció, no obstante, que muchos de ellos eran en realidad delincuentes callejeros reclutados a última hora por los paramilitares. El proceso de paz con las AUC es blanco de cuestionamientos por parte de la oposición, grupos de derechos humanos y Naciones Unidas.

Las críticas se centran en la impunidad que se otorgaría a los jefes paramilitares por las masacres contra civiles indefensos y delitos de lesa humanidad cometidos en casi 20 de años de lucha contra las guerrillas izquierdistas.

La semana pasada el ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, dijo que el gobierno estaba "harto" de las acusaciones de que favorece a los paramilitares.

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Uribe también salió al paso de esas críticas y pidió que los mandatarios que lo antecedieron respondan por la forma como dejaron crecer el fenómeno paramilitar, y reivindicó que en tres años de gobierno han sido abatidos 1,125 de esos irregulares y 1,864 fueron capturados.

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