California abrió un nuevo frente judicial contra la administración de Donald Trump. El 15 de octubre, el estado presentó su demanda número 100 —en un periodo de 21 meses— contra el gobierno federal, esta vez para frenar los arrestos civiles por infracciones migratorias que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan dentro y en las inmediaciones de los tribunales estatales.
California demanda al gobierno para frenar los arrestos migratorios en tribunales estatales; suma 100 reclamaciones en casi dos años
En 21 meses de enfrentamientos judiciales con el gobierno federal, el fiscal general Rob Bonta abrió un nuevo frente legal ante el temor de que las detenciones migratorias disuadan a víctimas y testigos de acudir a la justicia.
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La acción llegó pocas horas después de que el Departamento de Justicia federal demandara a California para detener el conteo de 20,000 boletas por correo, en una disputa que enfrenta a Washington y Sacramento a pocas semanas de las elecciones intermedias.
En respuesta, el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California contra ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su director interino, David Venturella.
El objetivo es impedir que los agentes federales realicen arrestos migratorios en los tribunales estatales y en sus alrededores, en un conflicto que pone en el centro el acceso a la justicia y los límites de la actuación federal.
¿Qué plantea la demanda número 100 de California contra Trump?
La demanda sostiene que los arrestos migratorios en los juzgados están provocando que algunas personas eviten acudir a sus citas judiciales por temor a ser detenidas y deportadas. Entre ellas, señala el documento, hay víctimas de delitos, testigos importantes en procesos penales, personas involucradas en demandas laborales y quienes buscan órdenes de protección por violencia doméstica.
California advierte que la presencia de agentes migratorios en estos espacios genera un ambiente de intimidación que puede interferir con el funcionamiento de los tribunales.
El temor a encontrarse con ICE, según el estado, está llevando a algunas personas a faltar a sus citatorios, incluso cuando necesitan denunciar un delito, participar como testigos o buscar protección ante situaciones de violencia.
La preocupación es que los juzgados, en lugar de ser espacios donde las personas puedan defender sus derechos, se conviertan en lugares que eviten por miedo a las consecuencias migratorias.
Una operación de 45 días bajo cuestionamiento
En su demanda, California también cuestiona las directrices federales que, según el documento judicial, impulsaron las detenciones.
El estado vincula estas operaciones con una cuota nacional de 3,000 arrestos diarios (19,000 a la semana) y con la operación denominada “Safe California”, descrita en la demanda como una redada de 45 días durante la cual se instruyó a los agentes a detener a cualquier persona indocumentada, sin importar las circunstancias.
El documento señala que algunos oficiales realizan estas detenciones vestidos de civil, lo que, según California, contribuye a generar incertidumbre y temor entre quienes deben acudir a los tribunales. El estado argumenta que utilizar los juzgados como puntos de captura migratoria vulnera un principio histórico del derecho consuetudinario que protege el acceso de las personas a la justicia.
Además, acusa a las agencias federales de violar la Ley de Procedimiento Administrativo y la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos legales de California y deberán ser evaluadas por el tribunal.
California pide frenar los arrestos de ICE de inmediato
Ante el tribunal federal, el estado solicitó una orden judicial preliminar y otra permanente para prohibir la presencia y las detenciones de ICE dentro de los tribunales estatales y en sus inmediaciones.
La petición busca detener estas operaciones mientras avanza el proceso legal. Sin embargo, la presentación de la demanda no significa que los arrestos hayan quedado suspendidos; eso dependerá de las decisiones que adopte el tribunal.
Para las comunidades inmigrantes, el caso contra ICE aborda una preocupación concreta: poder acudir a un tribunal para denunciar un delito, defender derechos laborales o solicitar protección sin que el temor a una detención migratoria les impida presentarse ante la justicia.
Video ¿Quiénes podrían ser detenidos durante la operación "Safe California" del DHS?