Una coalición de fiscales generales de 20 estados y Washington DC pidió a un juez federal que impida que el Departamento de Justicia (DOJ) retenga fondos federales destinados a víctimas de delitos si los estados no cooperan con los esfuerzos de aplicación de control migratorio de la administración de DonaldTrump.
La demanda de 20 estados contra el gobierno de Trump por condicionar fondos para víctimas a cooperación migratoria
Los fiscales generales alegan que la administración del presidente Donald Trump excede su autoridad y pone en riesgo la denuncia de crímenes.
Por:Univision y AP
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La demanda, presentada el lunes en un tribunal federal en Rhode Island, busca bloquear al DOJ de imponer condiciones que recortarían la financiación a un estado si se niega a cumplir solicitudes civiles de control migratorio; si niega a oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceso a instalaciones; o si no proporciona aviso anticipado de las fechas de liberación de personas posiblemente buscadas por ICE debido a su estatus migratorio.
La demanda solicita que esas condiciones sean anuladas, argumentando que la administración y la agencia se están extralimitando en su autoridad constitucional y administrativa.
El escrito también sostiene que los requisitos no están permitidos ni aparecen estipulados en la Ley de Víctimas de Delitos, también conocida como VOCA, y que interferirían con políticas diseñadas para garantizar que víctimas y testigos denuncien delitos sin temor a la deportación.
“Estas personas no pidieron tener este estatus como víctimas de un delito. No encajan fácilmente en líneas partidistas, pero comparten un rasgo común, y es que han sufrido un trauma inimaginable”, dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, durante una conferencia de prensa virtual el lunes, calificando la amenaza de la administración de retener fondos como “el acto más atroz” que ha visto en la política.
Las condiciones federales se impusieron sobre la financiación de VOCA, que proporciona más de mil millones de dólares anuales a los estados para programas de compensación a víctimas y subvenciones que financian a organizaciones de asistencia a víctimas. El financiamiento de VOCA proviene enteramente de multas y sanciones en casos de tribunales federales, no de los contribuyentes.
Cada estado y territorio tiene un programa de compensación a víctimas que sigue lineamientos federales, pero que en gran medida está establecido bajo la ley estatal para proveer ayuda financiera a víctimas de delitos, lo que incluye el reembolso de gastos médicos, el pago de limpieza de escenas de crimen, consejería o ayuda con costos funerarios de víctimas de homicidio. VOCA cubre alrededor del 75% de los pagos de los programas de compensación estatales.
Los fondos también se utilizan para otros servicios, incluyendo pruebas de kits de violación, financiamiento a organizaciones de recuperación de violencia doméstica, centros de recuperación de trauma y más.
Defensores y otros sostienen que el sistema debe proteger a las víctimas sin importar su estatus migratorio y asegurar que denunciar un crimen no derive en amenazas de deportación. También señalan que comunidades marginadas, como inmigrantes recién llegados, tienen más posibilidades de ser blanco de delitos.
“El gobierno federal está intentando usar los fondos para víctimas de delitos como moneda de cambio para forzar a los estados a hacer su voluntad en materia de control migratorio”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien también se unió a la demanda, en un comunicado el lunes. “Estas subvenciones fueron creadas para ayudar a las sobrevivientes a sanar y recuperarse, y lucharemos para asegurar que continúen cumpliendo ese propósito… No seremos intimidados para abandonar a ninguno de nuestros residentes”.
La administración de Trump ha buscado retener o retirar otros fondos federales o subvenciones a mitad de camino, argumentando que los beneficiarios y programas ya no concuerdan con sus prioridades. En abril, canceló alrededor de 800 millones de dólares en subvenciones del DOJ, algunas de las cuales habían sido concedidas a organizaciones de servicios para víctimas y sobrevivientes.
Y en junio, varios estados presentaron una demanda por nuevos requisitos en la financiación de la Ley de Violencia contra la Mujer que obligaban a los solicitantes a comprometerse a no promover la “ideología de género”, ni llevar adelante programas de diversidad, equidad e inclusión, ni priorizar a personas en el país ilegalmente.
Varios fiscales generales señalaron que las condiciones sobre VOCA parecen ser otro modo de que la administración apunte contra las llamadas jurisdicciones santuario que limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración, aunque no existe una definición clara de lo que constituye un estado o ciudad santuario.
A inicios de este mes, la administración de Trump publicó una lista actualizada de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en el anuncio de agosto que el departamento “continuará presentando litigios contra las jurisdicciones santuario y trabajará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para erradicar estas políticas dañinas en todo el país”.
Hasta la tarde del lunes, los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin —todos demócratas— se habían adherido a la demanda.
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