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Factura simbólica con el precio de un servicio para parejas. 

Colectivo de prostitutas reparte facturas de sus servicios para pedir legalizar su trabajo

Colectivo de prostitutas reparte facturas de sus servicios para pedir legalizar su trabajo

Una organización argentina de meretrices solicita regular el trabajo sexual para tributar y tener derechos y oblicaciones como cualquier otro ciudadano

Factura simbólica con el precio de un servicio para parejas. 
Factura simbólica con el precio de un servicio para parejas. 

Desde hace ya varias semanas, y con mayor impulso durante el Día del Trabajo, un colectivo argentino de prostitutas ha salido a las calles de Buenos Aires para reclamar sus derechos, y para ello ha ideado una campaña que, por su originalidad, ha conseguido que se hable incluso más allá de las propias fronteras argentinas.

Su idea: repartir en la calle facturas con los precios y servicios que cada día realizan las cerca de 80,000 trabajadoras sexuales se calcula que viven en el país austral.

Su objetivo: visualizar una actividad que consideran un trabajo como cualquier otro, de modo que queden sujetas a todas las obligaciones y derechos, que además repercutiría en una mayor recaudación para la hacienda pública.

“Queremos poder instalar en la sociedad la importancia de la regulación del trabajo sexual autónomo, las problemáticas y las consecuencias a las que nosotras, mujeres mayores de edad, que por decisión propia y de forma voluntaria, decidimos ejercer esta actividad”, explica vía telefónica Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), la organización que se esconde detrás de esta iniciativa.

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Más de uno de los ciudadanos a los que abordaron para explicarle sus reivindicaciones se reiría al ver las facturas en las que se detallaba algunos de los servicios que ofrecen y precios que cobran, como un servicio completo, por 500 pesos (unos 56 dólares); una francesa, que es mucho más económica, 200 pesos ($22); una fantasía con dos participantes, para los que se pueden permitir desembolsar 700 pesos ($79), o un servicio para parejas, que eleva el total a 800 pesos ($90). 

Pero el tema es muy serio. 

La prestación de servicios sexuales no está regulada en Argentina, lo que implica que no es ilegal pero tampoco se puede perseguir, lo que crea vacío por el que caen las trabajadoras sexuales y que les provoca graves problemas laborales como personales. 

Porque, como denuncia Orellano, esta alegalidad conlleva que las prostitutas estén sufriendo persecución y hostigamiento policial, por no hablar de la extorsión que muchas veces sufren de los agentes para poder trabajar.

Igualmente sufren una exclusión en su vida diaria, al “no poder acceder a la vivienda, a una salud integral o una obra social, o realizar aportes jubilatorios por trabajar en la informalidad”, recalca esta activista. Por ello, se ven obligadas a padecer “todo tipo de abusos, como el tener que pagar tres veces más por un alquiler por no tener un recibo de sueldo que constate los ingresos ante los dueños del inmueble, o  no poder sacar ningún tipo de crédito".

Cómo funcionaría

La petición de AMMAR, que lleva defendiendo los derechos de las trabajadoras sexuales desde finales de 1994 y que cuenta con 6,000 afiliadas en todo el país, propone que las meretrices puedan realizar un aporte mínimo de 360 pesos mensuales (unos 40 dólares), que es el pago que recoge la legislación argentina para los autónomos con menos ingresos.

Pese a que este colectivo no ha calculado de forma exacta cuáles serían los ingresos que ganaría el fisco argentino, es fácil hacer los cálculos: 80,000 trabajadoras del sexo tributarían 28,800,000 pesos mensuales (3,228,480 dólares) o lo que es lo mismo 345,600,000 pesos anuales (38,741,760). Como mínimo, porque según Orellano las cifras sobre personas que se dedican al mundo del sexo habría subido desde 2009, año del que están tomados los datos. “Queremos aportar para que ese dinero también se convierta en políticas públicas para todos los ciudadanos”, expresa esta activista.

Sin confusión

Con esta campaña, que es apoyada por algunas figuras públicas argentinas como los legisladores de Buenos Aires Pablo Ferreira o María Rachid, pretenden también arrancar ese prejuicio que existe en la sociedad entorno al ejercicio libre de la prostitución.

“Queremos despegarnos de esta mirada estigmativa y descriminadora que siempre hay y plantear las acciones políticas para que se vea que nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo”, reivindica la secretaria general de AMMAR, y que pide no se confunda la prostitución con otras actividades ilegales que, desde la asociación, condenan sin paliativos.

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De esta manera creen que se puede acabar con los prejuicios que hay alrededor de su trabajo. De hecho, el colectivo quiere incidir en que son las prostitutas, con la actual situación, las que viven sin ningún tipo de protección, aunque reclaman que no sean vistas como víctimas sino simplemente otros miembros de la clase trabajadora y como sujetos de derecho con la libertad de elegir “nuestra vida y estar en igualdad de condiciones con el resto de la población trabajadora”.

Para que la prostitución no sea identificada con el proxenetismo o la trata de blancas, quieren que la ley "y así lo especifica el proyecto que han presentado- recoja que el trabajo sexual es “la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual a cambio de un pago para beneficio propio” realizado siempre por mayores de edad.

La inclusión de actividades que hasta ahora estaban fuera de control de la economía legal no es nuevo. Por ejemplo, en la Unión Europea, donde desde hace años se ha invitado a que los 28 miembros incluyan en sus estadísticas económicas actividades como la prostitución, el contrabando o el tráfico de drogas.

Desde el 2016, será obligatorio para todos países de la Unión Europea, pero ya algunos han comenzado a incluirlo en el cálculo del PIB (Producto Interior Bruto). Las autoridades españolas, por ejemplo, anunciaron en el 2014 que la economía había crecido 10,000 millones precisamente al incluir en la metodología dichas actividades. Algunos analistas creen que suponen aproximadamente el 1% del total de la economía de ese país. 

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