Corrupción

Legisladores mexicanos aprueban una iniciativa anticorrupción muy distante de la petición ciudadana

La ley 3 de 3 original pretendía que cada funcionario hiciera regularmente tres declaraciones: la patrimonial, la de intereses y la fiscal. Sin embargo, las modificaciones hacen que no haya obligación de publicar información que a juicio de los propios servidores públicos afecte su vida privada o sus datos personales.
15 Jun 2016 – 6:38 PM EDT


Después de recibir del Senado una debilitada Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3, los diputados mexicanos evitaron la discusión y aprobaron sin más ni más la controvertida medida, que inconforma a quienes la propusieron buscando combatir la corrupción, e incluso a sectores como el empresarial.

“Es una barbaridad, es indignante, es una cachetada que le regresa el Senado a los ciudadanos que se atrevieron a pedirle a ellos su 3 de 3”, dice en entrevista a Univision Noticias Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad que es uno de los grupos impulsores de la llamada ley 3 de 3.

La minuta sobre tres ordenamientos parte de la legislación para el Sistema Nacional Anticorrupción, y ha sido ya enviada al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien podrá promulgarla o, como esperan grupos ciudadanos, vetarla.

La ley 3 de 3 original pretendía que cada funcionario hiciera regularmente tres declaraciones: la patrimonial, la de intereses y la fiscal. Sin embargo, las modificaciones impulsadas por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hace que no haya obligación de publicar información que a juicio de los propios servidores públicos afecte su vida privada o sus datos personales, como puede ser su fortuna o bienes personales.

“Me parece que el voto del PRI y el PVEM muestra de manera muy clara que no entendieron lo que pasó en las urnas hace una semana, no entendieron la exigencia de cientos de miles de ciudadanos de un cambio en la clase política de nuestro país”, aseveró Zapata.

De este modo, el artículo de la ley secundaria anticorrupción 29 permitirá a los funcionarios dejar en la opacidad parte de su información, mientras que en el 32 se obliga a empresarios a presentar sus declaraciones 3 de 3.

“Para ponerlo en contexto, como quedó el texto en el Senado y que luego fue aprobado por los diputados, si algún ministerio mexicano quiere comprar una computadora Microsoft, Bill Gates tendría que presentar se declaración 3 de 3 al gobierno mexicano. Mismo caso de hasta el último beneficiario de los programas sociales, los adultos mayores que reciben apoyo, los estudiantes que tienen becas del gobierno, todos tendrían que presentar su 3 de 3”, destaca la investigadora.

Zapata agrega que no hay una plataforma capaz de recibir y procesar las declaraciones de millones de mexicanos e incluso extranjeros que estarían obligados a presentar sus tres declaraciones, y hace énfasis en que si esa medida es promulgada tal como quedó tendrá un elevado costo económico para México, pues desincentivará la inversión y promoverá hechos “perversos” para que las personas eviten aparecer en la nómina oficial de las empresas.

Ante ello, unos 200 empresarios parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestaron la tarde del jueves en el emblemático Ángel de la Independencia de la capital del país para exigir no ser incluidos en medidas de rendición de cuentas que competen a funcionarios públicos. Sin embargo, sus demandas no fueron escuchadas.

En el mismo sentido se pronunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, que dijo en una conferencia telefónica desde Washington para varios medios de comunicación, que la aplicación de esta ley es inviable.

Antes de llegar a discutirse en el Poder Legislativo mexicano, más de 630,000 ciudadanos manifestaron con sus firmas su apoyo a la iniciativa, en el marco de un escándalo de tráfico de influencias cuyo caso más emblemático fue la llamada casa blanca, propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

“Estamos muy sorprendidos del tamaño de error que se cometió en la redacción de este texto. Espero que el presidente Peña Nieto tenga la capacidad de entender la barbaridad que aprobaron los legisladores”, concluye Alexandra Zapata.

La Cámara de Diputados también aprobó las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, además de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

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