Nicaragua

Daniel Ortega se compromete a liberar a todos los presos políticos para retomar el diálogo en Nicaragua

El acuerdo se logra gracias a intermediación del nuncio y la OEA. El gobierno sandinista aceptó a cambio que se le pida a la comunidad internacional levantarle las sanciones impuestas. Este mismo miércoles, al Departamento de Estado se le venció el plazo para presentar ante el Congreso norteamericano un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua que desembocaría en más sanciones.
21 Mar 2019 – 9:45 PM EDT

El gobierno de Daniel Ortega se comprometió este miércoles a liberar a todos los presos políticos en Nicaragua en un plazo de 90 días, como parte de un acuerdo alcanzado con la oposición reunida en la Alianza Cívica para destrabar el diálogo nacional, que pretende encontrar una solución a la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018.

La tarde de este 20 de marzo –cuando se cumplen once meses de protestas y de algunos de los asesinatos de los jóvenes que marcaron a Nicaragua– el enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, anunció el consenso entre las partes negociadoras, luego de semanas de que el gobierno sandinista se negaba a liberar a los 760 reos de conciencia.

“Gracias a las gestiones del señor nuncio apostólico, como testigo y acompañante y el delegado especial de la OEA, y dado el acercamiento de posiciones alcanzado, se logró retomar el proceso de negociación”, reza un comunicado enviado por el gobierno sandinista.

El punto toral del consenso es la liberación total de los reos políticos, condición exigida por los opositores para regresar a la mesa de negociación, suspendida desde el 15 de marzo. La exigencia de la liberación de los presos políticos también fue condición sine qua nonde la OEA para participar como “testigo y acompañante internacional” en las negociaciones.

“La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de noventa días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, de conformidad al ordenamiento jurídico del país”, afirma el comunicado emitido por la administración sandinista.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y miembro de la Alianza Cívica, José Adán Aguerri, explicó en conferencia de prensa que el plazo de 90 días no significa que los presos políticos saldrán hasta esa fecha, sino que se trata de un plazo máximo.

Aunque los opositores habían exigido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) velara por la liberación de los presos políticos, se acordó que invitarán al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) “para que acompañe a la mesa en el proceso de liberación de todas las personas presas o detenidas”.

A nivel político frente a sus bases y simpatizantes, admitir la liberación de todos los presos políticos es un golpe duro para Daniel Ortega, cuya administración ha insistido que los reos de conciencia se trata de “reos comunes”, que cometieron delitos de “terrorismo, asesinatos, crimen organizado”, entre otros.


Acuerdan reformas electorales

El comunicado leído por el delegado de la OEA también anuncia que acordaron “fortalecer la democracia y reformas electorales para la realización de procesos electorales”. Sin embargo, no se especifica si eso incluye el adelanto de elecciones, demanda de la oposición y la comunidad internacional.

A la mesa de negociaciónse invitó a la Secretaría General de la OEA, representada por Luis Almagro, “para retomar el trabajo en el tema de reformas electorales”.

Además, mencionan el “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” pero tampoco explican si eso se refiere al cese de la represión en las calles. Mientras este acuerdo era leído, la capital Managua está militarizada debido al anuncio de “un pitazo y cacerolazo nacional”.

“Una vez logrados los acuerdos en la mesa de negociación, ésta realizará gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la implementación de los mismos”, dice el comunicado.

Sin embargo, lo más llamativo del comunicado es que aboga a hacer “un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones” impuestas al régimen Ortega-Murillo. El gobierno de Donald Trump ya ha emitido sanciones personales contra funcionarios específicos, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo.

Según el comunicado, se pedirá levantar estas sanciones para “facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”.

El acuerdo en la mesa de negociación en Managua ocurre este mismo miércoles cuando se venció el plazo en Washington para que el Departamento de Estado presente ante el Congreso norteamericano un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. A partir de ese informe, se aplicarían más sanciones a funcionarios del gobierno de Ortega involucrados en violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Mientras que la semana pasada el Parlamento Europeo aprobó una resolución urgiendo a la Unión Europea sancionar a personeros del gobierno sandinista, incluido los hijos de la pareja Ortega-Murillo.

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