El gobierno de Trump amenaza con retirar fondos a los estados que no compartan datos de inmigrantes indocumentados

El Departamento de Justicia (DOJ) emitió una nueva opinión legal que obligará a los gobiernos estatales receptores de cualquier tipo de fondos federales de asistencia social a reportar ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a toda persona que sepan que carece de estatus migratorio legal.

De acuerdo con la Ley de Reconciliación entre Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996, el gobierno federal puede suministrar a los estados recursos para la asistencia de personas necesitadas a través de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). Dicha ley también faculta a los gobiernos estatales para que administren fondos federales para ayuda social a su discreción.

Bajo esta nueva interpretación, que el Departamento de Justicia planea implementar, los estados que reciben fondos TANF y del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), que son prácticamente todos, tendrán que enviar reportes sobre la situación migratoria de sus residentes, al menos cuatro veces al año o a solicitud expresa del DHS.

El argumento central del DOJ es que los fondos públicos dirigidos a los sectores más vulnerables no deben utilizarse para implementarse en personas que no cuentan con estatus legal dentro del país.

Esta nueva interpretación jurídica propone eliminar el criterio fijado por la administración de Bill Clinton en 1998, que se limitaba a cuestionar únicamente a las agencias estatales que administraban los programas sociales. Con la nueva postura, la obligación de reportar se extiende a la totalidad del aparato gubernamental del Estado, incluidas dependencias de transporte, procuradurías o agencias policiales, condicionando la ayuda federal a su nivel de colaboración.

¿Qué representa esta medida?

Durante 2025, más de dos millones de personas en el país dependieron del financiamiento del programa TANF, a través de las agencias de cada estado. Sin embargo, el mayor volumen de beneficiarios se concentra en entidades gobernadas por demócratas. Las cifras de la Administración para Niños y Familias revelan que los estados con un mayor número de beneficiarios son California (con un promedio anual superior a 794,000 personas), Nueva York (más de 350,000) y Massachusetts (más de 86,000).

Si estados como California o Nueva York, que mantienen políticas de protección hacia las comunidades migrantes conocidas como «ciudades o estados santuario», decidieran no cooperar, el respaldo asistencial para más de un millón de personas quedaría en suspenso.

En una solicitud de información a la oficina de prensa de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, su oficina señaló que la medida impulsada por el Departamento de Justicia se trata de: "otro intento del gobierno federal para presionar a los estados a que ejecuten la agenda extrema de deportación de la administración Trump, amenazando los fondos de los que dependen millones de familias". Aseguró a través de una vocera y afirmó que: "Nueva York no se dejará intimidar para darle la espalda a nuestros vecinos inmigrantes, y revisaremos nuestras opciones legales para hacer frente a este nuevo ataque y defender a los neoyorquinos".

Lou Correa, congresista demócrata por California, calificó la medida como "un intento descarado de convertir a cada gobierno estatal del país en un brazo del ICE", afirmó el funcionario a través de un comunicado en su sitio web.

En el mismo mensaje aseguró que: "Las familias solicitan asistencia alimentaria y beneficios por discapacidad porque necesitan ayuda para alimentar a sus hijos y cuidar a sus padres. Ahora, este gobierno quiere tomar como rehenes esos programas para impulsar su agenda de deportación violenta e inhumana que desgarra a las comunidades". Y mostró su desapruebo a este tipo de acciones.