Beneficiarios de DACA están siendo arrestados en medio de la dura ofensiva migratoria del gobierno de Trump

Yaakub Vijandre se preparaba para ir a trabajar como mecánico cuando seis vehículos aparecieron frente a su casa en el área de Dallas. Agentes federales salieron apresurados, uno le apuntó con un arma. Fue detenido minutos después.

Vijandre es beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA), que desde la era de Barack Obama ha protegido a cientos de miles de la deportación si fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niños y no han tenido problemas legales.

Su arresto y varios otros este año señalan un cambio en cómo Estados Unidos está manejando a los beneficiarios de DACA mientras el gobierno de Donald Trump avanza en su política contra la inmigración, en la que ha puesto en su mira incluso a inmigrantes con procesos migratorios pendiente o en camino a regularizar su estatus en el país.

El cambio se produce también mientras los inmigrantes enfrentan un escrutinio más riguroso, incluyendo sus redes sociales, cuando solicitan visas, la residencia, ciudadanía o para solicitar la liberación de sus hijos de la custodia federal. Además, el gobierno del republicano también ha buscado deportar a estudiantes extranjeros por participar en activismo propalestino.

El programa DACA fue creado para proteger a los beneficiarios, comúnmente conocidos como 'dreamers', de arrestos y deportaciones por motivos migratorios. También les permite trabajar legalmente en Estados Unidos. Los beneficiarios vuelven a solicitar su acceso al programa cada dos años.

Anteriormente, si su estatus estaba en peligro, recibían una advertencia y tenían la oportunidad de luchar en las cortes antes de que inmigración los detuviera y comenzaran los esfuerzos para deportarlos.

Los 'dreamers', ahora más en la mira del gobierno con Trump

Sin embargo, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado recientemente diciendo que las personas "que afirman ser beneficiarios de DACA no están automáticamente protegidas de las deportaciones".

"DACA no confiere ninguna forma de estatus legal en este país", dijo. Los beneficiarios de DACA pueden perder su estatus "por varias razones, incluyendo si han cometido un delito", agregó.

McLaughlin agregó que en el caso de Vijandre su detención se debió a que hizo publicaciones en redes sociales "glorificando el terrorismo", incluyendo una que, según ella, celebraba a Abu Musab al-Zarqawi, miembro de Al Qaeda en Irak que murió en un ataque de Estados Unidos en 2006.

Un abogado de Vijandre, Chris Godshall-Bennett, declaró a medios que la actividad en redes sociales de Vijandre "claramente" está protegida por la libertad de expresión y añadió que el gobierno no ha proporcionado detalles sobre las publicaciones específicas en los documentos judiciales.

Vijandre es uno de aproximadamente 20 beneficiarios de DACA que han sido arrestados o detenidos por las autoridades de inmigración desde que Trump asumió el cargo en enero, según Home is Here, una campaña creada por grupos que defienden el programa DACA.

El gobierno busca terminar su estatus de DACA, lo que podría resultar en su deportación a Filipinas, un lugar que no ha visitado desde que su familia llegó a Estados Unidos en 2001, cuando él tenía 14 años.

El programa DACA ha enfrentado desafíos legales en el pasado

El programa sobrevivió al primer intento del gobierno de Trump de rescindir el programa cuando la Corte Suprema dictaminó en 2020 que la administración no tomó los pasos adecuados para terminarlo.

Ha habido otros intentos de terminar el programa o imponer restricciones a los beneficiarios.

Este año, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emitió un fallo que negaría permisos de trabajo para los beneficiarios de DACA que viven en Texas. El gobierno presentó recientemente sus planes a un juez federal que está determinando cómo funcionará.

La administración también ha emitido nuevas restricciones sobre las licencias de conducir comerciales que impedirían que los beneficiarios de DACA y algunos otros inmigrantes las obtengan.

Además, el año pasado, 19 estados republicanos despojaron a los beneficiarios de DACA del acceso al seguro de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida popularmente como 'Obamacare'. Y el número de estados donde los estudiantes inmigrantes pueden calificar para la matrícula estatal ha disminuido desde que el Departamento de Justicia comenzó a demandar a los estados este año.

"Esta administración podría no estar tratando de terminar DACA por completo de la manera en que lo hicieron la primera vez, pero están socavándolo", indicó a AP Juliana Macedo do Nascimento, portavoz de United We Dream, que forma parte de Home is Here, la coalición que lleva un registro de los casos públicos de beneficiarios de DACA que han sido detenidos.

Los beneficiarios de DACA detenidos cuestionan sus arrestos

Catalina Xóchitl Santiago Santiago, una activista de 28 años de El Paso, Texas, fue arrestada en agosto a pesar de mostrar a los agentes de inmigración un permiso de trabajo válido obtenido a través de DACA.

Días después, policías federales arrestaron a Paulo Cesar Gamez Lira cuando el padre de 28 años llegaba a su casa en El Paso con sus hijos después de una cita médica. Los agentes le dislocaron el hombro, según sus abogados.

Tanto Santiago como Gamez Lira fueron retenidos por más de un mes mientras sus abogados solicitaban su liberación.

Marisa Ong, abogada de Santiago y Gamez Lira, señaló que el gobierno no notificó a ninguno de sus clientes sobre la intención de terminar su estatus de DACA.

"Los beneficiarios de DACA tienen un interés constitucionalmente protegido en su libertad continua", sostuvo Ong, agregando que "el gobierno no puede quitar esa libertad sin proporcionar una razón válida".

Los beneficiarios de DACA pueden perder su estatus si son condenados por un delito grave, delitos menores significativos como aquellos que involucran daño a otros, conducir bajo la influencia o distribución de drogas, o tres o más delitos menores. También pueden perder su estatus si representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

DHS afirmó en un comunicado que Santiago fue previamente acusada de allanamiento, posesión de narcóticos y parafernalia de drogas, y que Gamez Lira fue previamente arrestado por posesión de marihuana.

Ong aseguró que, cuando los abogados buscaron su liberación, "el gobierno no presentó evidencia de ninguna mala conducta pasada por parte de ninguno de los individuos".

Mientras que Vijandre, que fue arrestado en octubre, permanece en un centro de detención en Georgia. Sus abogados dicen que recibió un aviso dos semanas antes de su arresto de que el gobierno planeaba terminar su estatus de DACA, pero que no se le dio la oportunidad de luchar legalmente.

"Creo que el gobierno ha trazado una línea muy clara y, al menos por ahora, entre ciudadanos y no ciudadanos, y su objetivo es remover a tantos no ciudadanos del país como sea posible y hacer lo más difícil posible para que los no ciudadanos entren al país", aseveró a AP Godshall-Bennett, abogado de Vijandre.

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