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Cómo la Policía de Milwaukee busca mejorar su relación con las minorías

Meses antes de las protestas de este fin de semana, tanto el alcalde como el jefe de la policía pidieron una auditoría voluntaria del Departamento de Justicia, la que ya comenzó.
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19 Ago 2016 – 1:54 PM EDT

Antes de los disturbios del pasado fin de semana, ocurridos a raíz del asesinato de Sylville Smith (23 años), el Departamento de la Policía de Milwaukee (MPD, por sus siglas en inglés) ya había pedido ayuda al Departamento de Justicia. “El alcalde de Milwaukee y el jefe de la policía solicitaron asistencia técnica del Departamento de Justicia”, dijo Ronald Davis, director de la Oficina del DOJ encargada de los servicios orientados a la comunidad. “Explicaron que había preocupaciones de la comunidad respecto del Departamento de la Policía, y que querían exponerse a una auditoría de parte nuestra”.


Tras un incremento de un 200% de los tiroteos policiales entre 2014 y 2015, el MPD parece haber admitido que no logró generar mejoras por sí mismo. En particular, la muerte en 2014 de Dontre Hamilton, consecuencia de un incidente violento, y la ira que suscitó la falta de cargos contra el agente envuelto en dicho episodio, pudieron haber obligado al MPD a valorar la necesidad de reformas.

“No hace falta que uno salga por ahí a ver, ni hacer algo más. Basta con fijarse en los patrones y en las prácticas”, sostuvo un residente de la ciudad en un foro patrocinado en enero por el Departamento de Justicia (DOJ). “Cualquier cosa que suceda en las calles entra en la jurisdicción del Departamento de la Policía. Necesitamos que se observe detenidamente esto”. A su vez, otro residente se mostró más escéptico a propósito de todo el proceso de supervisión por el DOJ, como reportó el Milwaukee Neighborhood News Service (Servicio de Noticias de la localidad de Milwaukee):

“Muchos asistentes expresaron su falta de confianza en el DOJ y su sospecha en torno al proceso de reformas como un todo. William Muhammad dijo que entender el contexto histórico, particularmente en relación con las muertes de Dontre Hamilton, Corey Stingley y Derek Williams, es necesario. Hamilton fue asesinado por un agente de la policía; Williams murió bajo custodia policial; y la muerte de Stingley, a manos de civiles blancos, impulsó a pedir una investigación federal de derechos civiles.

“Muhammad también criticó el DOJ por no asegurar condenas o acusaciones a causa de las muertes de Tamir Rice, Mike Brown y Trayvon Martin. Tildó al proceso de reformas conjunto de ‘espectáculo circense’”.


Basado en su informe anual de 2015, el MPD se enfrenta a importantes desafíos. Según los datos del FBI presentados en dicho documento, hubo un aumento de un 70% de los homicidios en Milwaukee entre 2014 y 2015. El número de estos crímenes pasó de 86 a 146 en un año. Asimismo, las denuncias de violaciones aumentaron en un 10%, y los crímenes violentos, en un 7%. En una ciudad de 600,000 habitantes, se realizaron 150,000 detenciones de tráfico en un año calendario. El MPD también informó de 706 incidentes en que se empleó la fuerza involucrando a residentes, y contabilizó 9 tiroteos en que la policía estuvo implicada. En 2014 sólo se contaron 3.


Además de los múltiples esfuerzos de alcance comunitario, el MPD implementó en 2015 un sistema de cámaras corporales, y se estima que unos 200 agentes fueron equipados con dicha tecnología ese año. El Departamento espera que “casi todos los agentes” porten tales cámaras. “Estas ayudarán a contar la historia desde la perspectiva del uniformado y dotarán de transparencia a la agencia”, se lee en el informe anual. El DOJ dispuso un equipo de trabajo para la supervisión del MPD a través de visitas de campo, así como de la revisión de documentos, asesoría en los entrenamientos, observaciones directas y entrevistas a la policía y los residentes locales.


Las metas acordadas se dividen en cinco categorías fundamentales: reclutamiento y personal, orientación a la comunidad, uso de la fuerza, políticas de detención y cacheo, y la efectividad organizacional. Por su parte, el DOJ hizo un resumen de los objetivos iniciales del MPD, con un acápite específico versado en el uso de la fuerza, cuyo propósito consiste en “evaluar el empleo de la fuerza y las prácticas fatales de esta”. Así las cosas, el Departamento examinará el empleo de fuerza policial en diversos frentes, incluyendo la intervención en crisis, la reducción la violencia en un conflicto (deescalación), el adiestramiento investigativo, los protocolos, la documentación, y la vigilancia interna y externa.


El MPD no estaba bajo investigación en materia de derechos civiles por parte del DOJ cuando se acercaron a la agencia el año pasado para pedir la auditoría. Los pasos iniciales incluyeron reuniones con el jefe y demás policías del MPD y asambleas públicas donde, según Davis, asistieron más de 700 personas. “Escuchamos lo que tenían que decirnos. Enviamos expertos, y nuestros propios observadores, a reunirse con grupos comunitarios, con líderes en lo que respecta a derechos civiles, y defensores”, dijo. Como es habitual en estos casos, los asesores se reunieron agentes de policía y con la comunidad afectada.

“Lo que pasa es que los jefes pueden querer una evaluación de dos o tres áreas, pero les clarificamos que estábamos de acuerdo en analizar esas áreas y podríamos agregar las que nosotros estimáramos necesarias, porque si el departamento no ve deficiencias, no va a intentar identificarlas”, declaró Davis.

De todas maneras, Davis dijo que los tiroteos del pasado fin de semana no van a cambiar el curso en el que ya se estaba trabajando. Así lo explicó:
“Yo diría que la reforma tiene que ver con una transformación organizacional... De modo de que estamos enfocados en temas sistémicos más amplios, en políticas y en prácticas. Seguimos este camino porque estamos evaluando el uso de la fuerza sobre todo en los casos en que esta causa la muerte. Estamos prestando especial atención a la capacitación de los agentes y a sus tácticas, y a cómo contemplan el uso de la fuerza, cómo lo fiscalizan y, a su vez, prestamos atención a cómo ellos mantienen o no la confianza de la gente y emplean métodos preventivos para no incurrir en actos violentos. Estamos implementando una evaluación muy completa; reparamos en los casos y en cómo se desarrollan, pero no estamos enfocados en casos individuales como sí lo haría, por ejemplo, un fiscal del distrito o como sería el caso de una violación de los derechos civiles.
“Estamos analizando cómo el Departamento puede construir mejores sistemas de prevención, reducir el uso de la fuerza, y así hacer más segura la vida de la comunidad y de los propios uniformados, de modo que estos se comprometan con prácticas de vigilancia a la altura del siglo XXI. En ese sentido, mientras se dan los casos, sería natural que no perdiéramos el centro, pues ya estamos mirando el uso de la fuerza desde un punto de vista muy comprensivo. En particular, desde la severidad del uso de la fuerza allí donde existen diferencias raciales. Estamos pensando en problemáticas sistémicas que ayuden a cambiar las prácticas y la cultura de la organización.
“Este es un caso individual abierto que necesita emprender y mantener su camino, que requiere ser investigado por la gente que lo hizo público. Nosotros no interferiríamos o intervendríamos en dicha investigación porque no sería lo que se espera de nosotros”.


Davis dijo que el DOJ, como parte de su reforma conjunta con el MPD, no se enfocará en considerar factores propios de la comunidad, tales como las diferencias económicas y educativas, o la falta de vivienda. Aunque sí valoró su importancia, dejó claro cuál es el propósito de su equipo de trabajo en esta instancia:

“Las problemáticas sistémicas a las que nos referimos son los sistemas operacionales y los propios asuntos sistémicos dentro del Departamento de la policía, y cómo esta institución conduce y fiscaliza sus políticas. Pero uno de los temas de los que hemos hablado son las políticas orientadas a la comunidad. El hecho de por qué esto es importante –y hablamos de esto cuando examinamos los datos relacionados con las detenciones de tráfico y las políticas de la comunidad- tiene que ver con muchas de las cosas que contribuyen a responder por qué la comunidad se siente poco o nada comprometida y sin derechos; las soluciones pasan por que se asocien el gobierno de la ciudad, la policía y la comunidad. En ese sentido, mientras defendemos esto e identificamos qué funciona y qué no en la vigilancia de la comunidad, uno ve ese tipo de relaciones en que la policía se compromete con la comunidad en la solución de diversos problemas desde una perspectiva holística, la cual, a su vez, contribuye a abordar los aspectos socioeconómicos de que se hablado.
“Asimismo, nosotros no evaluaremos la situación del empleo aunque sí abogaremos para que se resuelva. Y todo, bajo un lente de trabajo policial propio del siglo XXI: ¿Estás comprometido con las mejores prácticas para con la vigilancia de tu comunidad, allí donde has establecido las relaciones para resolver los problemas? ¿Qué está causando el aumento en la tasa de crímenes? ¿Por qué la comunidad se siente desconectada y nada comprometida? ¿Gozas tú de la confianza y legitimidad de que deberías ser depositario? ¿Están tus estrategias de enfrentamiento del crimen impactando positiva o negativamente? Como ya dije, no abordaremos las problemáticas socioeconómicas en Milwaukee directamente, pero sí de modo indirecto; mientras más fuerte sea el sistema de vigilancia, mejor será la relación entre la policía y la comunidad, y más armados y asociados quedarán todos para afrontar los problemas de manera colectiva”.


El MPD parece ya saber que algunas de las comunidades bajo su jurisdicción necesitan servicios desarrollados a medida de sus demandas específicas. En el Distrito 7, que incluye el barrio Sherman Park, donde ocurrió la muerte de Smith, el Departamento inició una colaboración con el Equipo Móvil de Tratamiento Urgente, un servicio permanente compuesto por profesionales de la salud mental y un equipo de trabajadores sociales que ofrece asesorías a niños de entre 5 y 17 años, a fin de “reducir los efectos del trauma después de ser testigos de actos violentos”, como se describe en el informe anual. Es revelador que tales esfuerzos se lleven a cabo en las mismas zonas en que tuvieron lugar las protestas y demás incidentes.

El sargento Timothy Gauerke, agente encargado de la información pública en el MPD, dijo que “el Proceso de Reforma Conjunta entre el DOJ y el MPD está en marcha. Ahora, no puedo decir cuándo dicho proceso llegará a feliz término”. En el último informe anual del Departamento, el jefe de la policía, Edward Flynn, declaró que esperaba con ansias el acuerdo con el DOJ y así “recabar más apoyo comunitario”.

El informe final del DOJ acerca de la situación en Milwaukee deberá ser presentado más adelante este año, y luego habrá un plazo de 18 a 24 meses para que trabajen, basados en las recomendaciones que se hagan, el MPD, el gobierno de la ciudad y sus comunidades. La respuesta del Departamento de la policía y su compromiso con el trabajo que resta por hacer podrían funcionar como catalizadores para cambios sustanciales en la ciudad. Otras urbes están experimentando voluntariamente este tipo de evaluación, tales como Baltimore, Filadelfia, Las Vegas y San Francisco.

Pero en la llamada ciudad cervecera, por ejemplo, el reto ha sido magnificado gracias a lo que una nativa llamauno de los peores lugares del país en que podría vivir un afroestadounidense”. Ninguna colaboración del DOJ con el Departamento de la Policía puede revertir un ambiente viciado que resulta de décadas de discriminación económica, educativa, y de vivienda, algo que, como sucede en Milwaukee, ha privado de sus derechos a generaciones de residentes.


Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Atlantic, como parte del proyecto Next America: Criminal Justice, el cual recibe fondos de parte de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur.

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