El ambientalista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, dijo este lunes que analiza la posibilidad de demandar al gobierno de Honduras por haber violado su derecho al debido proceso, tras su detención de casi un mes en ese país.
Ambientalista testigo del asesinato de la activista Berta Cáceres evalúa demandar al gobierno de Honduras
El mexicano Gustavo Castro aseguró que lo retuvieron en el país de manera "ilegal" y criticó la ausencia de un reglamento para testigos protegidos.
Por:Univision
Gustavo Castro, el activista mexicano
Imagen RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images
" No sé si demandaré al gobierno hondureño. Aún lo estamos evaluando", declaró durante una rueda de prensa en México este lunes.
Video Activista medioambiental que vio morir a Berta Cáceres pide versión "creíble" al gobierno sobre su asesinato
Castro apenas regresó a México el viernes debido a que las autoridades de Honduras habían impedido su salida del país el 6 de marzo, tres días después del asesinato de Cáceres.
El ambientalista fue herido en un brazo y su mejilla también la madrugada del 3 de marzo, cuando al menos dos encapuchados ingresaron en la vivienda de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizadores Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), mientras dormían y la mataron a tiros.
El mexicano logró escapar de los agresores haciéndose el muerto y es así uno de los testigos de lo ocurrido. Se encontraba en la vivienda porque al día siguiente participarían en una conferencia.
"De una manera ilegal, inconstitucional, me prohíben la salida (del país) sin determinar tampoco las razones ni cuántas diligencias", declaró a la prensa.
"No hay ley de víctimas allá, no hay un reglamento para el mecanismo de protección de derechos humanos, no hay un reglamento para los testigos protegidos. Entonces no había condiciones legales y públicas que garantizaran mi seguridad en un país donde yo había sido testigo de un asesinato", agregó.
Berta Cáceres tenía medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sus denuncias contra la empresa Desarrollos Eléctricos que, con militares, policías e incluso fiscales hondureños, la amenazaban constantemente de muerte por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.
Ahora Castro solo espera que el gobierno hondureño presente una versión "creíble" sobre el asesinato de la activista ambiental.
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