Corte de apelaciones de EEUU considera ilegal la decisión de Noem de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos

Una corte federal de apelaciones dictaminó a última hora del miércoles que la administración Trump actuó de manera ilegal al poner fin a las protecciones legales que permitían a cientos de miles de personas procedentes de Venezuela vivir y trabajar en Estados Unidos.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9.º Circuito de EEUU confirmó el fallo de un tribunal inferior que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se excedió en sus atribuciones al poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.

El fallo, sin embargo, no tendrá efectos prácticos inmediatos después de que la Corte Suprema de EEUU permitiera en octubre que la decisión de Noem entrara en vigor mientras los magistrados adoptan una resolución definitiva.

El panel del 9.º Circuito también confirmó la conclusión del tribunal inferior de que Noem se excedió en su autoridad cuando decidió poner fin de manera anticipada al TPS para cientos de miles de personas procedentes de Haití.

Se espera que un juez federal en Washington se pronuncie en cualquier momento sobre una solicitud para pausar la terminación del TPS para Haití mientras avanza una demanda separada que lo impugna. La designación de TPS para ese país está prevista para expirar el 3 de febrero.

Qué dijeron los magistrados

sobre el TPS

Los jueces del Noveno Circuito Kim Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony Johnstone señalaron en el fallo del miércoles que la legislación del TPS aprobada por el Congreso no otorgó a la secretaria el poder de anular una designación de TPS ya existente. Los tres jueces fueron nominados por presidentes demócratas.

“El estatuto contiene numerosas salvaguardas procesales que garantizan que las personas con TPS disfruten de previsibilidad y estabilidad durante periodos de condiciones extraordinarias y temporales en su país de origen”, escribió Wardlaw, nominada por el presidente Bill Clinton, en nombre del panel.

Wardlaw afirmó que las “acciones ilegales” de Noem han tenido “consecuencias reales y significativas” para los venezolanos y haitianos en Estados Unidos que dependen del TPS.

“El expediente está repleto de ejemplos de miembros trabajadores y contribuyentes de la sociedad —madres, padres, esposas, esposos y parejas de ciudadanos estadounidenses, que pagan impuestos y no tienen antecedentes penales— que han sido deportados o detenidos tras perder su TPS”, escribió.

Mendoza escribió por separado que existía “amplia evidencia de animadversión racial y por origen nacional” que reforzaba la conclusión del tribunal inferior de que las decisiones de Noem estaban “predeterminadas y su razonamiento era un pretexto”.

“Está claro que las acciones de anulación de la secretaria no se basaron realmente en consideraciones sustantivas de política pública ni en diferencias genuinas respecto a los procedimientos del TPS de la Administración anterior, sino que estaban arraigadas en un diagnóstico basado en estereotipos que presenta a los inmigrantes de Venezuela y Haití como delincuentes peligrosos o personas con problemas mentales”, escribió.

Los abogados del Gobierno han argumentado que la secretaria tiene una autoridad clara y amplia para tomar decisiones relacionadas con el programa TPS y que dichas decisiones no están sujetas a revisión judicial. También han negado que sus acciones estuvieran motivadas por animadversión racial.

Qué es un TPS y qué argumento dio

Noem para eliminar el de venezolanos y haitianos

El Estatus de Protección Temporal, o TPS, autorizado por el Congreso como parte de la Ley de Inmigración de 1990, permite a la secretaria de Seguridad Nacional conceder estatus migratorio legal a personas que huyen de países que atraviesan conflictos civiles, desastres ambientales u otras “condiciones extraordinarias y temporales” que impiden un retorno seguro a su país de origen.

Las designaciones se conceden por periodos de seis, 12 o 18 meses, y pueden prorrogarse mientras las condiciones sigan siendo graves. El estatus impide la deportación y permite trabajar, pero no ofrece una vía hacia la ciudadanía.

Al poner fin a las protecciones, Noem sostuvo que las condiciones tanto en Haití como en Venezuela habían mejorado y que no era de interés nacional permitir que inmigrantes de ambos países permanecieran en el país en el marco de lo que es un programa temporal.

Millones de venezolanos han huido de la inestabilidad política, el desempleo masivo y el hambre. El país está atrapado en una crisis prolongada provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.

Haití fue designado por primera vez para el TPS en 2010 tras un catastrófico terremoto de magnitud 7.0 que mató e hirió a cientos de miles de personas y dejó a más de 1 millón sin hogar. Los haitianos se enfrentan a una situación de hambre generalizada y violencia de pandillas.