El gobierno logró ampliar el estado de excepción tras una solicitud del presidente Nayib Bukele con el objetivo de continuar su lucha contra las pandillas. Con la aprobación de 67 legisladores oficialistas se decidió dar luz verde a la suspensión de garantías constitucionales hasta el 27 de mayo. Sin embargo, Human Rights Watch y Amnistia Internacional consideran que la decisión abre la puerta a potenciales abusos por parte del gobierno.
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