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CityLab Delincuencia

Las recompensas que Perú está ofreciendo para combatir el crimen

En un país con bajísima confianza en la policía y altos niveles de delincuencia, el gobierno está expandiendo una iniciativa para pagar por datos que permitan atrapar a sospechosos.
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13 Sep 2016 – 2:20 PM EDT

El anuncio de la captura de Carlos Martínez, un homicida conocido por la Policía Nacional del Perú (PNP) como “Catón”, colmó de aplausos la conferencia de prensa. “ Señor presidente, démonos el gusto de tachar a un delincuente más de la lista de los que no han sido detenidos”, dijo el ministro del Interior Carlos Basombrío, con aquel tono firme que la nueva administración desea tener sobre la delincuencia. Catón fue capturado gracias a un programa de recompensas, que es una de las principales apuestas del gobierno frente al crimen.

La iniciativa fue remarcada aún más nueve días después, el 20 de agosto, cuando el gobierno instaló un letrero gigante con las fotos de los ‘más buscados’ en el hall principal del Ministerio del Interior. Denominado el “Muro de las Victorias”, este cartel ha servido desde entonces para marcar las capturas y presentar a delincuentes sobre los que pesará una recompensa.

#QueEllosSeCuiden

El programa ya existía en los últimos meses de gobierno del ex presidente Ollanta Humala. Su cobertura fue discreta durante su gestión, pero con Kuczynski la iniciativa ha sido publicitada en entrevistas con el titular del sector y con un mensaje predominante: el éxito está en su “masificación”, así como en la difusión de sus resultados. “[Queremos] que ellos [los delincuentes] vayan por la calle y piensen: ¿estos van a ser los que me van a delatar o no?”, aseguró el ministro Basombrío en el influyente programa periodístico Cuarto Poder, en el que anunció la actualización semanal de la lista durante una entrevista.

La iniciativa cuenta con dos listas, una para luchar contra el terrorismo y narcotráfico y otra contra la delincuencia. La primera tiene menos de diez integrantes, sobre los cuales pesan cuantiosas recompensas que van hasta los dos millones de soles (aproximadamente 590,000 dólares). Lo selectiva que es la primera se distingue de la segunda, compuesta hasta la fecha por 165 personas. Esta última ofrece recompensas más pequeñas, pero que suman un poco más de tres millones de soles (lo que equivale a casi un millón de dólares). Hasta la fecha se ha logrado la captura de 26 criminales.

La recompensa promedio sobre los prófugos de la segunda lista asciende a 20,000 soles, es decir, casi 6,000 dólares (con lo que se puede comprar un automóvil usado en Perú). Pero en la lista también se distinguen algunos pesos pesados –traficantes de droga y lavadores de dinero–, por los que se pagaría de 50,000 a 100,000 soles ( entre 15,000 y 30,000 dólares, lo que permite comprar un automóvil nuevo de buena calidad).

El listado se ha ampliado y el programa se ha “descentralizado”, como dijo a CityLab Latino el investigador en temas de seguridad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Noam López. Esto implica que a la lista de terroristas y narcotraficantes ya existente se le han agregado las identidades de prófugos acusados de violación, homicidio, secuestro y estafa, entre otros. Además, la aplicación del programa se ha expandido al interior del país, donde existe menor presencia del Estado y, a su vez, mayor criminalidad.

El sistema funciona mediante denuncias telefónicas. El ejecutivo ha abierto una línea gratuita para entregar información que destrabe un caso o apresure la captura de alguien de la lista. Luego de verificar los datos, se prepara un expediente que verifica la utilidad de la información y posteriormente se entrega el pago que corresponde al informante. El reglamento no especifica sanciones en caso se suministren datos falsos.

Con miedo y desconfianza

La ‘masificación’ del programa de recompensas en el Perú responde a una agenda política donde la inseguridad encabeza la lista de temas pendientes. Después de todo, Lima ha registrado altos niveles en percepción de inseguridad y victimización a nivel regional, de acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2013 y una encuesta de opinión pública en Latinoamérica de la Universidad de Vanderbilt de 2012.

El mismo estudio del BID advierte que la inseguridad es para los latinos la principal problemática que quisieran resolver y sobre la cual dicen estar insatisfechos.

A su vez, Perú está entre los lugares donde más se desconfía de la policía, de acuerdo a un reporte del World Value Survey que analizó datos del 2010 al 2014 en 60 países. Esto se visibiliza, según López, en la baja asistencia a las comisarías peruanas para denunciar un hurto. Solo cuando asesinan a alguien o roban una casa se pone una denuncia. En general, la población prefiere no acudir a la policía, ya que ve el proceso como inútil, engorroso y lento, dice el experto.

Otro investigador en temas de seguridad ciudadana, Arturo Huaytalla, considera que el plan de recompensas puede ser insuficiente y que se deben hacer reformas de fondo. “Así como el principal problema percibido por el ciudadano es la delincuencia, hay muchas sospechas de que el principal problema dentro de la Policía es la corrupción. Y si no desmontas, no amputas eso, [el programa] no va a servir de mucho”, enfatiza.

Sin embargo, el Instituto de Defensa Legal, del cual Huaytalla es parte, ha valorado los esfuerzos del nuevo gobierno y, de hecho, calificó el plan de seguridad de Peruanos por el Kambio, como el mejor entre los que participaron en la última elección.


El lado débil del plan

La presentación del programa de recompensas se da en un contexto crítico para la policía peruana, luego de que varios medios de comunicación y un informe del Ejecutivo confirmara la existencia de un escuadrón de la muerte en la PNP.

Esta acusación generó aún mayor desconcierto cuando IDL-Reporteros, un medio dedicado al periodismo de investigación dirigido por Gustavo Gorriti, presentó evidencia de que el escuadrón podría haberse fabricado al interior de la institución para cobrar venganza contra un grupo de agentes, que son justamente los incriminados.

“[La institución debe] poner en marcha medidas eficaces contra la corrupción policial”, dijo Gorriti a CityLab Latino. “Y, mientras ello toma un tiempo antes de dar resultados, debe tener a gente muy seleccionada y examinada para hacerse cargo del programa”.

Mientras Perú recién comienza a aplicar este plan, Estados Unidos ha puesto en marcha esta estrategia hace ya algún tiempo. La red Crimestopper, modelo que se ha expandido a otros 29 países en el mundo, genera un fondo para recompensas gracias a los aportes de ciudadanos, empresas y fundaciones.

Consultado por la periodista Emma Hallet para un reportaje de la BBC publicado en junio de 2014, el gerente de operaciones Ian Froggett reveló que a larga el valor de estos programas consiste en intimidar a potenciales criminales.

En Perú se planea incorporar a la lista de recompensas a 250 presuntos criminales del Callao, provincia constitucional que por sus altos índices de criminalidad y asesinatos permanece en estado de emergencia desde diciembre de 2015. Esta condición supone la suspensión de derechos, lo que permite a la policía ingresar a los domicilios o ejercer la detención de las personas sin la orden de un juez.

Pero el éxito del programa en Perú, así como en otros países de la región que lo emplean, no puede ser contabilizado solo por captura hecha. Este debería estar acompañado de una visión general sobre el manejo de la delincuencia. “[El programa] solo tiene sentido cuando es parte de una estrategia comprehensiva y no se piensa en eso como una suerte de bala de plata”, dice Gorriti.

Esta mirada más amplia todavía no está. Y, además, existe una falta de transparencia sobre el programa. No se conoce ni su presupuesto total, ni el número final de prófugos que serían parte de esta lista. Tampoco hay claridad sobre la duración estimada del programa o de algo tan relevante como la seguridad que se le ofrecerá a un informante si su vida peligra (aunque se asegura protección de identidad).

CityLab Latino contactó numerosas veces al Ministerio del Interior peruano para obtener más explicaciones al respecto, pero estos esfuerzos fueron infructuosos.

Así, el relazando programa de recompensas por el que apuesta el Perú podría ser una acción más en la que prime el efecto por encima de la efectividad. Finalmente, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, la falta de planificación y transparencia podría vaticinar otra lucha fallida.

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