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Corrupción

Juez ordena prisión preventiva para el expresidente peruano Alejandro Toledo por el caso Odebrecht

La Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para Toledo mientras se investigan las versiones que lo acusan de haber recibido 20 millones de dólares para favorecer los negocios de la empresa brasileña Odebrecht.
4 Feb 2017 – 2:40 PM EST

LIMA, Perú.- La justicia peruana ordenó este jueves el arresto preventivo por 18 meses del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para ganar contratos durante su gobierno.

El juez Richard Concepción dispuso además que se emita una orden de captura nacional e internacional de Toledo, acusado de recibir pagos ilícitos de Odebrecht por unos 20 millones de dólares, a cambio de la concesión de dos tramos de la carretera interoceánica en su gobierno en el 2005.

La Fiscalía de Perú había solicitado el martes prisión preventiva para Toledo ante los indicios de que habría recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, para ganar millonarios contratos con el Estado.

"Equipo Especial de Fiscalía presentó pedido de prisión preventiva por 18 meses contra Alejandro Toledo por el Caso Odebrecht", se puede leer en el perfil de Twitter del Ministerio Público peruano.



Mientras, se desconoce dónde se encuentra en estos momentos el expresidente. Su última aparición pública fue en París, donde participó en una conferencia la semana pasada.

El pasado sábado la policía allanó la vivienda en Lima del exmandatario, de donde retiraron cajas con documentación, para analizar su posible implicación en los sobornos.

Según la prensa local, un “colaborador eficaz” de la Fiscalía aseguró que Odebrecht pagó de manera escalonada 20 millones de dólares a Toledo a través de su amigo cercano Josef Maiman para que se le adjudique la construcción de la Carretera Interocéanica, un proyecto que uniría el Océano Atlántico con el Pacífico y que generaría un mayor intercambio comercial entre Perú y Brasil.

Toledo se fue de Lima a inicios de enero justo cuando empezaba a conocerse más ampliamente los alcances del caso Odebrecht, lo que generó suspicacias que el exmandatario tuvo que acallar través de un comunicado asegurando que no se había fugado del país y que está dispuesto a colaborar con las investigaciones.


El paso del huracán Odebrecht, que ya se ha extendido por toda Latinoamérica, en Perú está dejando estragos y serios. Los peruanos vieron en sólo un par de semanas como exfuncionarios públicos eran declarados prófugos o eran detenidos y encarcelados, entre ellos un viceministro.

¿El principio de la caída de los "peces gordos"?

Con la medida contra Toledo, quien gobernó entre el 2001 y 2006, se disipa en algo la sensación inicial en este país, acostumbrado a los escándalos de corrupción y a la inmunidad de la que parecieran gozar personajes de diferentes sectores, de que sólo estaban cayendo “peces chicos” producto de las pesquisas que está realizando la Fiscalía sobre la entrega de dinero que hizo Odebrecht.

“La justicia debe ser igual para todos. Si alguien cometió actos de corrupción, debe ser sancionado”, dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su cuenta de Twitter una vez que se supo que Toledo estaba siendo investigado. “He ordenado al Poder Ejecutivo colaborar en todo lo necesario para garantizar que la investigación sea eficaz. Corrupción nunca más”, tuiteó temprano el sábado mientras la policía allanaba la casa del ex mandatario, de quien fue su primer ministro y ministro de Economía.


Odebrecht ha admitido que pagó en total unos 29 millones de dólares a funcionarios peruanos por diversas obras entre el 2005 y 2014, periodo en el que transcurrieron tres gobiernos.

La empresa reconoció ante la fiscalía que unos 8.1 millones de dólares de los sobornos que pagó fueron para asegurarse la construcción de dos tramos del metro de Lima, una de las más emblemáticas obras de infraestructura de la capital peruana.

“Todos saben que en realidad la pita se rompe por el lado más débil”, dijo hace un par de semanas el primer detenido, Edwin Luyo, quien fue integrante del comité de licitación de la Línea 1 del Metro de Lima y acusado de recibir sobornos por casi medio millón de dólares. Ahora está preso acusado de lavado de activos y cohecho y ha asegurado que “en cada requerimiento que hagan voy a decir la verdad”.

Los funcionarios capturados y los prófugos fueron parte del segundo gobierno de Alan García (2006-2011), quien desde Madrid, donde radica, saludó los primeros resultados del trabajo de la Fiscalía a través de un tuit y aseguró que “ratas como esas ensucian grandes obras que sirven al pueblo”. El expresidente ha usado las redes sociales para pedir que no le "mezclen en sobornos y coimas de gente sin moral ni patriotismo”, ante algunas versiones periodísticas que lo vinculan con las presuntas irregularidades en la licitación de las obras del Metro de Lima.

Su exviceministro de comunicaciones, Jorge Cuba, quien estuvo con orden de búsqueda y captura internacional por varios días e incluso el Ministerio del Interior había ofrecido una recompensa de 9,000 dólares por información que permita su captura, volvió al Perú a inicios de esta semana proveniente de Miami para hacer frente a las acusaciones de haber recibido sobornos de Odebrecht.


Acuerdo

La fiscalía peruana logró un acuerdo preliminar con la firma brasileña para la colaboración de sus ejecutivos con las investigaciones. En el marco de ese acuerdo, ya han empezado a entregar pruebas y nombres de funcionarios comprometidos en los pagos de sobornos y eso se está reflejando en la intensa actividad que están teniendo los fiscales peruanos.

Jorge Simoes Barata, director ejecutivo de Odebrecht Latinvest en Perú desde el 2001 hasta el 2016, sería uno de los colaboradores de la justicia peruana y según el diario local La República estaría dispuesto contar en detalle cómo se dieron, para qué sirvieron y a quiénes se pagaron los sobornos; así como también revelará los que están detrás y los intermediarios mientras él estuvo en funciones.

“Estamos logrando información de a poco. No es fácil investigar”, dijo el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en respuesta a las críticas de algunos sectores políticos que consideran que hay lentitud en las indagaciones y poca voluntad de llegar al fondo del asunto. “Ustedes deben entender que quizás lograr capturar un pez gordo es complicado, pero vamos a llegar a ello. Paciencia”, agregó.

Uno de los fiscales que está investigando este caso de corrupción dijo que se podría considerar “el más grande en la historia”, aunque las consecuencias políticas del mismo están aún por verse.

El caso está siendo también investigado por una comisión del Congreso peruano, que pidió abrir el secreto bancario de más de 300 personas involucradas. Los miembros de esa comisión parlamentaria han asegurado que no pasarán por alto las informaciones difundidas por medios de prensa brasileños con respecto a una supuesta entrega que hizo Odebrecht a Ollanta Humala de 3 millones de dólares para financiar la campaña electoral que lo llevó a la presidencia el 2011.

Odebrecht pide perdón

En Perú, Odebrecht participa en cinco grandes proyectos de infraestructura dados en concesión y el presidente Kuczynski ya ha dicho que tendrá que venderlos y abandonar el país.

Las inversiones de la firma brasileña en Perú suman unos 5,786 millones de dólares en obras como el Metro de Lima, carreteras, hidroeléctricas y proyectos de irrigación.

“Yo diría que ellos van a tener que vender sus activos, son varios de ellos, muy buenos proyectos, en términos de suministro de electricidad, carreteras. Lamentablemente, tiene esa tara de la corrupción, tienen que irse, se acabó”, dijo Kuczynski.

En un reciente comunicado la firma ofreció disculpas a la sociedad peruana por sus “graves errores” y lamentó estar haciendo pasar por un mal momento a sus casi 10,000 trabajadores.

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