Inmigración

"Esto es ir a la guerra contra California": gobernador Jerry Brown sobre demanda del gobierno

Políticos californianos reaccionaron a la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia ante sus políticas que defienden a los inmigrantes. Reclaman que se trata de un "truco político", aseguran que no están "en el negocio de la deportación" y que están dispuestos a pelear hasta en un tribunal federal.
7 Mar 2018 – 5:37 PM EST

LOS ÁNGELES, California.– Los políticos californianos, autoproclamados líderes de la resistencia antiTrump, aseguraron que están dispuestos a defender con uñas y dientes a los indocumentados en un tribunal federal, enfrentando allí la demanda que interpuso el Departamento de Justicia reclamando que el estado interfiere en sus acciones enfocadas en deportar criminales.

"Esto es básicamente ir a la guerra contra el estado de California, motor de la economía estadounidense. No es inteligente, no está bien y no va a funcionar", dijo el gobernador Jerry Brown en una conferencia de prensa este miércoles, un día después de que el fiscal general Jeff Sessions anunció la acción legal en contra del estado.

Esta demanda es la continuación de un enfrentamiento en el cual se enfrascaron la administración Trump y el gobierno de California desde hace más de un año. Sin embargo, el camino que decidió tomar el gobierno fue calificado por Brown como un "truco político" y otro ejemplo de que el gabinete de gobierno "está lleno de mentirosos".

"Esto no tiene precedentes para el oficial en jefe de la ley de Estados Unidos, venir a California y actuar más como Fox News que como agente del orden", reclamó el gobernador.

La Fiscalía federal argumenta en su demanda, interpuesta en una Corte de Distrito en Sacramento, que California ha violado la Constitución con la aprobación de leyes que protegen a los indocumentados. Se refiere a tres legislaciones que limitan la cooperación de las policías locales con las autoridades federales, prohíben su acceso a centros de trabajo y piden no transferir a migrantes que cometieron faltas menores al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Dichas normas, en vigor desde el pasado 1 de enero, "obstruyen el cumplimiento de la ley federal de inmigración y ponen en riesgo la seguridad pública", citan los documentos presentados en corte.

Sobre las declaraciones del fiscal Sessions respecto a que el estado actúa al margen de la ley, el presidente del Senado californiano, Kevin de León, reaccionó con ironía: "Vamos a hacer todo lo posible para deportar al fiscal general de este gran estado, que valora la diversidad y la inclusión".

De León, el hispano de mayor rango en la legislatura estatal, dijo en una entrevista con Noticias Univision que confía en que derrotarán la demanda del Departamento de Justicia en la corte y así obtendrán "una victoria para nuestra gente trabajadora".

"Son tácticas, maniobras de un presidente racista que hace todo lo posible por dividir a esta gran nación, buscando un chivo expiatorio para todos los males económicos", expresó el también candidato al Senado federal.

No al "negocio de la deportación"

En tanto, el fiscal general de California, Xavier Becerra, respondió que de ninguna manera están interfiriendo en las acciones de las autoridades de inmigración. "En California, nuestras leyes estatales funcionan de acuerdo con la ley federal. Estamos en el negocio de la seguridad pública, no de la deportación", dijo en su cuenta de Twitter.


A esta ola de reacciones se sumó el alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, quien afirmó que no se dejarán amedrentar por la administración Trump. "Pueden demandarnos, amenazarnos, pueden tratar de intimidarnos, pero vamos a continuar siendo orgullosamente una ciudad que protege a inmigrantes".

El norte del estado, donde se encuentra Sacramento, ha sido blanco del más reciente operativo de ICE, el cual concluyó con 232 arrestos a finales de febrero.

El director interino de ICE, Thomas D. Homan, reclamó la semana pasada que algunos de los 864 criminales que no lograron capturar en esa operación lograron escapar por un tuit que envió la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, alertando sobre la búsqueda de indocumentados en la región.

Sessions también criticó con dureza a la alcaldesa Shaaf, asegurando que ella "valida la ilegalidad": "¿Cómo te atreves a poner innecesariamente en peligro las vidas de los oficiales de inmigración solo para promover tu agenda radical de fronteras abiertas?", le preguntó.

A través de un tuit, en el cual no menciona ni la demanda ni los comentarios del fiscal federal, Shaaf expresó: "Ahora es un buen momento para recordarle a nuestra comunidad que la tasa de delitos violentos de Oakland ha disminuido drásticamente en los últimos cinco años".


El fiscal Sessions también se lanzó en contra del vicegobernador y candidato a la gubernatura, Gavin Newsom, por elogiar la notificación de la alcaldesa de Oakland sobre las acciones de ICE.

Newsom, quien fue alcalde de San Francisco, una de las primeras ciudades santuario del estado, aseguró que este tipo de políticas reducen la tasa delictiva, elevan los ingresos familiares y disminuyen la pobreza y el desempleo. El demócrata señaló que los líderes del estado no se dejarán intimidar por la agenda de "miedo" del procurador federal.

"Jeff Sessions acaba de llamarme una vergüenza. Un hombre cuyo legado es atacar a los inmigrantes, relanzar la fallida guerra contra las drogas, apoyar a quienes ganan por las prisiones privadas y pedir disculpas para los supremacistas blancos... Lo tomo como un gran cumplido", expresó.

Antonio Villaraigosa, exalcalde de de Los Ángeles y también aspirante a la gobernación de California, lanzó una campaña en contra de la querella del Departamento de Justicia en contra del estado. Este fue su mensaje:


Por su parte, el senador estatal Ricardo Lara, advirtió: "si quieren pelea van a tenerla, nos vemos en la corte". El legislador, hijo de inmigrantes mexicanos, reprochó que esta demanda es "un intento de acosarnos, de tratar de detenernos en lo que estamos haciendo".

En fotos: el paso a paso de una detención de ICE en el estado con más indocumentados de EEUU

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