DHS publica la nueva norma que pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo para inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este jueves en el Registro Federal la norma final interina por la que entra en vigor el fin de la extensión automática de los permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes.

"El propósito de este cambio es priorizar la debida verificación y evaluación de los extranjeros antes de otorgarles una nueva autorización de empleo o un nuevo permiso de trabajo (EAD)", señala la publicación del DHS.

La agencia agrega que la modificación "no afecta la validez de los permisos de trabajo que se extendieron automáticamente antes del 30 de octubre de 2025, ni de aquellos que se extienden automáticamente por ley o por otro motivo", como los permisos de trabajo vigentes entre quienes tienen Estatus de Protección Temporal (TPS).

La norma deshace una política del gobierno de Joe Biden que a mediados de 2023 —ante la acumulación de solicitudes— amplió de 180 a 540 días la renovación automática de los permisos de trabajo a quienes ya habían superado un proceso de veto.

Jeff Joseph, presidente de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA, en inglés), criticó la medida del DHS al considerar que "al eliminar una norma de larga data" no les dejará a los empleadores más alternativa que "despedir a sus necesitados trabajadores".

"La administración Trump vuelve a negar su apoyo a las empresas de EEUU y, de hecho, está directamente dañando la economía del país", agrega Joseph en un comunicado.

A quiénes afecta el cambio en la normativa del DHS

La regla afecta a casi todas las categorías de inmigrantes que hasta ahora habían podido renovar sus permisos de trabajo de forma automática. Sobre todo resultan impactados aquellos que no tienen estatus permanente, están a la espera de una respuesta sobre sus casos o están en un proceso de ajuste. Algunos ejemplos a continuación:

• Solicitantes de asilo, refugio o en busca de una suspensión de deportación.
• Beneficiarios de asilo y refugio.
• Inmigrantes que buscan ajustar su estatus, por ejemplo, hacia residencias legales permanentes o green card.
• Ciertos beneficiarios de visas de no inmigrante como la H-4, para cónyuges de portadores de visas H-1B.
• Aplicantes de visas de no inmigrante, como la T.
• Solicitantes de VAWA, quienes sufrieron abuso de parte de sus cónyuges o hijos mayores de 21 años residentes o ciudadanos.
• Beneficiarios del TPS cuyos permisos de trabajo hayan expirado.
• Esposos o esposas de beneficiarios de visas de inversionista E.
• Beneficiarios de visas L-2, quienes son esposos o esposas de ejecutivos o gerentes con visas L-1.

Actualmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) estima que la renovación de una tarjeta de empleo para solicitantes de asilo está tomando seis meses y medio. Para quienes están buscando una suspensión de su proceso de deportación el tiempo es hasta de 10 meses y medio. En otros casos puede llegar al año.
Al anunciarse la medida el miércoles, Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP), le explicó a Univision Noticias que los solicitantes de asilo no serán los más afectados en lo inmediato: "Casi todos tienen permisos de trabajo de cinco años o ya han recibido la extensión de 540 días. El impacto no será inmediato, pero eventualmente será un problema".

Cruz explica que quienes sí verán los cambios con más rapidez son personas que, por ejemplo, han sobrevivido violencia doméstica y podrían quedar sin permiso para trabajar por períodos prolongados.

La directora ejecutiva de ASAP recuerda que la extensión automática se hizo para que inmigrantes que estaban legalmente en el país no quedaran excluidos de la fuerza laboral por semanas e incluso por meses.

"Es un paso más contra personas que están aquí trabajando legalmente y aportando a sus comunidades. No sólo impactará a esas personas, sino a sus familias, empleadores, colegas, y a sus comunidades, porque algunos prestan servicios críticos", dice.

"Va a afectar esencialmente a personas que están vulnerables, quienes requieren tener sus licencias y permisos de trabajo al día", asegura Ezequiel Hernández, abogado de inmigración en Arizona. "Es una carga más para los inmigrantes", comenta, al recordar además la entrada en vigor de las nuevas tarifas que deben pagar los inmigrantes, por ejemplo, que tienen peticiones de asilo.

Con los tiempos de respuesta de las agencias federales, teme que los inmigrantes "van a estar aquí legalmente pero sin poder trabajar".