El plan para una nueva norma presentada esta semana busca modificar las regulaciones actuales para tres categorías principales de no ciudadanos: personas bajo libertad condicional humanitaria o de beneficio público (parole), beneficiarios de acción diferida y aquellos que cuentan con órdenes finales de deportación, pero se encuentran en libertad temporal bajo una orden de supervisión (OSUP).
Nuevo plan del DHS amenaza con dejar sin permiso de trabajo a casi un millón de inmigrantes
En una medida destinada a endurecer la política migratoria y priorizar la mano de obra local, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha presentado una propuesta de reglamentación que restringirá significativamente el acceso a las autorizaciones de empleo discrecionales para ciertos grupos de extranjeros en los Estados Unidos
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¿El fin de los permisos automáticos de trabajo bajo supervisión?
Uno de los cambios más drásticos recae sobre los extranjeros con órdenes finales de remoción que actualmente están libres bajo órdenes de supervisión (categoría C-18). Bajo la normativa vigente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) será más estricto a la hora de otorgar estos permisos y la propuesta busca que esto sea revisado más exhaustivamente, ya que la nueva propuesta elimina casi por completo esta elegibilidad, dejando una única y estrecha excepción: solo podrán solicitar el permiso de trabajo aquellos cuya deportación sea materialmente "impracticable" debido a que los países de origen se nieguen a emitir los documentos de viaje necesarios. El DHS argumentó que la práctica anterior desincentivaba el cumplimiento de las órdenes de deportación y retrasaba la salida voluntaria de los migrantes.
Nuevas exigencias: necesidad económica y control
Para las personas bajo parole (categoría c-11) y acción diferida (categoría c-14), el gobierno exigirá de manera obligatoria demostrar una "necesidad económica" real para poder trabajar, un requisito que previamente no se aplicaba de forma homogénea. Además, todos los solicitantes deberán superar un estricto análisis de discrecionalidad.
La propuesta establece un veto prácticamente absoluto para cualquier extranjero involucrado en actividades delictivas. Salvo contadas excepciones de interés público —como colaborar activamente con las fuerzas del orden estadounidenses—, el USCIS negará la autorización de empleo a cualquier solicitante que haya sido arrestado, acusado, procesado o condenado por algún delito, así como a quienes admitan haber cometido crímenes violentos o pertenezcan a pandillas u organizaciones terroristas. Asimismo, la vigencia de estos permisos se limitará a un periodo máximo de un año.
N+ Univision consultó con el abogado experto en inmigración Haim Vásquez, que destaca puntos importantes, como el que esto de momento no cambia absolutamente nada. "El gobierno lo que acaba de hacer es proponer una regla que haría mucho más difícil para ciertos inmigrantes que obtengan ese permiso o renueven un nuevo permiso. Pero ojo, es una propuesta, todavía no es ley. La dirección es clara y lo que viene ahora es un proceso de un periodo de 60 días donde se abrirán a comentarios públicos".
Obligación de usar "E-Verify"
Otra de las medidas que menciona el documento es que el nuevo proyecto exigirá que los extranjeros que busquen renovar sus permisos de trabajo bajo estas categorías coticen o busquen empleo exclusivamente con empresas inscritas y activas en **E-Verify**, el sistema electrónico federal de verificación de elegibilidad laboral.
Según cifras del DHS, en el año fiscal 2024 el gobierno recibió un total de 978,308 solicitudes de permisos de trabajo discrecionales dentro de las categorías afectadas. La administración actual sostiene que limitar este flujo abrirá vacantes para los ciudadanos estadounidenses y residentes legales, reduciendo el riesgo de desplazamiento laboral. "El pueblo estadounidense merece un Gobierno Federal que ponga sus intereses primero y que priorice su seguridad, protección y bienestar financiero", señala el documento oficial en alusión a las directrices de la Orden Ejecutiva 14159.
Próximos pasos y participación pública
Al tratarse de una propuesta de reglamentación, el DHS ha abierto un periodo de 60 días a partir de su publicación oficial en el Registro Federal para que el público pueda enviar sus comentarios y argumentos de manera electrónica a través del portal reglamentario del gobierno.
Haim Vásquez, abogado experto en inmigración, aclara lo que sigue ahora y los posibles escenarios: "Ahora lo que no se sabe es cuánto tiempo después del periodo de 60 días es que el gobierno intentaría implementarlo. Tampoco se sabe inmediatamente cuándo se presentará y, al mismo tiempo, acordémonos: una demanda es solo una demanda hasta que el juez ordene que dé la oportunidad de que continúe. Y después de esos 60 días, el gobierno no tiene un plazo forzoso para aplicar esa ley, o sea, para la modificación".
Las autoridades migratorias especificaron que las modificaciones solo se aplicarán a las solicitudes iniciales y de renovación que se presenten a partir de la fecha en que la regla final entre en vigor, respetando los permisos que ya se encuentren vigentes hasta su vencimiento.