El caso de los padres de un marine detenidos por agentes federales (y uno de ellos deportado) tras una visita en una base de California ha puesto el foco sobre como la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump está afectando a las familias militares, dejando atrás una política de larga data que ofrecía ciertas restricciones para favorecer el alistamiento.
Cómo ha cambiado Trump la política de deportación de familiares de militares en EEUU
Las autoridades federales de inmigración detuvieron a los padres de un marine después de que la administración Trump cambiara una política que buscaba proteger a las familias militares de la deportación.
Por:Univision y AP
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La historia se conoció cuando Steve Ríos, marine de Oceanside, California, declaró a NBC 7 San Diego que sus padres, Esteban Ríos y Luisa Rodríguez, fueron detenidos a finales del mes pasado mientras recogían a su hermana embarazada, Ashley Ríos, y a su esposo, también infante de marina, en Camp Pendleton.
La pareja, que llegó a Estados Unidos desde México hace tres décadas y tenía solicitudes de residencia permanente pendientes, fue detenida por agentes de inmigración y posteriormente liberada con grilletes electrónicos, explicó Steve Ríos. En una entrevista posterior con agentes federales de inmigración, fueron detenidos y puestos bajo custodia, añadió.
Esteban Ríos, quien vestía una gorra y una camisa con la leyenda "Orgulloso padre de un marine estadounidense", fue deportado el viernes, según informó su hijo.
“Me había dicho: ‘Esta es mi camisa de la suerte, así que estaremos bien’”, recordó Ríos de su padre.
¿Cuál era la política migratoria para militares y sus familias?
Los reclutadores del Cuerpo de Marines han promovido durante mucho tiempo el alistamiento como una vía hacia la estabilidad para las familias sin estatus migratorio legal, pero los expertos afirman que esas garantías se han erosionado con el gobierno de Trump.
Además de la posible protección contra la deportación, alistarse en el ejército a menudo implicaba respeto en los casos de inmigración de la familia y una mayor probabilidad de obtener la residencia permanente.
Las fuerzas armadas utilizaron estos beneficios para reclutar a más personas y, hasta el año pasado, se estima que 40,000 personas servían en las Fuerzas Armadas sin ciudadanía.
Bajo la presidencia de Joe Biden, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) consideraba el servicio militar como un "factor atenuante significativo" al tomar decisiones migratorias, como la expulsión del país, también para la familia inmediata.
La idea era impulsar el reclutamiento y mantener la moral, ante el temor de que la situación se viera afectada si la familia de un militar era deportada.
¿Qué cambió la administración Trump? En febrero, la administración entrante emitió un memorando que eliminaba el enfoque anterior.
Indicaba que las autoridades migratorias "ya no eximirán" a categorías de personas que habían tenido mayor indulgencia en el pasado.
Esto incluía a las familias de militares o veteranos, según Margaret Stock, experta en derecho migratorio militar.
¿Han sido detenidos otros familiares de militares?
Sí. La esposa de un veterano del Cuerpo de Marines que solicitaba la residencia permanente fue detenida en mayo en Louisiana, pero un juez prohibió su deportación.
Y los veteranos sin ciudadanía están cada vez más preocupados por la deportación.
Stock afirma que es probable que esta nueva política afecte al reclutamiento y agrave las dificultades que en el pasado han tenido las fuerzas armadas para cumplir con sus objetivos.
Esto se debe en parte a que no hay suficientes ciudadanos estadounidenses sin familiares inmigrantes para satisfacer la necesidad, explicó Stock, teniente coronel retirada de la policía militar, quien enseñó Derecho en West Point durante las presidencias de George W. Bush y Barack Obama.
Los beneficios migratorios para un recluta y su familia fueron clave para expandir las fuerzas armadas, afirmó Stock, y el reclutamiento se vería afectado sin ellos.
El Cuerpo de Marines declaró a The Associated Press el mes pasado que se les ha dicho a los reclutadores que "no son la autoridad adecuada" para "insinuar que pueden garantizar beneficios migratorios para los solicitantes o sus familias".
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