De gobernadores a prófugos de la justicia. Las autoridades de México y el mundo se encuentran tras la pista de Javier Duarte y Guillermo Padrés, bajo acusaciones de corrupción que ponen en la mira a sus respectivos partidos políticos: el Revolucionario Institucional (PRI, oficialista) y el conservador Acción Nacional.
Duarte y Padrés, los últimos en anotarse en la lista de gobernadores mexicanos en líos con la justicia
Aunque buena parte de los políticos en líos con la justicia salieron del oficialista PRI, al menos uno más de otro órgano político se encuentra bajo investigación.


Padrés gobernó la norteña entidad de Sonora de 2009 a 2015. La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) tiene en sus manos desde noviembre de 2015 la investigación en contra de Padrés, en la que se le señala por ejercicio indebido del gobierno y tráfico de influencias. Varias personas, con cargos públicos durante su administración, han sido detenidas por su presunta vinculación con estos hechos.
Mientras Interpol ya emitió una ficha roja para la localización de Padrés en más de 190 países, la Comisión Anticorrupción del PAN suspendió los derechos del exgobernador de forma “provisional en tanto se llevan a cabo las investigaciones”.
Coincidentemente, el PRI ha suspendido también sus derechos como militante a Javier Duarte, pero también ha decidido acelerar el proceso de expulsión del hombre que no terminó su mandato como gobernador de Veracruz. Pidió licencia, dijo que para dedicarse de tiempo completo a su defensa, pero se fue sin dejar rastro. Las autoridades adelantaron que también recurrirían a la Interpol para localizarlo.
Duarte también está señalado de presuntos actos de corrupción, aunque durante su tribulada gestión ya lidiaba con cuestionamientos por hacer de Veracruz una de las entidades más violentas del país y la más peligrosa para ejercer el periodismo. Nada de eso parecía quitarle el sueño al gobernador, hasta que una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le hizo escapar.
PAN y PRI se han acusado mutuamente de no actuar con firmeza en contra de sus integrantes, Padrés y Duarte, respectivamente. Lo más desafortunado es, sin embargo, que estos dos casos no son los primeros –y quizá no serán los últimos- en que políticos que fueron elegidos en votación popular traicionen su convicción demócrata para buscar el beneficio personal.
Otro Duarte del PRI, pero de nombre César, también está en el ojo del huracán. César Duarte gobernó la norteña Chihuahua, fue acusado en 2014 de enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y lavado de dinero. Javier Corral –el actual gobernador de Chihuahua desde el pasado 4 de octubre- precisó que César Duarte está bajo la lupa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Se le atribuye además la deuda de Chihuahua, de más de 2,000 millones de dólares, de acuerdo a la SHCP.
También del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Borge Angulo gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016. Está bajo una investigación del SAT por operar una red de fraude y despojo de distintos inmuebles. Cuando terminó su gestión, Quintana Roo se quedó con la deuda per cápita más grande en México: 1,100 millones de dólares.
El narco en Tamaulipas
En tanto, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, gobernadores de Tamaulipas (norte) de 1999 a 2004 y 2005 a 2010, respectivamente, son acusados de narcotráfico y lavado de dinero por México y Estados Unidos, que les consideran prófugos de la justicia.
En 2012, la fiscalía de Texas acusó a Yarrington de la compra de propiedades en ese estado, con el dinero que obtuvo de sobornos de cárteles narcotraficantes. Tiene también una orden de aprehensión en su contra girada ese mismo año, por delitos contra la salud en su modalidad de fomento.
Coahuila, también al norte, fue gobernada de 2005 a 2011 por Humberto Moreira. Tras terminar su mandato fue el líder nacional del PRI, pero el destape de sus escándalos le llevó a dejar el encargo, más bien con miras a no afectar la imagen del entonces aspirante presidencial Enrique Peña Nieto.
Se supo que Moreira dejó en Coahuila una deuda millonaria. Una Corte Federal del Distrito de Oeste División San Antonio informó que investigaba el probable lavado de dinero “robado del erario” de la entidad. Además, en un juicio contra un intermediario del cártel narcotraficante de Los Zetas, el nombre de Humberto Moreira salió a relucir en más de una ocasión, acusándolo de pactar con esa banda criminal.
Andrés Granier, gobernador de Tabasco (sur) de 2007 a 2012 fue detenido en 2013, acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal por poco más de 12,000 dólares. Se le señala también de haber desfalcado a la entidad por unos 105 millones de dólares.
Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo bajo bandera priísta de 1993 a 1999, se encuentra preso en Estados Unidos desde 2010, condenado a 10 años de prisión por conspirar para blanquear dinero del narcotráfico.
Sobre los otrora abanderados priístas, el analista Nicolás Loza dijo a Univision Noticias en julio pasado que el órgano político está obligado a deslindarse de ellos, a “sacrificarlos por el costo político que representan, tanto para (el presidente Enrique) Peña como para el partido”.
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