Detrás de la lucrativa industria de la legalización de autos usados a México estuvo un violento grupo en la frontera de Texas que formó un monopolio a base de ataques, amenazas, acoso, intimidación y extorsiones a sus competidores, afirma una acusación desvelada este martes por el Departamento de Justicia.
El violento grupo detrás de la lucrativa industria de la legalización de autos usados en la frontera con México
Al menos 12 personas han sido acusadas de fijar precios y eliminar la competencia en la industria de exportación de vehículos seminuevos en la zona limítrofe entre Texas y México.
Por:Isaías Alvarado
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El caso señala a 12 personas por participar “en una conspiración multifacética de larga duración para monopolizar” la industria de transporte de coches seminuevos de EEUU y otros productos al vecino país.
Los vehículos y bienes también eran enviados a Centroamérica, según la Fiscalía federal.
Los sospechosos se encargaban de fijar precios, asignar el mercado y eliminar la competencia en Los Indios, una región fronteriza cerca de Harlingen y Brownsville, en el estado de Texas.
Se hacían llamar ‘ The Pool’ o ‘El Grupo’. Unos vivían en Texas y otros en Tamaulipas, México.
Las agencias afectadas brindan servicios para llenar el documento aduanero requerido para exportar automóviles usados a México.
La ley de ese país requiere que hayan sido fabricados allí, en EEUU o en Canadá, y que tengan al menos ocho años de antigüedad. El costo por exportación es de hasta el 60% del valor del coche, además se exige pagar derecho de trámite aduanero y comprar placas.
“Los dueños de la agencia transmigrante y participantes de la industria que se negaron a cobrar los precios fijados, pagar a ‘El Grupo’ o pagar un impuesto por extorsión, fueron sometidos a amenazas, intimidación y actos de violencia contra ellos y sus familias, empleados, asociados y empresas”, señala un comunicado de la Fiscalía.
No está claro qué consecuencias específicas sufrieron los afectados.
Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) descubrieron que los acusados obligaron al propietario de una agencia a pagar más de 80,000 dólares por operar fuera de ese esquema y sin cumplir con el “impuesto de extorsión”.
Usaron “una violencia horrible”
El gobierno alega que, por adueñarse de dicha industria en Los Indios, estas personas violaron dos secciones de la Ley Antimonopolio Sherman, que prohíbe las actividades que restringen el comercio interestatal y la competencia en el mercado.
“La acusación señala que los acusados monopolizaron una industria a través de una violencia horrible y amenazas", dijo Jonathan Kanter, fiscal de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia.
"El departamento utilizará todas las herramientas a su disposición… para apuntar a una conducta anticompetitiva que socava la vitalidad y la libertad económica de nuestro país", agregó.
Este caso fue sometido el 9 de noviembre en el Distrito Sur de Texas, pero permaneció sellado hasta esta semana para no poner en riesgo la investigación.
“La divulgación de la existencia de esta acusación antes de los arrestos de los acusados podría resultar en que huyan para evitar el enjuiciamiento, la destrucción de evidencia potencial y represente una amenaza para los agentes que realicen los arrestos o testigos potenciales del gobierno”, señala un documento sometido por la fiscal Jennifer B. Lowery.
Hasta la publicación de esta nota, dicha acusación estaba sellada, como lo ordenó un juez.
Los acusados
La lista de los sospechosos es encabezada por Carlos Favián Martínez, alias ‘Cuate’, de 36 años y residente de Mission, Texas.
Sus presuntos cómplices son Marco Antonio Medina, de 32 años; Rigoberto Brown, de 38; Pedro Antonio Calvillo Hernández, de 47; Roberto García Villareal, alias ‘Betín’, de 56; Miguel Hipólito Caballero Aupart, de 70; Sandra Guerra Medina, de 68; y Mireya Miranda, de 56.
Los fiscales indican que Martínez, Medina, Calvillo y García, junto con el mexicano Diego Ceballos Soto y el texano Carlos Yzaguirre, conspiraron además para interferir con el comercio a través de la extorsión.
Siete personas, incluyendo Juan Héctor Ramírez Ávila, alias ‘Juanito’, y José de Jesús Tapia Fernández, fueron acusadas de lavado de dinero.
“Este caso es una prueba más de que el crimen organizado está activo y tiene un impacto negativo en nuestras comunidades”, dijo Craig Larrabee, encargado de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de San Antonio, en Texas.
“Estas violentas organizaciones criminales acaparaban la industria transmigrante mediante actos de violencia, amenazas e incluso extorsiones”, añadió.
El gobierno pide a cualquier persona que tenga información relacionada con esta investigación que se comunique al teléfono del HSI al (866) 347-2423, al del FBI en San Antonio (210) 225-6741 o al de la División Antimonopolio del DOJ (888) 647-3258. También pueden someter sus denuncias en el portal http://www.justice.gov/atr/report-violations.
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