Transportistas y otros grupos organizados mantienen los viernes bloqueos en cuatro puntos de la capital guatemalteca y algunas carreteras en el interior del país para exigir al gobierno que rebaje los precios de los combustibles que se mantienen en alza.
Aumenta tensión en Guatemala por bloqueos de transportistas contra el alza al combustible
En Guatemala los bloqueos han generado protestas, quienes el jueves se enfrentaron a la policía que intentaba dialogar y posteriormente fueron desalojados, dejando como resultado tres personas detenidas y algunos comerciantes saqueados.
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El cierre del estrecho de Ormuz durante la guerra que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán desde febrero ha alterado el flujo mundial del combustible, incrementado los precios en todo el mundo y desencadenando un alza en otros productos.
El martes, el Congreso guatemalteco aprobó una ley para poner tope al precio del diésel y la gasolina que establece que el consumidor pagará un máximo de 39 quetzales (unos cinco dólares) por galón de diésel y gasolina regular, y 41 quetzales (unos cinco dólares con 40 centavos) por galón de gasolina superior.
Sin embargo, las protestas continúan debido a que los transportistas que han organizado los bloqueos piden que la rebaja sea aún mayor. La ley no ha entrado en vigencia debido a que los diputados opositores del partido VAMOS, del expresidente Alejandro Giammattei, pidieron revisiones, lo que hace imposible publicarla.
En Guatemala, los bloqueos han generado algunos incidentes menores. La tarde del jueves, algunos protestantes se enfrentaron a la policía que intentaba dialogar y posteriormente fueron desalojados, dejando como resultado tres personas detenidas y algunos comerciantes saqueados.
El sector empresarial señaló que los bloqueos han causado dificultades a la población y pérdidas económicas.
“Esto no puede ser algo que tengamos como normal en el país, las pérdidas económicas, los problemas de abastecimiento y las afectaciones a la producción continúan”, dijo Charles Bland, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) que pidió a la fiscalía investigar quiénes realizan estas acciones.
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