Un viaje familiar cotidiano terminó convirtiéndose en el inicio de una pesadilla para Esteban Ríos Sosa, un residente de Oceanside desde finales de los 80’s, padre de un marine estadounidense. El 28 de septiembre de 2025, Esteban se dirigía a la base militar de Camp Pendleton para visitar a su hija embarazada, una rutina que había realizado unas diez veces antes sin contratiempos.
Jueza ordena el regreso inmediato a EEUU de Esteban Ríos Sosa, padre de exmarine, tras su deportación
La jueza Janis L. Sammartino otorgó un habeas corpus a Esteban Ríos Sosa, calificando su expulsión de "circunstancia extrema". El fallo exige su retorno inmediato a EE. UU. y la restitución de su estatus de acción diferida tras violarse el debido proceso.
Video "Yo perdí todo: casa, carro, trabajo": Migrante venezolano cuenta cómo fue reconstruir su vida tras ser detenido por ICE
Sin embargo, al llegar al control de acceso, agentes lo detuvieron a él y a su esposa. A pesar de presentar documentos de identificación REAL ID y permisos de trabajo válidos bajo un estatus de acción diferida, las autoridades interrumpieron su vida bruscamente.
Esteban Ríos tenía protección
El origen de la protección legal de Esteban se remontaba a un hecho trágico ocurrido casi dos décadas atrás. En 2006, su esposa, Luisa Ofelia Rodríguez Tejeda, fue víctima de un violento ataque. A raíz de esa agresión, Luisa solicitó una visa U destinada a víctimas de delitos, incluyendo a Esteban como derivado en la petición.
Para 2024, la agencia de inmigración determinó que la solicitud era legítima y les otorgó una acción diferida junto con autorizaciones de empleo, amparándolos legalmente de cualquier medida de expulsión.
Lo que siguió tras la detención en la base militar estuvo marcado por la incertidumbre y el engaño. Según una orden judicial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en el edificio federal de San Diego, los funcionarios les colocaron grilletes electrónicos y los citaron para una revisión dos semanas después, asegurándoles repetidamente que no serían detenidos ni deportados.
Sin embargo, el 9 de octubre de 2025, al acudir a la cita, la promesa se rompió. Esteban fue arrestado, conducido al sótano del edificio, obligado a colocarse una mascarilla para ocultar su rostro de las cámaras de noticias y deportado a México en menos de veinticuatro horas, sin notificación previa ni derecho a defenderse.
Su esposa fue enviada a un centro de detención, aunque posteriormente un juez de inmigración ordenó su liberación en virtud de su estatus protegido.
Durante su exilio forzado en México, Esteban sufrió el deterioro de su salud, dificultades financieras y la angustia de perderse el nacimiento de su nieto y la graduación universitaria de su hija. Las autoridades le entregaron un documento prohibiéndole el reingreso por diez años, aun cuando nunca revocaron formalmente su acción diferida.
Ante la arbitrariedad, la familia acudió a la justicia federal mediante una petición de habeas corpus.
La oscuridad legal finalmente se disipó cuando la jueza federal Janis L. Sammartino dictó resolución. Al conceder el recurso, la magistrada sentenció que “el Tribunal no puede imaginar circunstancias más 'extremas’ que una deportación ilegal sin justificación, notificación o cualquier oportunidad de ser oído”.
En consecuencia, la jueza ordenó a la administración que permita de inmediato el regreso de Esteban a Estados Unidos y lo restaure a su estatus de acción diferida, garantizando todos sus derechos como si la expulsión de octubre jamás hubiese ocurrido.
Video Hablemos de inmigración: ¿Cuánto cuesta defender un caso migratorio?