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Corrupción

#3de3: ¿la clave para acabar con la corrupción en México?

Una iniciativa ciudadana que pretende frenar la corrupción tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en ley.
18 Mar 2016 – 5:24 PM EDT


Por Sandra E. Mendoza Ortiz, @smendoza_news

La corrupción es una “plaga insidiosa que (…) socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones a los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

Así es como habla la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de un lastre que se presenta en países de todos los tamaños y de todas las condiciones económicas, lastre del que México no ha estado exento y que ha motivado la creación de una iniciativa ciudadana que pretende ponerle punto final pero que tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en ley.

“La iniciativa 3 de 3 nació hace poco más de un año a raíz de la frustración que nos generó la corrupción que sigue en México, también motivada por los escándalos de conflictos de interés a finales de 2014 que involucraron al presidente y al secretario (de Hacienda, Luis) Videgaray. Nos dimos cuenta que en México no sabíamos realmente qué eran los conflictos de interés, cuándo se daban y nuestra clase política estaba muy lejos de entender lo delicados que son”, cuenta a Univision Noticias Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), uno de los grupos detrás de esta iniciativa de ley.

Las tres declaraciones

El nombre 3 de 3 se debe a que todo comenzó con la exigencia de que cada funcionario haga públicas tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal, de manera regular. Sin embargo, a la iniciativa se añadieron reglas de conducta y sanciones, tanto para servidores públicos como para actores particulares que incurran en actos de corrupción.

Incluye además medidas preventivas para evitar que el sector privado participe en actos de corrupción, así como mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar este tipo de actos de manera anónima y segura.

Pretende dotar de recursos y herramientas para que las autoridades puedan investigar efectivamente los actos de corrupción, además de que contempla la creación de una plataforma digital donde se centralice la información de todo órgano de gobierno.

Zapata añade: “La idea es que sea una ley que realmente cree las facultades para que la corrupción se identifique, se investigue y se sancione. Una parte de eso fue incluir no solo a los funcionarios e instituciones de gobierno, sino también responsabilidades para los privados que participen en los actos de corrupción.

“Ya todos le decimos Ley 3 de 3 pero se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas, nuestra ley --todavía iniciativa-- no es solo para servidores públicos, es para cualquier persona, ente moral o físico que tenga interacciones con gobierno, porque con nuestra ley ambos son sancionados si incurren en actos de corrupción”.

La iniciativa clasifica los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.


Las manos detrás de 3 de 3

Organizaciones civiles y ciudadanos son las manos detrás de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, que cuenta con el aval del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Enrique Cárdenas Sánchez, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) coordinó a un grupo de tres redactores: Josefina Cortés Campos del ITAM, Max Kaiser Aranda, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y José Roldán Xopa, del CIDE. También a siete colaboradores y a 15 personas que formaron el grupo de expertos participantes.

Alexandra Zapata Hojel destaca que “3 de 3 es el esfuerzo por la presentación de las declaraciones por parte de los servidores públicos. Sin embargo, necesitamos crear una ley que legisle esto porque creemos que es fundamental que rendir las tres declaraciones sea una obligación de funcionarios y candidatos, y no opcional como es hoy.

El camino legal

Para presentar al Congreso mexicano una iniciativa ciudadana de ley, los impulsores debían reunir “alrededor de 109,000 firmas. La respuesta a 3 de 3 fue abrumadora: esta semana entregamos al Senado 291,000 firmas y seguimos recibiendo más y más”, detalla la investigadora.



El Senado procedió a la entrega de las firmas al Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano, que deberá verificar que los ciudadanos que suscribieron la iniciativa sean parte del padrón electoral. En caso afirmativo, “eso obliga al Senado a discutir la iniciativa.

“Tras discutirse en el Senado, cualquier ley debe ir a la Cámara de Diputados. Así que nos quedan varias semanas donde los ciudadanos debemos presionar por las redes sociales, correos electrónicos a nuestros legisladores para exigirles que consideren la Ley 3 de 3 y que la apoyen, pues el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción depende de leyes como ésta”.

La investigadora añade: “Las redes sociales son clave. Necesitamos activismo en las redes sociales, necesitamos que seamos muchos los ciudadanos que estemos metiendo presión dentro y fuera de México. Esta legislación terminaría con muchas prácticas que permiten a funcionarios seguir con estos actos”.

“La corrupción afecta a los mexicanos en todos los sentidos y es un costo que cargamos todos. Cada acto de corrupción tiene como resultado peores servicios públicos, peor gobierno, peores escuelas, peores servicios de salud, costos directos para los ciudadanos y para las familias mexicanas”, concluye Alexandra Zapata.

“La corrupción es uno de los principales problemas públicos en México. De acuerdo con el índice de percepción de 2015 de Transparencia Internacional, el país se ubica en el lugar 95 de 165 en un orden descendente de los menos a los más corruptos.

“El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del Producto Nacional Bruto; el INEGI calcula que alcanza un monto de $347,000 millones de pesos al año”, dice la página web de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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