Fiscalía de EEUU solicita cadena perpetua para "El Mayo" Zambada

El 20 de julio de 2026, Ismael “El Mayo” Zambada enfrentará su audiencia de sentencia, donde la Fiscalía busca la cadena perpetua tras aceptar de culpabilidad para evitar la pena de muerte. El proceso judicial ha quedado marcado por la ratificación de las autoridades estadounidenses sobre la red de corrupción sistémica que operó el capo, mediante el pago de millonarios sobornos a diversos niveles del gobierno mexicano

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La Fiscalía de los Estados Unidos reiteró que el narcotraficante confeso Ismael “El Mayo” Zambada pagó millones de dólares en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano y confirma que pide cadena perpetua. La propuesta fue admitida a unos días de la audiencia de sentencia y a punto de cumplirse dos años desde que fuera entregado (25 de julio de 2020) a las autoridades de Estados Unidos.

El 20 de julio de 2026 está programada en la corte en Brooklyn, Nueva York, la audiencia de sentencia en la que se anticipa que, por los delitos de los que se declaró culpable, reciba esa sentencia. Zambada aceptó su culpabilidad en agosto de 2025 a cambio de evitar un juicio y enfrentar la pena de muerte, entre otros posibles beneficios adicionales.

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El memorando de sentencia presentado por la fiscalía del Distrito Este de Nueva York representa el final del proceso penal contra Ismael Zambada García. El documento, entregado el 13 de julio de 2026, será la base central de la audiencia donde el juez Brian M. Cogan dictará la sentencia el próximo 20 de julio.

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“Sería difícil exagerar la magnitud de los delitos del acusado y la escala de la corrupción, la violencia y otros daños que propagó por todo México, Estados Unidos y el mundo. De hecho, los delitos del acusado son tan vastos que la ley exige una sentencia de cadena perpetua”, menciona el documento.

Los argumentos de la fiscalía para solicitar la cadena perpetua se sustentan en investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas a escala mundial por “El Mayo”. El escrito detalla cómo el acusado, desde finales de los años ochenta, participó en la creación y consolidación del cártel de Sinaloa, una organización que transformó los métodos de distribución de sustancias ilícitas mediante el uso de túneles y redes ferroviarias transfronterizas.

"El acusado fue cofundador a finales de la década de 1980 del brutalmente violento cártel de Sinaloa (el "Cártel"). El acusado supervisó el transbordo de millones de kilogramos de drogas letales, incluyendo cocaína, fentanilo y metanfetamina. Empleó a sicarios armados quienes, bajo la dirección del acusado, asaltaron, torturaron y asesinaron para promover los objetivos del cártel", indica el memorándum.

También menciona la evolución de esa organización criminal a partir de alianzas estratégicas con grupos colombianos, las cuales permitieron el incremento exponencial en el envío de cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense. Según el documento, este proceso incluyó una transición donde la estructura dirigida por Zambada asumió el control directo de las cadenas de suministro tras el retiro gradual de los grupos colombianos.

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"Esto cambió en la década de 2000, cuando los colombianos, al ver una mayor actividad de las fuerzas del orden, comenzaron a abandonar sus negocios de distribución en Estados Unidos a favor de permitir que los narcotraficantes mexicanos invirtieran en envíos de cocaína a precios de mayorista", indica la propuesta.

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La alianza con "El Chapo

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El memorando también expone el papel de Zambada durante la alianza con Joaquín Guzmán Loera, destacando momentos críticos como el conflicto territorial con otras organizaciones y la logística que permitió la fuga de Guzmán en 2001. A partir de 2017, cuando Guzmán quedó bajo custodia estadounidense, el texto identifica a Zambada como el líder principal de la estructura, periodo en el cual el grupo expandió sus operaciones hacia la distribución de fentanilo y otras drogas sintéticas.

El reporte enumera casos específicos, como el asesinato de Eliseo Imperial Castro en mayo de 2024 y las represalias violentas ocurridas en Tijuana tras el robo de un cargamento, como pruebas directas de la dirección operativa del acusado sobre su personal de seguridad.

Desde oficiales de policía locales que escoltaban la droga a través de México, hasta funcionarios corruptos que informaban al cártel sobre acciones militares, frustraban operaciones de captura y consultaban con el cártel sobre procedimientos e investigaciones en su contra. Bajo el reinado del acusado, él aumentó los sobornos a policías, comandantes militares y políticos para proteger al cártel”.

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El escrito menciona los criterios de la ley de Empresa Criminal Continua, la cual estipula una sentencia de cadena perpetua cuando un líder de una organización obtiene beneficios superiores a los diez millones de dólares en un periodo anual.

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Además de la pena privativa de libertad, la fiscalía solicita un decomiso de quince mil millones de dólares, cifra que representa el volumen financiero generado por las actividades del cártel bajo el mando de los líderes procesados.

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Petición de confinamiento

El documento aborda finalmente la cuestión sobre el lugar de confinamiento del acusado, respondiendo a la solicitud de la defensa de ser trasladado a centros con servicios de salud específicos.

La fiscalía argumenta que el juez debe considerar el peligro de seguridad que representa Zambada, debido a la posible influencia que aún mantiene sobre facciones del cártel, lo cual desaconseja facilitar su traslado a centros penitenciarios donde la supervisión de riesgos no sea la adecuada para este perfil. Con estos argumentos, el gobierno cierra su exposición ante el juez, dejando el dictamen final para la fecha señalada.

“El acusado ha sido detenido hasta la fecha bajo medidas administrativas especiales. “Esas preocupaciones de seguridad continuarán en el futuro previsible porque individuos leales al acusado siguen controlando el cártel, el cual además está ahora designado por el Secretario de Estado como una Organización Terrorista Extranjera”, menciona el documento.

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