La policía allana dos residencias de la expresidenta Cristina Fernández en medio de la investigación por corrupción

La justicia argentina acusa a la expresidenta, exprimera dama y actual senadora de liderar una red de corrupción integrada por exfuncionarios y empresarios que habrían pagado sobornos para obtener contratos públicos.
23 Ago 2018 – 7:28 PM EDT

Justicia argentina allana domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner

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La policía allanó este jueves dos de las viviendas de la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una red de corrupción integrada por exfuncionarios y empresarios que habrían pagado sobornos para obtener contratos de obras públicas.

Los procedimientos comenzaron en la mañana de este jueves en el departamento que Fernández posee en un antiguo edificio situado en el elegante barrio de Recoleta en Buenos Aires.

La vivienda fue requisada por al menos una docena de policías federales, equipados con dispositivos técnicos y acompañados de perros para detectar drogas y explosivos, cumpliendo una orden del juez federal Claudio Bonadío. Seguidores de la senadora y curiosos se agolpafron en el lugar junto con numerosos periodistas


Otro equipo de la policía federal, también con equipos especiales y perros entrenados para buscar drogas, explosivos y dinero, ingresó a la vivienda de Fernández en la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz en la Patagonia.

Por la condición de senadora de Fernández, el juez Bonadío pidió hace varias semanas al Senado autorización para allanar sus dos casas en Santa Cruz y su departamento en Buenos Aires. Este último apartamento, según el relato de un arrepentido en la causa, fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).


El Senado autorizó el miércoles al juez inspeccionar las propiedades. Los 67 senadores presentes en el recinto votaron a favor, entre ellos la propia exmandataria de 65 años de edad, quien el día antes había aceptado la medida "con condiciones" que finalmente fueron desechadas por los legisladores. La cámara alta sólo especificó que el procedimiento debe guardar "decoro" y "tutelar las garantías constitucionales", especialmente el derecho a la intimidad.

Ataques contra Macri

Poco después de que comenzara el operativo en Buenos Aires, Carlos Beraldi, abogado de la senadora, dijo a periodistas que pedirá la “nulidad del procedimiento” por ir en contra de los principios constitucionales. “Se quiere hacer una farsa”, afirmó el letrado, quien dijo que se le obligó a abandonar el departamento allanado.

En tanto, Gregorio Dalbón, también abogado de la senadora, afirmó a The Associated Press que “estos shows mediáticos son para ocultar la realidad del gobierno del presidente Mauricio Macri, que no puede sostener un país que se está cayendo a pedazos”.

Aunque los críticos de Fernández afirman que los allanamientos a esta altura resultarían inútiles, algunos senadores apuntaron que permitirán identificar visualmente los lugares donde habrían sido depositados los bolsos con dinero.

Fernández negó ante la justicia haber cometido algún delito y acusó a Bonadío de responder a Macri en esta y otras pesquisas en las que es investigada por el magistrado.

Durante la sesión del Senado que dio vía libre a los allanamientos la exmandataria puso en duda la validez de las pruebas y la declaración de varios imputados que han confesado haber pagado sobornos.

En la causa sobre la que sería la mayor trama de corrupción en décadas en Argentina hay al menos 16 detenidos, 13 arrepentidos, un prófugo y otros 13 investigados.

Según versiones de la prensa con acceso a la investigación, dos exfuncionarios declararon que Fernández estaba al tanto del pago de sobornos. En tanto, varios empresarios reconocieron pagos millonarios a funcionarios o aportes para las campañas electorales del matrimonio Kirchner.

Fernández puede ser investigada, procesada y juzgada pero no detenida en virtud de su fuero parlamentario. En caso de que el juez solicitara su desafuero, sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo improbable, pues el peronismo ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.

La causa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos, donde registró entre 2005 y 2015 los días y las horas en las que los empresarios habrían pagado los sobornos. Entre los destinos a los que habría llegado el dinero también están la casa de gobierno nacional y la residencia presidencial.

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