El caso de Paloma visibiliza el upskirting en México, una práctica de acoso sexual que consiste en grabar las partes íntimas de mujeres sin consentimiento. A pesar de grabaciones en escuelas, aviones y el transporte público, las víctimas denuncian que las fiscalías minimizan este delito al no existir contacto físico. Activistas exigen frenar esta violencia digital que capta imágenes por debajo de la ropa y que las autoridades registren y persigan penalmente a los agresores.

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