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Juicios

CNDH pide a PGR que revise el informe donde se acredita tortura y ejecuciones en caso Tlatlaya

El pasado viernes un magistrado resolvió la liberación de tres militares implicados en el caso porque la PGR no pudo demostrar las acusaciones
18 May 2016 – 2:16 PM EDT

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que en las investigaciones realizadas anteriormente sobre el caso Tlatlaya se acreditaron las violaciones a derechos humanos con las ejecuciones arbitrarias de entre 12 y 15 civiles, manipulación del lugar de los hechos y tortura.

Las declaraciones del presidente de la CNDH se dieron luego de que el pasado viernes un magistrado resolvió la liberación de los últimos tres de los ocho militares implicados en el caso, porque la Procuraduría General de la República no pudo demostrar las acusaciones por los delitos de homicidio, encubrimiento y alteración de evidencias.

En entrevista con el diario Milenio, el funcionario señaló: “Habría que preguntarnos si se tomaron en cuenta en la consignación que hizo la PGR los elementos contenidos en el expediente de la CNDH. La CNDH puso en manos de la PGR todo lo que tenía”.

Gonzalez pidió que la PGR tome en cuenta la información integrada en el informe de la CNDH que acredita los delitos.

Además de la CNDH, otras 16 organizaciones sociales también evaluaron el fallo del magistrado Adalid Ambriz, del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, y consideraron grave la resolución pese a la recomendación e investigación emitida por la CNDH.

En el expediente 247/2015 el magistrado Ambriz Landa sostiene que “alguien privó ilegalmente de la vida de los civiles”, pero no pudo determinar si los responsables fueron los militares procesados, arguyendo que se requerían “mayores elementos probatorios”.

Sobreviviente denuncia impunidad

Además de diversas organizaciones que condenaron el fallo emitido por las autoridades mexicanas con respecto al caso, una de las supervivientes expresó que siente “temor” por el hecho de que tres de los implicados se encuentren en libertad.

Clara Gómez, madre de Erika, una de las personas que perdieron la vida el 30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya, dijo en una entrevista radiofónica que se siente "muy indignada, molesta y enojada" por la liberación de los tres militares por insuficiencia probatoria.

La sobreviviente, quien se enteró por los medios de comunicación de que un juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), aseguró que tiene "un poco de temor de que estén sueltos los militares" y "miedo de que vayan a hacer algo".

No obstante, cuenta con medidas de protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) y otras cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gómez denunció que "el Gobierno no ha hecho nada en dos años" y que el caso "se está quedando impune".


El 30 de junio de 2014, el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, municipio del Estado de México. Sólo un soldado resultó herido.

A raíz de una investigación de The Associated Press comenzaron a surgir contradicciones sobre esa versión y, tanto el organismo nacional de derechos humanos, como la Procuraduría, anunciaron que investigaban el caso.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en un reporte que al menos 12 y hasta 15 de los 22 presuntos delincuentes habrían sido ejecutados extrajudicialmente.

Siete soldados fueron detenidos, aunque sólo tres fueron acusados de homicidio.

En octubre, un juez desestimó los cargos contra cuatro y la Procuraduría dijo que apelaría el caso. No está claro si los tres soldados exonerados por el tribunal son parte de los mismos a los que favoreció aquel juez en 2015.

La Procuraduría aseguró que ofreció "los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares", aunque el tribunal los desestimó.

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