La disputa por la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos regresó a los tribunales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes solicitaron este martes 11 de agosto a un juez federal que impida al gobierno del presidente Donald Trump aplicar sus más recientes órdenes ejecutivas para restringir quién puede obtener automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer.
Activistas piden frenar las nuevas órdenes de Trump que limitan la ciudadanía por nacimiento
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes pidieron este martes a un juez federal bloquear las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente estadounidense el pasado 6 de agosto, ya que sostienen que buscan eludir un fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento
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La petición fue presentada ante un tribunal federal de Concord, New Hampshire, apenas unos días después de que Trump firmara nuevas medidas migratorias, el pasado 6 de agosto. Las organizaciones sostienen que el presidente intenta utilizar estas órdenes para sortear el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a su primer intento de modificar mediante acción ejecutiva las reglas de la ciudadanía por nacimiento.
El nuevo enfrentamiento ocurre después de que la Corte Suprema se pronunciara el 30 de junio sobre la primera orden de Trump, emitida el 20 de enero de 2025, el mismo día en que inició su segundo mandato. Aquella medida buscaba negar el reconocimiento automático de ciudadanía a determinados niños nacidos en territorio estadounidense cuando sus padres no fueran ciudadanos ni residentes permanentes legales, conocidos como titulares de una green card.
Los grupos demandantes consideran que las nuevas órdenes vuelven a plantear una restricción que el mandatario no puede establecer unilateralmente. En su escrito, pidieron al juez que deje claro que las disposiciones anunciadas en agosto tampoco pueden utilizarse para a fectar a los menores que ya están protegidos por una orden judicial anterior.
El argumento central de la ACLU es que el Ejecutivo no puede determinar por decreto qué grupos de niños tienen derecho a la ciudadanía estadounidense si esa protección deriva de la Constitución. Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la organización, sostuvo que el desacuerdo de Trump con la ciudadanía por nacimiento no cambia el marco constitucional que rige el asunto.
La Casa Blanca, en contraste, defendió la actuación del presidente. Un portavoz aseguró que la administración ha cumplido las órdenes judiciales y afirmó que las medidas adoptadas después de los recientes fallos de la Corte Suprema son compatibles con las decisiones y el razonamiento del máximo tribunal.
El caso coloca nuevamente a la administración Trump frente a organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y podría abrir otra batalla judicial sobre hasta dónde llega la facultad del presidente para modificar mediante órdenes ejecutivas las condiciones para reconocer la ciudadanía estadounidense.
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¿Qué cambió con las nuevas órdenes de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento?
A diferencia de la orden de 2025, que buscaba afectar de manera mucho más amplia a los hijos de personas que se encontraban en Estados Unidos sin autorización o bajo ciertos permisos temporales —entre ellos estudiantes y trabajadores con visa—, las medidas firmadas el 6 de agosto se concentran en situaciones específicas.
Una de las prioridades es combatir el llamado "turismo de maternidad", término utilizado para describir los casos en que mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos con la intención de dar a luz en el país y conseguir que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.
Las nuevas disposiciones también contemplan negar la ciudadanía a determinados niños cuando sus padres trabajan para gobiernos extranjeros en Estados Unidos, cuando hubo fraude relacionado con la obtención de la ciudadanía o cuando los progenitores son considerados "enemigos extranjeros".
Trump ha defendido públicamente esta estrategia. Durante declaraciones realizadas el jueves pasado en la Oficina Oval, calificó el turismo de maternidad como una "vergüenza" y acusó a quienes recurren a esa práctica de intentar comprar su entrada a Estados Unidos.
El gobierno enfrenta ahora el desafío de hacer valer esas medidas mientras los grupos opositores buscan que los tribunales las bloqueen. La controversia se inserta en una política migratoria más amplia de Trump, quien ha colocado la reducción de la inmigración y la revisión de las reglas de ciudadanía entre las prioridades de su administración.
El fenómeno del "turismo de maternidad", que el gobierno busca combatir con estas nuevas medidas, no tiene una dimensión menor. El Centro de Estudios sobre Inmigración, organización que promueve una reducción de la inmigración, calculó en 2020 que entre 20 mil y 26 mil mujeres ingresaban cada año a Estados Unidos para dar a luz bajo este esquema.
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