Más alguaciles en Maryland aceptan trabajar con ICE en control migratorio

ANNAPOLIS, Maryland.- Conforme las acciones de ICE continúan en aumento, el número de condados que han estrechado su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Maryland ha aumentado a más del doble.

En 2025, Maryland ha visto un crecimiento número de alguaciles que han establecido acuerdos para colaborar con ICE, mediante el programa federal conocido como 287, que permite a las autoridades locales realizar tareas migratorias.

A principios de año, únicamente tres condados del estado —Frederick, Harford y Cecil— mantenían convenios activos bajo el programa 287, que les permite notificar a ICE sobre personas detenidas en cárceles locales que podrían ser sujetos a procesos migratorios. Sin embargo, entre enero y julio de 2025, cinco condados más —Allegany, Carroll, Garrett, St. Mary’s y Washington— se sumaron a este esquema.

Según datos oficiales, aproximadamente el 20% de la población de Maryland vive en áreas donde la coordinación entre leyes locales y federales facilita la aplicación de la ley migratoria, lo que podría derivar en un aumento significativo de detenciones, algunas de ellas consideradas ilegales.

Esta situación ha generado temor en la comunidad hispana, reflejado en el ausentismo escolar y laboral, así como en que muchas personas prefieren quedarse recluidas en sus hogares para evitar riesgos de deportación.

El p rograma 287 forma parte de la política migratoria federal que se ha reforzado en el segundo mandato de Donald Trump.

Incrementan arrestos en Maryland

Esta política llevó a un incremento importante en los arrestos de personas indocumentadas, incluso aquellas que no tenían antecedentes penales graves.

Como consecuencia, varios alguaciles en distintos condados decidieron establecer acuerdos con ICE para avisarles antes de liberar a personas detenidas que podrían estar sujetas a procesos migratorios, facilitando así su posible deportación.

Paralelamente, en marzo de 2025 , la Cámara de Delegados de Maryland aprobó un proyecto de ley, conocido como House Bill 1222 o parte del Maryland Values Act, que buscaba prohibir estos convenios y exigir que se avisara a ICE con al menos 48 horas de anticipación antes de liberar a cualquier persona con condenas penales. No obstante, el Senado estatal eliminó estas disposiciones en la versión final, permitiendo que los acuerdos 287 vigentes continuarán sin restricción desde abril de 2025.

¿Qué dicen los alguaciles de Maryland?

Los alguaciles de Maryland que participan en el programa defienden que esta colaboración contribuye a la seguridad pública.

En una audiencia del Comité de Procedimientos Judiciales del Senado de Maryland en marzo de 2025, el sheriff Jenkins afirmó que su oficina ha emitido más de 2,000 detenciones de ICE desde que se unió al programa 287 en 2008.

Además, destacó que su jurisdicción ha sido parte del programa durante más de 16 años, lo que la convierte en una de las más antiguas del país. En una declaración publicada en el sitio web de la Oficina del Sheriff del Condado de Harford, el sheriff Jeffrey Gahler expresó:

“Estoy agradecido con todos los residentes del condado de Harford y con todas las personas en Maryland que se involucraron y contactaron a miembros de la Asamblea General en un esfuerzo por salvar nuestro programa de colaboración con el Gobierno Federal para remover a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales de nuestra comunidad. Trabajar con todos nuestros socios locales, estatales y federales es seguridad pública básica, y es una vergüenza que algunos en Annapolis aún se nieguen a reconocer este hecho y hayan intentado poner fin a estos programas existentes”.

Asociaciones pro inmigrantes responden

Por su parte, organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes han manifestado preocupación por el impacto del programa en las comunidades, señalando que puede generar miedo, desconfianza y afectar la colaboración ciudadana con las fuerzas de seguridad.

A pesar de estas críticas, el programa sigue vigente en los ocho condados que mantienen acuerdos activos, reflejando un escenario de tensión entre seguridad pública y derechos civiles.

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