"Cobramos en pesos": el maltrato a trabajadores mexicanos en EEUU que el gobierno dice ocurre en toda la frontera

Se disputa un partido de fútbol improvisado en el estacionamiento de un edificio en Otay Mesa, en la frontera entre California y México. Uno de los jugadores trae una playera del equipo de los Xolos. Es el tiempo de descanso de los trabajadores de una empresa aduanal que recibe maquinaria hecha en Asia y la prepara para enviarla a sus clientes en Tijuana. Uno de los espectadores habla de un secreto a voces.

“Yo vengo un rato de Tijuana a supervisar y me regreso”, asegura el empleado, quien pide no ser identificado por temor a que lo despidan y su familia se quede sin sustento. Su sueldo lo recibe en México, en pesos, “pero solo vengo un rato”, insiste. La compañía, dice, le dio el trabajo porque cruza más rápido la garita con su tarjeta SENTRI, un programa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permite a personas sujetas a más escrutinio cruzar la frontera por carriles especiales.

En la entrada de esta empresa, que se localiza a unas cuadras de la garita Otay Mesa, hay varias motos con lodo seco en los neumáticos. Es el principal medio de transporte de estos trabajadores, porque agiliza el paso de un país a otro. “A todos los que ves que andamos en moto es porque venimos a revisar órdenes” de pedidos, explica otro tijuanense que pasa parte de su jornada en una bodega de San Diego.

En varias cuadras de la zona industrial de Otay operan cientos de agencias aduanales y empresas relacionadas con la transportación de productos que tienen a México como destino final. Es fácil identificar el lugar de origen de gran parte de su fuerza laboral, Baja California, por las placas adheridas a los vehículos estacionados en estos centros laborales.

Pero no todos juegan limpio. Seis empresas de este tipo y una séptima dedicada la fabricación de utensilios médicos, recibieron multas por parte del Departamento del Trabajo por contratar a mexicanos con el fin de pagarles una miseria. Algunos ni siquiera ganaban 100 dólares a la semana, que sería una tercera parte de lo que cobrarían si les pagaran el sueldo mínimo federal de 7.25 dólares por hora. Estos patrones les daban un sueldo basado en los estándares mexicanos, como si trabajaran allá.

Más de 200 mexicanos fueron explotados y el gobierno obligó a sus empleadores abusivos, a través de demandas interpuestas en una corte federal de San Diego, para que les compensaran con 3.6 millones de dólares por sueldos no pagados, además de multas por infringir las leyes laborales.

Las autoridades temen que Otay Mesa sea solo la punta del iceberg y que esta irregularidad se repite en el resto de la frontera: Arizona, Nuevo México y Texas.

“Desafortunadamente nosotros no creemos que este problema solamente está pasando en Otay Mesa. Nosotros creemos que esto está pasando en toda la frontera de Estados Unidos. Este problema de encontrar a trabajadores mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos y que, en vez de que les paguen en dólares, les pagan en pesos”, dijo Adriana Ahumada, abogada del Departamento del Trabajo, en una entrevista con Univision Noticias.

“Vamos a empezar a enfocarnos en otras partes de la frontera. Así que todos los empleadores necesitan saber que si están pidiendo a sus empleados que vengan desde México y les están pagando menos del salario mínimo federal y no le están pagando horas extras, el Departamento del Trabajo va a encontrarlos, va a investigarlos y va a aplicar las leyes laborales federales”, advirtió Ahumada.

Así se detectó el robo de salarios en San Diego

Fue el Consulado de México en San Diego el primero en detectar lo que pasa en Otay Mesa. Hace unos años, alguien que acudió a uno de sus eventos comunitarios reveló que estaban pagando menos a quienes venían de Tijuana, que a sus compañeros radicados en California y con permiso de trabajo. La sede diplomática lo notificó de inmediato al gobierno de este país y se inició una investigación.

“Así fue como, ya desde hace un par de años, empezaron los del Departamento del Trabajo a detectar el caso de tres o cuatro bodegas de este lado. Los llevaron ante un juez federal y, en un arreglo, aceptaron cubrir salarios caídos, tiempos extra, de acuerdo con los estándares del gobierno federal, con el salario mínimo federal”, describe el cónsul Carlos González Gutiérrez en una entrevista con este medio.

Las empresas multadas son Freig Carrillo Forwarding, ACV Logistics, Premar Global Warehouse Logistics, AGA Investments II, OMG Freight Forwarders, Atlas Freight Forwarding y Providien Injection Molding. Las seis primeras tienen almacenes en Otay y la última opera en Carlsbad. Todos declinaron comentar para este artículo o no respondieron los mensajes enviados por este medio.

De acuerdo con las denuncias, algunas de estas compañías contrataban a su personal en Tijuana a través de anuncios clasificados en la internet. El requisito más importante era tener visa de turista.

“Después de entrar a Estados Unidos e ir directamente al trabajo, hacían todo lo que se tenía que hacer en la bodega, desde las inspecciones a todo el papeleo que se necesita para que los productos vayan hacia México. También ayudaban a envolver todos los productos, empacarlos, preparándolos para el transporte moviéndolo dentro de la bodega… Volvían a Tijuana al final del día”, dijo Ahumada.

Uno de los trabajadores que habló con este medio dijo que su tarea era revisar el equipo para maquiladoras que llegaba de Asia y se dirigía a Baja California. “A mí me pagan 5,000 pesos a la quincena”, dijo este joven, que aceptó compartir su experiencia en Otay con la condición de no revelar su nombre. “Los que trabajan en la oficina viven aquí (en San Diego), todos los demás, los que revisamos las órdenes, venimos de Tijuana y cobramos allá en pesos”.

A los inspectores federales estos casos fueron complicados ya que estos trabajadores viven en México y allá estaban los documentos que debían revisar, relacionados con sus jornadas laborales. Ahora que ganaron compensaciones, la dificultad es enviarles los cheques por la vía ordinaria, por correo postal.

El gobierno no especifica cuánto dinero recibió cada uno de ellos, tampoco ha revelado sus nombres. En estas situaciones protege su identidad con celo para no exponerlos al crimen organizado.

“Muchos trabajadores están agradecidos”, cuenta Ahumada sobre la experiencia de recuperar el pago que les negaron. “No hablan de maltrato en términos de cuando estaban a diario en la compañía, pero hablaban de la falta de pago y básicamente que tenían que cruzar todos los días y les estaban pagando muchísimo menos que los trabajadores estadounidenses”, agrega.

Las leyes laborales protegen a los indocumentados

Mientras algunas compañías sancionadas movieron parte de sus operaciones a México, la mayoría de los trabajadores que explotaron siguen cruzando a Otay a trabajar, según Ahumada.

Una política del Departamento del Trabajo es no indagar si tienen permisos de trabajo o sobre la manera como cruzan a EEUU. Esto para alentar que más personas denuncien a los malos patrones.

“Independientemente de su estatus migratorio, de su visa y de la moneda en la que le paguen, es contra la ley hacer un trabajo en territorio estadounidense y que ese trabajo sea remunerado de acuerdo con el tabulador mexicano”, dice el cónsul González Gutiérrez.

Las compensaciones se establecen en base al tiempo laborado en una de estas empresas, las horas extras por las que no recibieron un centavo y esa cantidad se duplica para cubrir daños y perjuicios. Además, se imponen sanciones a los patrones. Los reincidentes reciben castigos más severos.

Las autoridades no solo están enfocadas en las agencias aduanales a lo largo de la frontera.

“Probablemente hay muchas empresas más que se estén aprovechando del trabajo de ciudadanos mexicanos que pueden cruzar la frontera, pero quiero que ellos sepan que el Departamento del Trabajo ahora sabe que esto está pasando”, advierte Ahumada. “No hay ninguna parte de la frontera donde estos empleadores puedan huir por pagarles menos a los trabajadores”.

Si usted es víctima de robo de sueldos en la frontera denúncielo al consulado de su país. El teléfono del departamento de protección del Consulado de México en San Diego es (619) 231-3847 y su correo electrónico es proteccion@consulmexsd.org Para someter un reclamo en el Departamento del Trabajo llame al 1-866-487-9243.